Durante la presentación del libro “El régimen de Ortega ¿Una nueva dictadura familiar en el Continente?”, sus siete coautores abordaron los principales tópicos de los ensayos en los que analizan los cambios en el sistema democrático, electoral, de derechos humanos, libertad de expresión, la relación con el sector privado y con las fuerzas militares y policiales en los diez años del gobierno de Daniel Ortega.
Los coautores del libro son Edmundo Jarquín, político y excandidato presidencial, Enrique Sáenz, exdiputado y opositor; Elvira Cuadra, directora ejecutiva del Ieepp; el politólogo José Antonio Peraza; Guillermo Rothschuh, catedrático y Uriel Pineda quien ahonda en el tema de los derechos humanos y el jurista Julio Icaza quien no estuvo en la presentación.
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El libro “El régimen de Ortega ¿Una dictadura familiar en el Continente?”, lo presentaron en un panel los coautores la noche del lunes en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de la Librería Hispamer en Managua.
Jarquín: Es una dictadura
Edmundo Jarquín, político y excandidato presidencial caracterizó el actual gobierno, sosteniendo en el libro, que se trata de “una dictadura”, que no es militar pero sí “una dictadura que ha monopolizado la violencia donde los ciudadanos que protestas son víctimas de los choques de grupos paramilitares del orteguismo, con opacidad de la Policía al principio, y luego de complicidad”.
En el actual período de Ortega, según Jarquín, se ha retrocedido en el Estado de Derecho, en el sistema electoral y en la relación con las fuerzas militares que pasaron a ser controladas directamente por el Presidente.
Jarquín analizó cómo a pesar que los últimos años el país se favoreció por varios factores económicos, no se supieron aprovechar.
“Sobretodo Ortega ha desprediciado una oportunidad económica para impulsar un desarrollo incluyente y sostenido. (…) Don Enrique Bolaños (expresidente de la República) le heredó a Ortega un presupuesto con superávit fiscal, producto del esfuerzo de los gobiernos Chamorro, Alemán y Bolaños la deuda externa (de Nicaragua en 2007) era prácticamente inexistente al extremo que en los primeros años del gobierno de Ortega, el servicio de la deuda externa representó entre el 7 y 8 por ciento del Presupuesto” público, analizó Jarquín.
El político reclamó que las oportunidades el manejo del apoyo de la cooperación de Venezolana y “el boom” de los precios de las materias primas le debieron permitir a la economía nicaragüense un mayor crecimiento al cuatro por ciento en promedio anual de los últimos años.
“Todas esas oportunidades ha desperdiciado Ortega porque la reducción de la pobreza ha sido prácticamente marginal y además no es sostenible porque fiscalmente depende de la cooperación venezolana”, expuso Jarquín.
Sáenz: Fallas del modelo corporativo
En el ensayo que aporta al libro, el exdiputado y economista Enrique Sáenz, identificó las fallas del modelo del régimen en su relación con el gran capital que califica de “corporativo”; y cómo el discurso oficial se contradice con la realidad económica de las empresas y los trabajadores.
Sáenz dijo que “el éxito” del crecimiento económico se presenta como “inédito” pero que se cae fácilmente ya que, mencionó que un reciente estudio de Funides reflejó que “un 88 por ciento de las empresas que están en la informalidad total, y un ocho por ciento está en la informalidad parcial”.
“El Cosep presentó un estudio donde se revela que en los dos últimos años el setenta por ciento de las empresas reporta que a pesar del crecimiento económico, sus ingresos han disminuidos o han estado estancados”, afirmó Sáenz.
Código Militar da mayor poder al Presidente
Elvira Cuadra, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicas y Políticas Públicas (Ieepp), analiza en el libro cómo el proceso de modernización y profesionalización de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua que les hizo ganar prestigio y confianza entre la población, retrocedieron con el régimen de Ortega. Cuadra apuntó que la nuevo Código Militar, las reformas a la Ley de la Policía Nacional y de la Constitución Política, someten al “control total” del Ejército y de la Policía en las manos del Presidente.
