Además de hacer perder al Estado su principal fuente de financiamiento externo, la iniciativa “Nica Act”, de concretarse en Estados Unidos, ocasionaría en Nicaragua un aumento del riesgo país, dañaría la imagen del país como destino de inversiones y posiblemente se incrementarían las tasas de interés a préstamos hacia la banca nicaragüense, alertó el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro.
Pero además al Gobierno —que aspira a que la economía continúe creciendo en los próximos años a base de más inversiones—, le resultaría “más difícil colocar deuda soberana en los mercados internacionales”.
De hecho, organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, si bien no quieren pronunciarse sobre los efectos que tendría la “Nica Act” en la economía nicaragüense, confirmaron a LA PRENSA que están siguiendo muy de cerca el avance de dicha iniciativa de ley en el seno de Estados Unidos.
“Entendemos que la Cámara de Representantes de EE. UU. ha avanzado la legislación relativa a la ayuda financiera a Nicaragua por las instituciones financieras internacionales. Es de nuestro conocimiento que la legislación aún debe ser considerada por el Senado de Estados Unidos y por esta razón es difícil para nosotros hacer comentarios sobre un eventual impacto a esta altura. Vamos a seguir vigilando a medida que avanza a través de este proceso”, respondió a LA PRENSA la oficina de prensa del FMI en Washington.
En esa misma línea, el Banco Mundial a través de su representante en Nicaragua, Luis Constantino, dijo a este Diario: “Estamos siguiendo con atención los últimos acontecimientos. El Banco Mundial, como organización multilateral de desarrollo, no emite ninguna opinión al respecto, pues respetamos los procesos legislativos internos de nuestros países miembros”.
Funides teme que ley llegue a la Casa Blanca
Para el director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro, por la rapidez, unanimidad en su aprobación y la facilidad con que la “Nica Act” pasó por la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, “que tiende a ser más complicada que el Senado, es posible que la ley llegue al escritorio de la Casa Blanca en cuestión de semanas”.
Además del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, la “Nica Act”, según Chamorro, insta a “otros bancos extrarregionales a que no le presten a Nicaragua, y no incluye al Banco Centroamericano de Integración Económica”.
El director ejecutivo de Funides comentó que para el Gobierno de Nicaragua esta situación representaría un golpe en el Programa de Inversión Pública (PIP), cuyo financiamiento depende en un 25 por ciento del Banco Mundial y el BID. “En los últimos diez años, estos dos bancos han aportado alrededor de un 25 por ciento del total del PIP, al que se le suman las contrapartidas del Gobierno, que por lo general oscilan entre el 10 y el 20 por ciento del préstamo”, recuerda.
Por ejemplo, en 2015 de los 639 millones de dólares del PIP, 33 millones fueron aportados por el Banco Mundial y otros 89 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo.
“Ante una posible aprobación de la ley y frente a la reducción de estos recursos, el Estado perdería la principal fuente de financiamiento externo para hacer sus inversiones, necesarias para generar crecimiento económico y atender las necesidades de la población nicaragüense, generalmente la más pobre”, alerta.
Y peor aún, el Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega —pese a ser un buen alumno del FMI— tampoco podría recurrir con facilidad a dicha institución. “Nicaragua actualmente no recibe financiamiento del FMI por no tener programa financiero con esta organización. Si se aprobase la ley, Nicaragua perdería la capacidad de recurrir al organismo en caso de necesitar un apoyo ante un desequilibrio económico, algo poco probable en este momento”, explica Chamorro.
Difícil cabildeo en el BM
En el Banco Mundial, Estados Unidos posee el veinte por ciento de las acciones de dicha entidad, y aunque ese país es un socio “muy importante”, las aprobaciones de préstamos se hacen por mayoría. Sin embargo, Chamorro señala que en caso que Estados Unidos haga uso de su influencia entre los otros socios del BM, como lo mandata la “Nica Act”, esto supondría “un importante desafío de cabildeo del Gobierno de Nicaragua en Washington para asegurar votos”.
