Amanda Valle Peters tiene cuatro años de mantener un conflicto legal con la Dirección General de Aduanas. La entidad gubernamental le ha retenido una donación valorada en más de 70 mil dólares, recolectada por la organización estadounidense Nicaragua Christian Relief Ministries.
Valle Peters ha apelado a todos los recursos legales posibles, sin tener éxito alguno con los funcionarios de Aduanas. Sin embargo, sus esperanzas se vieron oxigenadas luego que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emitiera el pasado siete de abril un fallo en el cual ordenaba a Aduanas entregar la donación retenida.
Pero, el director de Aduanas, Eddy Medrano Soto, desobedeció la resolución del máximo tribunal de justicia. Valle Peters relató que se sorprendió cuando ella, sentencia en mano, llegó a ejecutar el retiro de su donación, pero Medrano Soto le informó, por medio de una secretaria, que estaba en una reunión y no podía atenderla. Ningún otro funcionario de Aduanas pudo tramitar la entrega de la donación.
LAPRENSA buscó una versión de Aduanas tanto en su central en Carretera Norte, como por medio del móvil de Medrano, sobre el caso de Valle Peters. No hubo respuesta a las consultas de este Diario.
CSJ exigió y Aduanas desoyó
Valle Peters volvió a apelar al máximo organismo judicial, para que pusiera en su lugar a Medrano Soto. Los engranes se movieron rápido y la misma Sala de lo Contencioso Administrativo emitió una cédula judicial el 23 de mayo pasado, advirtiendo a Medrano su obligación de cumplir la sentencia del 7 de abril, so pena de ser sancionado si insistía en su negativa. Sin embargo, la advertencia no hizo cambiar de parecer a Medrano Soto, y todo siguió igual.
“Yo lo único que quiero es que cumpla con lo mandado por la Corte Suprema y me diga cómo procedemos con la devolución de las cosas. Él es un funcionario público (sic). Él se debe al público, porque si no es por el público, si no es por los comerciantes, él no comiera, él no estuviera ahí. Él se está burlando de las leyes, de la Corte Suprema y de paso violando mis derechos constitucionales y humanos, sin que yo sepa por qué tiene esa actitud conmigo”, se preguntó Valle Peters.
El problema de Valle Peters no es un caso aislado. LAPRENSA ha publicado recientemente dos investigaciones referidas a conflictos de propiedad que se han agravado por la falta de cumplimiento de sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia.
El 03 de septiembre, 200 personas guiadas por líderes comunales del Frente Sandinista, invadieron una propiedad en protesta por un supuesto cierre de un acceso a la playa Escameca Grande, en San Juan del Sur. Una desarrolladora del mismo nombre planea la construcción de un resort turístico en la zona y apeló a la Corte Suprema de Justicia para que esta resolviera un conflicto con las autoridades municipales que exigían un supuesto “acceso” a la costa, que ya existe.
La Corte finalmente falló a favor de la desarrolladora, que para dejar claro esta decisión, mandó a colocar en rótulos la resolución por la zona en donde se planea edificar el resort. Estos rótulos fueron destruidos por los comunitarios durante la protesta. La desarrolladora hace esfuerzos legales para ejecutar la sentencia emitida, y de esta forma poner fin a la controversia.
El 31 de agosto pasado, otra investigación publicada por LAPRENSA reveló cómo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia a favor de los reclamantes de la finca Santa Rita de Hato Nuevo —en la cual operan dos empresas camaroneras manejadas por familiares del delegado presidencial para inversiones, general en retiro Álvaro Baltodano—, no había sido acatada por autoridades de la Procuraduría General de la República ni el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (Inpesca).
Este Diario buscó abordar el tema con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, señalado de ser el principal operador político del Frente Sandinista en el poder judicial. Solís, por medio de un funcionario del Departamento de Prensa, nos pidió dos días para atendernos, aduciendo que iba a estudiar los casos mencionados. Sin embargo, cuando llegamos a la cita acordada, se excusó aduciendo que estaba en una reunión y no podía atendernos.
Hay resoluciones que la hacen de ineludible cumplimiento según la conveniencia, y es ahí en donde se comete un atentado hacia la seguridad jurídica del país. Lo que demuestran es el inexistente Estado de Derecho. Lo que hay es un ‘estado de desecho’, y los ejemplos sobran”.
Gonzalo Carrión,
asesor jurídico del Cenid
“Tenemos un Estado de desecho”
Gonzalo Carrión, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), expresó que la ejecución de sentencias es un problema que afecta todos los niveles del poder judicial del país.
“Por mandato constitucional, las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento. Pero en Nicaragua, en eso sí somos únicos y originales. Hay resoluciones que la hacen de ineludible cumplimiento según la conveniencia, y es ahí en donde se comete un atentado contra la seguridad jurídica del país. Estos casos que se han publicado en LAPRENSA lo que demuestran es el inexistente Estado de Derecho. Lo que hay es un ‘estado de desecho’, y los ejemplos sobran”, afirmó Carrión.
