Venezuela vivirá hoy un episodio inédito: la aprobación del presupuesto sin el escrutinio del Parlamento, de mayoría opositora. El presidente Nicolás Maduro hará uso de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que le permite saltarse el Congreso, lo que puede traer graves consecuencias de cara a los mercados internacionales.
Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada el miércoles, estableció que “el presupuesto nacional deberá ser presentado por el presidente de la República ante la Sala Constitucional (del TSJ), bajo la forma normativa de Decreto que tendrá Rango y Fuerza de Ley”.
El tribunal fundamentó su decisión en “el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional”.
La Corte acusa a la directiva de la Asamblea Nacional de encontrarse en desacato por haber juramentado a tres diputados indígenas de oposición, cuya elección fue objetada por el chavismo.
El TSJ, al que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa de estar al servicio del chavismo, ha bloqueado todas las iniciativas del Parlamento, dominado desde enero por la oposición, lo que ha enfrascado al país en una profunda crisis institucional.
“Aberración”
El nuevo dictamen sobre el presupuesto fue cuestionado duramente por diputados opositores, quienes sostuvieron que va en contra de la Constitución y alertaron que, de concretarse ese procedimiento, el gobierno se verá impedido de contraer deuda.
“No hay, ni por estado de excepción ni por decreto de emergencia, posibilidad de que Maduro se haga su propio presupuesto”, aseguró Julio Borges, jefe de la bancada de la MUD.
El nuevo dictamen sobre el presupuesto fue cuestionado duramente por la oposición en el Congreso.“Es una aberración que va a traer lamentablemente consecuencias negativas para Venezuela”, advirtió José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento.
Alertar a bancos
Para Guerra, entre las consecuencias negativas destaca la norma constitucional que “dice que no se reconocerá ningún endeudamiento que no haya sido aprobado por la Asamblea Nacional”.
“Hay que alertar a los bancos nacionales, a la banca internacional, a los bancos de inversión que se van a tener que abstenerse de conceder financiamiento a un gobierno que estaría cometiendo un acto ilegal”, planteó Guerra, un exgerente de investigaciones del Banco Central.
“Nosotros tenemos la mejor disposición de aprobar el presupuesto, haciendo las correcciones pertinentes, pero lo que no podemos aceptar es que el Tribunal Supremo, que no está facultado constitucional ni técnicamente para ello, usurpe nuestras competencias”, agregó el diputado a la agencia AP.
Asamblea popular
“Voy a convocar una asamblea popular del congreso de la patria (con dirigentes comunales) el viernes y aprobaré por decreto ley y entregaré al Tribunal Supremo el presupuesto de 2017 para garantizar los derechos del pueblo”, anunció Nicolás Maduro.
“La Asamblea Nacional está en desacato, fuera de la ley, está insurrecta. Consulté al TSJ qué debía hacer como jefe de Estado, porque el presupuesto tiene que ser aprobado”, dijo Maduro.
“En una democracia, estas cosas se debaten con el pueblo. La máxima Sala Constitucional del TSJ emitió sentencia y yo estoy obligado a cumplirla”, añadió el mandatario.