Lo mejor que podría hacer el presidente Daniel Ortega en la coyuntura en que se encuentra el país, ante la inminente aprobación de la Ley de Condicionalidad de Inversiones por parte del Senado de los Estados Unidos (EE. UU.), es suspender la farsa electoral este 6 de noviembre y convocar a elecciones libres, transparentes y con observación nacional e internacional en el próximo año.
De seguir la farsa su curso, tendría un efecto negativo para el país porque le darían al gobierno una falsa ilusión de legitimidad por cinco años más, legitimidad que han perdido desde ya por los graves pasos que han dado sin medir las consecuencias, que ahora avizoramos como los efectos en la economía de la Ley Nica Act, que todos los sectores políticos y económicos han considerado catastróficos.
¿Por qué someter al país a semejantes consecuencias de sus propias acciones irresponsables que vinieron en siniestra cadena, tales como: la negativa a la observación electoral, la expulsión de los inspectores de aduanas norteamericanos, la decapitación de la principal fuerza de oposición y la destitución de los diputados opositores en la Asamblea Nacional?
El propio Cosep lo está solicitando, en un editorial de LA PRENSA del pasado viernes 23 titulado La pelota está en la cancha de Ortega cita: “Ante la rápida aprobación de la Cámara de Representantes de la ley para sancionar al régimen de Ortega, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, expresó su preocupación por las repercusiones negativas que podría tener en las inversiones que Nicaragua recibe de EE. UU. Al mismo tiempo, el líder empresarial opinó que este es un buen momento para que el presidente Ortega reflexione sobre su actuación en la coyuntura política del país previo a las elecciones de noviembre”.
En la misma edición, el analista político Melvin Sotelo va un paso más allá al señalar “que el comandante Ortega está obligado a dar señales claras, no solo a Washington, sino también a Nicaragua, aplazando las elecciones para finales del 2017, organizándolas de tal manera que sean justas, transparentes, competitivas, permitiendo observadores nacionales e internacionales y con un Consejo Supremo electoral (CSE) independiente, llamando a un diálogo a los poderes fácticos, los partidos que participan en las elecciones, otorgándole a su vez personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad para que puedan participar como coalición y devolviéndole el tendido electoral como segunda fuerza así como los curules a los diputados”.
Quizás las aspiraciones de Melvin Sotelo podrían sonar tan irreales como una “carta al Niño Dios”, pero sí hay algo que Ortega debe hacer y es no pensar que la farsa electoral le va a dar legitimidad por cinco años. Eso aún se puede revertir y ofrecer al pueblo nicaragüense un proceso electoral limpio y transparente, que sí resulte en cinco años de paz, progreso y legitimidad para el ganador y de paso, salve al país de las consecuencias de una ley que nadie realmente desea, pero que es producto de un principio físico que se aplica a también a la política, de acción y reacción.
Si para lograr tan noble objetivo, de organizar dicho proceso electoral, fuese necesario prorrogar su mandato actual unos diez meses, yo mismo estaría de acuerdo.
Por otro lado, echarle la culpa de lo que está pasando a una delegación opositora que viajó a Washington es una “salida de baño” para eludir responsabilidades como las señaladas y es otorgarle a un pequeño grupo de personas poderes de persuasión mágicos e hipnóticos sobre el Congreso de los EE. UU. Todos sabemos que el Congreso de esa gran nación norteamericana no se mueve tan fácilmente, mucho menos para votar una ley de manera unánime, lo cual no ocurrió ni cuando el presidente Ronald Reagan propuso la ayuda a la contra, que fue objeto de intensos debates y estrechas votaciones.
El presidente Ortega nos está metiendo gratuitamente en este conflicto y así como nos ha metido, él debe sacarnos. Este proceso electoral que convirtió en una farsa pudiera estar transcurriendo tranquilamente, lejos del radar del Congreso de los EE. UU., de la Unión Europea y de las democracias latinoamericanas y seguramente él se encaminaría a una reelección indiscutible que le daría cinco años de legitimidad. Lamentablemente escogió otro camino.
El autor es periodista y exdiputado PLI arbitrariamente destituido
