El gobierno y sus diputados castigaron a cinco alcaldías del Partido Liberal Independiente (PLI), electas en el 2012, en la reciente reforma presupuestaria aprobada la semana pasada. Se aumentó el presupuesto a seis alcaldías sandinistas, pero a cinco gobernadas por el antiguo PLI no les incrementaron en la misma proporción, a pesar de estar en la misma categoría socioeconómica y de nivel recaudatorio.
Las alcaldías castigadas son: San José de los Remates, Santa María de Pantasma, Ciudad Antigua, Río Blanco y Waslala. El aumento entre estas en sus transferencias presupuestarias suman en total 718,296 córdobas.
Los diputados del PLI, que sustituyeron a los opositores destituidos, acusaron al gobierno y a sus legisladores sandinistas de aplicar el aumento presupuestario a las comunas “bajo un sesgo político” y con el fin de dañar la credibilidad de la gestión de los alcaldes electos en la casilla del antiguo PLI.
Entre seis alcaldías sandinistas —a pesar de estar en la misma categoría que las del PLI—, el aumento de sus transferencias presupuestarias en total es de 14.3 millones de córdobas.
Alfredo Gutiérrez, diputado del PLI y miembro de la Comisión Económica, mencionó el ejemplo del alcalde del municipio de Río Blanco, Matagalpa, Denis Javier Argueta Urías, “donde es inaudito que se le esté dando un aumento de 167,547 córdobas, mientras que a la sandinista de Matiguás (también de Matagalpa), le den 3,430,339 córdobas”.
Así mueven los presupuestos
La Alcaldía de Río Blanco recibió inicialmente una transferencia presupuestaria de 28.3 millones de córdobas. Con el aumento de recursos aprobados ese presupuesto sube a 28.43 millones de córdobas.
Sin embargo, la transferencia presupuestaria anual aprobada primeramente al municipio de Matiguás fue 41.12 millones de córdobas que se incrementa a 44.55 millones de córdobas.
Esta disparidad se dio a pesar de que las cinco alcaldías del PLI afectadas tienen, a mitad del año, una ejecución de sus programas de transferencias de entre el 69, 72 y 90 por ciento, según el informe de avance del presupuesto público a junio pasado.
Mientras de las seis comunas sandinistas solo la de Siuna reporta una ejecución presupuestaria del 93 por ciento; las de Quilalí y Matiguás, con 75 y 76 por ciento; las de Wiwilí (Jinotega), Santa Lucía (Boaco) y Santa María de Nueva Segovia, registran menos del 44 por ciento de ejecución de sus transferencias.
Gutiérrez, del PLI, sostuvo que “el privilegio” a las alcaldías sandinistas violenta la Ley de Régimen Presupuestario Municipal, Ley 376, que establece que a las alcaldías del país les corresponde el diez por ciento de los ingresos tributarios obtenidos en el Presupuesto General de la República.
Ese porcentaje se distribuirá —según la misma ley— conforme una serie de categorías en las que ubica a las comunas según el ingreso de impuestos que obtienen anualmente.
Por ejemplo, las Alcaldías de Matiguás y de Río Blanco caben en la “Categoría B”, por ser municipios que reportan “ingresos corrientes anuales mayores a diez millones” de córdobas, y por tanto debieron aumentarles similar transferencia.
Argumento sandinista
El diputado sandinista y presidente de la Comisión Económica de la Asamblea, Wálmaro Gutiérrez, durante la aprobación de la reforma del Presupuesto General de la República 2016, la semana pasada, intentó justificar que las cinco alcaldías presididas por liberales recibirán una menor transferencia presupuestaria, porque supuestamente tener problemas en la ejecución de sus recursos, pero los datos no confirman esa afirmación.
“No quiero que quede la sensación de que nosotros tenemos un saco de dinero y que les estamos dando a los alcaldes sandinistas (tomá más) (…). La Ley de Transferencia ya no te permite esos manejos políticos, la misma ley establece que hay una fórmula por población, por capacidad recaudatoria, por nivel de ejecución (para la transferencia)”, dijo Gutiérrez.
