La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) instó al Gobierno a restaurar el orden democrático para evitar que en Estados Unidos se concrete la aprobación de la ley conocida como Nica Act, que busca sancionar al inconstitucional presidente Daniel Ortega.
En un análisis en Nicaragua sobre el impacto de dicho proyecto de ley, el director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro, dijo que en el peor de los escenarios la inversión en Nicaragua caería 10 por ciento y la tasa de crecimiento económico sería cero.
Chamorro indicó que los efectos se sentirían a partir de 2018 o 2019, porque cree que los préstamos atados con el Banco Mundial y el BID no se verían afectados.
Durante la presentación del análisis, Chamorro reconoció que al haber menos inversión y crecimiento, el empleo se vería dañado y las reservas internacionales se mermarían una vez que el Nica Act entre de lleno en caso de aprobarse.
Lea también: “Nica Act” causaría estragos económicos
Severa ley
De cada cien dólares que el gobierno obtuvo el año pasado en financiamiento externo y que se utilizó para financiar proyectos de infraestructura y productivos, 50 dólares provinieron de los organismos de financiamiento multilaterales donde Estados Unidos ejerce fuerte influencia, según se desprende del Informe Oficial de Cooperación Externa, publicado por el Banco Central de Nicaragua.
Con ello, el Gobierno de Nicaragua podría afrontar grandes dificultades en la obtención de préstamos del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, si la llamada “Nica Act” termina de aprobarse en Estados Unidos.
Dicha ley tuvo el visto bueno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en septiembre pasado. El objetivo es que EE.UU. vote en contra de los préstamos que Nicaragua solicite ante los organismos financieros internacionales y donde ese país tiene incidencia. Aún está pendiente que dicha ley sea aprobada en el Senado y luego sancionada por el presidente Barack Obama.
Lea también: Daniel Ortega envía de urgencia otra ley, que podría ser en respuesta a Nica Act