El 15 de septiembre, cuando en Nicaragua se celebraban las fiestas patrias, en Washington, Estados Unidos, se celebró una audiencia en el Congreso estadounidense que sembró las bases para que los congresistas aprobaran la Ley para condicionar los préstamos que el gobierno de Daniel Ortega gestione ante organismos financieros internacionales.
Juan S. Gonzalez, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, se presentó al Congreso, ante el Subcomité del Hemisferio Occidental, para exponer lo que el gobierno de Barack Obama opina sobre el Gobierno de Nicaragua.
“Vemos señales preocupantes en relación con los espacios democráticos en Nicaragua que podrían tener importantes implicaciones para la región”, dijo el alto funcionario del Departamento de Estado ante los congresistas.
La comparecencia de Gonzalez era una antesala para que los congresistas manejaran de primera mano lo que su gobierno está viendo en Nicaragua. Siete días después, el Congreso de Estados Unidos aprobó de manera unánime la Ley que promovieron la republicana de Florida, Ileana Ros-Lehtinen y el demócrata de Nueva Jersey, Albio Sires.
Ahora tendría que ser aprobada por el Senado, donde ya el senador republicano de Texas y ex precandidato presidencial, Ted Cruz, promueve una iniciativa similar para que la pelota entre a la cancha de Obama y decida si la aplica o la veta.
El partido único
Gonzalez dijo en la audiencia que Ortega ha estado trabajando para transformar el país en un “sistema de facto de partido único. Preocupan las acciones que ha tomado recientemente para restringir la realización de elecciones libres y justas y desmantelar instituciones democráticas, tales como los partidos políticos independientes”, según una traducción de su comparecencia publicada en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Managua.
“Si bien todavía existen algunas libertades y el proceso electoral se llevará a efecto, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha utilizado los mecanismos del gobierno, el sistema judicial, la manipulación política y la intimidación para eliminar el sistema de controles y contrapesos necesario para que exista una democracia vibrante”, señaló Gonzalez.
El funcionario estadounidense detalló que todas las “acciones arriesgan a convertir estas elecciones en una pantomima de democracia”.
“Instamos firmemente al Gobierno de Nicaragua a cambiar el curso y crear un ambiente más propicio para la realización de elecciones libres y justas que permitan al pueblo de Nicaragua decidir el futuro del país y devolver el control de los partidos políticos opositores a sus miembros. Apoyamos los esfuerzos de la sociedad civil de Nicaragua, los líderes empresariales y los líderes religiosos de continuar abogando por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la separación de poderes y un proceso electoral justo”, dijo el funcionario.
El funcionario del gobierno de Obama le informó a los congresistas que Estados Unidos estaba trabajando para que exista una respuesta a Nicaragua a nivel internacional por vía de la ONU, la OEA, la Unión Europea y otras democracias afines.
“Mantenemos nuestro firme apoyo al derecho del pueblo nicaragüense de ejercer sus libertades fundamentales y elegir su liderazgo en elecciones libres y justas; no obstante, continuaremos articulando nuestras objeciones ante las acciones tomadas por el Gobierno de Nicaragua para limitar los espacios democráticos, previo a las elecciones de noviembre de 2016”, dijo Gonzalez.
Reducir espacios
El funcionario del gobierno de Obama le mencionó la negativa de permitir observación internacional, el despojo del PLI y la destitución de los diputados opositores como acciones para reducir los espacios democráticos.
Además señalan el nombramiento de la primera dama Rosario Murillo como candidata a la Vicepresidencia y el control sobre el CSE como reducción también de espacios democráticos.