El problema medular con la ejecución de sentencias es el apoyo de las autoridades estatales. En este caso, de acuerdo con Carrión, la viabilidad de la ejecución de una sentencia descansa principalmente en los hombros de la Policía Nacional. Sin embargo, añadió, no siempre la instancia del orden público está presta para cumplir con los requerimientos establecidos en las sentencias.
“Nosotros tenemos infinidad de casos en el Cenidh porque la Policía no brinda auxilio judicial para hacer un desalojo, pero en casos grandes o con intereses poderosos en juego, ahí vemos hasta las fuerzas especiales participando. Entonces, es cuando se dice, por qué ese alguien tiene derecho a que le devuelvan su propiedad, pero yo no tengo derecho a que la Policía me asista. Ahí está el doble rasero y ahí está demolido el Estado de Derecho”, expresó Carrión.
“Aquí se combina el factor político y el económico. Si sos un tipo con mucho poder y además muy bien relacionado, si sos parte de ese matrimonio de los más poderosos con este gobierno, es difícil que te alcance la justicia. Y no basta solo con que las instancias judiciales tengan que resolver, porque la idea es decir que la Corte Suprema ya resolvió, pero la pregunta es ¿por qué no se aplica?”, añadió.
Uno de los efectos más perniciosos que acarrea nuestra justicia es el matiz político o económico que se le atribuye a toda acción o función judicial. No hay paso alguno que se dé en la administración de la justicia en los que no se diga, eso fue político o influencia económica”.
Kenneth Jassiel Hernández Guevara.
Máster en Derecho Administrativo.
Marco jurídico afectado
Kenneth Jassiel Hernández Guevara, máster en Derecho Administrativo y posgrado en Derecho Procesal Penal, explicó que el incumplimiento de las resoluciones judiciales “quiebra” el marco jurídico del país y por ende, la existencia de un Estado de Derecho en Nicaragua.
“Si las sentencias dictadas por un tribunal de justicia no se acatan o cumplen, el marco jurídico se fracciona. Es afectado porque simplemente no es posible hablar de Estado de Derecho, sino de formas fácticas de relaciones humanas en las cuales el acceso a la justicia es exclusivo para ciertos grupos y se margina a otro sector importante de la población, haciendo de esta manera una justicia lenta, engorrosa e ineficaz. Lo anterior, trae como consecuencia que el gasto en justicia se torne regresivo y desde el mismo punto de vista incoherente con todas las políticas sociales de avanzada”, explicó el especialista.
Amanda Valle Peters sigue esperando. No sabe ya a quién acudir. “Lo peor es que no sé cuál es el problema conmigo de este señor Eddy Medrano. Nunca antes había tenido problemas con traer estas donaciones y hasta que ese señor llegó a Aduanas, es que he tenido problemas. Cada vez que llego a buscar una solución, siempre me salen con que está en reunión. Desde las ocho de la mañana llega a reuniones el señor Eddy Medrano, el funcionario más ocupado del país”, señaló Valle Peters.
El artículo 167 de la Constitución Política de Nicaragua establece: “Los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas”.
Poder judicial es reprobado por sus usuarios
En agosto pasado, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) emitió un informe en el cual señalaba que la corrupción y la retardación en la aplicación de la justicia son los problemas endémicos en el poder judicial de Nicaragua.
El informe se recogió en base a un sondeo que hizo la CPDH a abogados, usuarios de la Policía Nacional, Fiscalía y de los juzgados con una muestra de 1,502 personas y realizado en nueve departamentos del país.
En las conclusiones del informe se especificó que se mantenía la percepción de dependencia partidaria política en el poder judicial y la confianza en el mismo había venido disminuyendo, así como el nivel de insatisfacción de los usuarios.
“¿Cuál considera usted es el mayor problema del poder judicial?”, les fue preguntado a los usuarios del sistema abordados. Un 35 por ciento respondió “retardación de justicia”. Otro 30 por ciento aseguró “corrupción”, un nueve por ciento “dependencia partidaria” y siete por ciento consideró que “no aplican las leyes”.
La confianza ha venido decayendo y la percepción de mejoría de la justicia, respecto a años anteriores, es considerada igual. “La confianza en el poder judicial ha venido disminuyendo; de 38 por ciento en 2010, al 23 por ciento en 2016. Quienes no tienen ninguna confianza aumentaron del cinco por ciento en 2010, al 16 por ciento en 2016”, señaló la CPDH.
Igualmente, “la percepción de mejoría ha bajado del 32 por ciento en 2010 al 25 por ciento en el 2016. Ha aumentado la percepción de que el sistema está igual”, reveló el informe de la CPDH.l
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