En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, por ser un organismo panamericano, la influencia de los EE. UU. es mucho mayor y podría de facto tener un poder de veto, explicó.
El director ejecutivo de Funides precisa que actualmente el BM está en proceso de aprobar préstamos para educación, carreteras, comercio y derecho de propiedad. En tanto, el BID tiene contemplados créditos para carreteras e infraestructura del comercio.
Una pequeña luz de esperanza
Basado en lo que recoge la iniciativa de ley conocida como “Nica Act”, que ya fue aprobada por la Cámara Baja y está pendiente que pase al Senado, Chamorro explica que en la misma se deja abierta la posibilidad de aprobación de préstamos para “atender necesidades humanas básicas” y dentro de este concepto pueden ser incluidas la salud y la educación.
“Ambos bancos han prestado cantidades importantes en estos dos rubros, así que está por verse si la salud y la educación caen dentro de esta definición, según las juntas directivas respectivas de cada institución financiera multilateral”, señala Chamorro.
Cada institución financiera internacional tiene sus propias reglas de aprobación de recursos en sus juntas directivas, recalca Chamorro.
Préstamos acordados no están en riesgo
El ejecutivo de Funides dejó en claro que por ahora toda la cartera crediticia que ya está amarrada con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo no estaría en riesgo, aunque se concretara la “Nica Act”.
“La (iniciativa de) Ley no afecta préstamos en curso o ya aprobados, que podrían totalizar unos 800 millones de dólares para los próximos cuatro años, por lo que el efecto económico, de convertirse en ley, no se sentirá a lo inmediato”, precisó.
Pero aún así, “en adición al impacto directo que tendría la cancelación de los préstamos, habrían efectos económicos adicionales, como son la afectación a la imagen del país como destino de inversiones, aumento del riesgo país por tener suspendidas fuentes relativamente baratas y generosas de financiamiento. Se podría generar un incremento en las tasas de interés a préstamos hacia bancos nicaragüenses y resultaría más difícil al país colocar deuda soberana en los mercados internacionales”, dice.
Lo que no estaría afectado
Tampoco estarían afectados los préstamos que otras ventanillas del BID y BM hacen al sector privado nicaragüense, porque esta es “explícita solo a recursos en beneficio al Gobierno de Nicaragua”, precisa.
De aprobarse la “Nica Act” y una vez que se agoten los préstamos ya concretados con el BM y el BID, Chamorro dijo que los montos máximos a perderse son entre 200 y 250 millones de dólares anuales, que son los desembolsos anuales que ambos organismos hacen en Nicaragua.
“Nica Act” sancionaría a Ortega
La “Nica Act” fue aprobada por la Cámara de Representantes el 21 de septiembre de manera unánime y su objetivo es que Estados Unidos vete los préstamos “u otro mecanismo de fondos” que el Gobierno de Nicaragua solicite ante los organismos internacionales donde este país tiene voz y voto.
La oposición de Estados Unidos en los organismos financieros internacionales se mantendría en tanto, de manera certificada, el secretario de Estado de Estados Unidos no envíe al Congreso un reporte que demuestre que el Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega tomó “acciones efectivas para asegurar elecciones libres y transparentes”, entre otras condicionalidades.
En el marco de esta iniciativa de ley que deberá ser sancionada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, una vez que sea aprobada en el Senado, ordena al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro de EE. UU. emitir, en 120 días al Congreso, un informe sobre altos funcionarios nicaragüenses que puedan estar envueltos en casos de corrupción y de violación de derechos humanos.
En Nicaragua, el Gobierno calificó de injerencista dicha iniciativa y varios economistas y empresarios han expresado su preocupación sobre las consecuencias que tendría esta en la economía si se concreta.
“Ante una posible aprobación de la ley y frente a la reducción de estos recursos, el Estado perdería la principal fuente de financiamiento externo para hacer sus inversiones,
necesarias para generar crecimiento económico y atender las necesidades de la población nicaragüense, generalmente la más pobre”. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides.