Cuadra indicó que actualmente Ortega tiene la última palabra en los temas de defensa y seguridad, y la relación directa entre él y la jefatura del Ejército y la Policía “es un estancamiento en las carreras profesionales entre sus cuadros, lo que sin duda va a generar descontentos”.
Advirtió que ese “retroceso” en la institucionalidad en la Policía y del Ejército en la subordinación a la figura del Presidente “se convierte en una práctica recurrente de la violación de los ciudadanos y de los derechos humanos” de los nicaragüenses.
Los fraudes
José Antonio Peraza, politólogo, cuenta en el libro cómo el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en contubernio con el Poder Electoral, se garantizó ganar las elecciones desde 2008 a través de varias formas de fraude.
“El FSLN usó dos estrategias para volver al poder: la abstención y la división de las fuerzas liberales, sin embargo el fraude del 2008 no fue al azar”, afirmó Peraza.
Dijo que se tienen las pruebas de que en las elecciones municipales del 2008, el resultado de la votación de 604 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en Managua “nunca se publicaron” por el Consejo Supremo Electoral (CSE), y fue porque “son las que tradicionalmente desde el 1990 hasta el 2006 la oposición ganaba de una manera muy holgada, y cuando ganaba de la mejor manera era con un porcentaje igual al diez por ciento”.
La dinámica cambió en el fraude de los comicios presidenciales del 2011 haciéndose en los centros de cómputo de los Consejos Electorales Municipales y Departamentales de cómputo. Según Peraza, de la información de 12,600 JRV que según el CSE funcionaron en el 2011 “solo logramos recuperar (la de) 9,630” JRV.
“Cuando las finalizamos, encontramos una serie de datos anacrónicos que no habían en las elecciones pasadas, fueron alterados en las propias JRV. Y el proceso tuvo tantas irregularidades que hacen imposible determinar quién fue el ganador”, afirmó Peraza.
Sin derecho a la protesta
Uriel Pineda abordó en el libro “El régimen de Ortega” el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua por el uso de la violencia de la Policía y de “las fuerzas de choque” del oficialismo para neutralizar las protestas de los grupos opositores y de la sociedad civil.
Pineda rememoró que cuando el sandinismo era oposición se podía protestar sobretodo por demandas sociales como aumentos salariales para los trabajadores públicos.
En “el régimen dictatorial” actual, según Pineda, las protestas tradicionales de los sindicatos desaparecieron porque esas organizaciones, de mayoría oficialista pasaron a ser del “modelo corporativista” siendo neutralizada la dirigencia.
Pineda afirmó que el régimen mostró en 2008 la primera fuerza violenta contra quienes se manifestaron contra el fraude municipal, y los siguientes años ha ido recrudeciéndose sobre “la nueva oleada” de grupos de jóvenes, contra periodistas de medios de comunicación independiente y los movimientos opuestos a la construcción del Gran Canal Interoceánico.
Libertad de expresión asediada
El catedrático Guillermo Rothschuh en su ensayo incorporado en el libro “El régimen de Ortega” sostiene que si bien hay libertad de expresión en el país esa “está asediada”.
Cuestionó que “el sandinismo no aprendió de sus lecciones” de la década de los 80, a pesar que Ortega dijo en noviembre de 2006, cuando ganó la Presidencia, “que respetaría todas las libertades”.
Entre las equivaciones que Rothschuh le atribuyó al régimen de Ortega están que la política de premio y castigo con la publicidad estatal para con los medios de comunicación, que la Ley de Acceso a la Información Pública se aprobara “solo como mero trámite” porque no se brinda información cuando se solicita a las entidades estatales; que Telcor “sea permisible” con “el oligopolio televisivo” ya que la mayoría de las frecuencias de canales de televisión están en poder de familiares o amigos de la familia Ortega-Murillo.
