El día 29 de septiembre conmemoramos el Día Nacional del Abogado y la Abogada nicaragüense. Excelente oportunidad para reflexionar sobre la trascendencia de nuestra profesión tomando en consideración su enorme impronta histórica: de Grecia a Occidente, concatenado con lo decisivo que resulta en la sociedad el aporte del abogado (participio pasivo del verbo abogar, procede de la latina advocatus, avocare que significa llamado) para el desarrollo institucional del país.
Nuestra profesión académicamente cuenta con copioso número de estudiantes; prueba de tal aserto es que casi todas las universidades nacionales la ofertan. Empero, la profesión en nuestros días afronta desafíos que conviene analizar para mejorar. Primeramente, debemos estar conscientes que nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2002 viene implementando procedimientos orales y públicos (sin extirpar la escritura) en la mayoría de las disciplinas jurídicas: penal, laboral, familia y próximamente en materia civil; teniendo fundamento constitucional en el numeral 11 del Art. 34 Cn., que establece: “La obligatoriedad de un proceso judicial oral y público”. Esta realidad obliga acrecentar nuestro nivel profesional a través de posgrados, maestrías y doctorados, generando conocimientos especializados para desterrar de nuestra práctica la perniciosa todología reinante en el gremio.
En segundo lugar, nuestras universidades están obligadas con la sociedad y con los futuros profesionales para formarles en principios dinámicos, investigativos y científicos, desterrando la obsoleta costumbre de “memorizar códigos”. El Derecho como producto de la sociedad, axiológica, ontológica y teleológicamente es un fenómeno distinto del contenido en los códigos; quien conoce Derecho conoce códigos pero jamás a la inversa. Inexorablemente el pénsum debe incorporar la oralidad en exámenes, prácticas y exposiciones para desterrar el recelo de “dirigirse al público” y fomentar lo que posteriormente denominamos en nuestra práctica: oratoria forense, sin descuidar los principios éticos y morales que deben inculcarse desde la universidad al futuro profesional.
En tercer lugar, urge mejorar nuestro pobre desempeño profesional. Infortunadamente son recurrentes las quejas y opiniones sobre la falta de conocimientos y de ética de ciertos personajes del gremio, tanto funcionarios públicos, como los que se dedican al litigio particular; situación que genera desconfianza de los ciudadanos en los abogados y solo acuden ante nosotros cuando no tienen otra forma de resolver sus problemas. Todas estas observaciones y otras que podrán hacerse empañan nuestro ejercicio profesional, pero partiendo de un análisis honesto y reconocer nuestras debilidades podemos mejorar. No hay duda que el mejoramiento de nuestra profesión requiere que los abogados rindamos cuenta por nuestro desempeño profesional, no solo a nuestros clientes sino también a un Colegio de Abogados y para ello es urgente la colegiación obligatoria, pues de seguir a como estamos, los litigantes podrán seguir prestando pésimo servicio sin que suceda nada y nuestros clientes no sabrán que si el abogado en quien depositan su confianza es o no digno de ella. Países más civilizados lo han hecho y su situación gremial ha mejorado sustancialmente.
De nosotros depende en gran medida recuperar la credibilidad que la sociedad nos ha perdido. El desarrollo de nuestro país es producto de una correcta aplicación de la norma y de nuestro intachable proceder. Tengamos presente lo que al respecto decía Roque Barcia: “El abogado debe ser probo, diligente, entusiasta; el letrado, estudioso; el jurisconsulto, prudente; el jurista, erudito. Hay muchos abogados, no hay tantos letrados, hay pocos jurisconsultos, es muy raro encontrar un jurista”.
El autor es abogado y notario.