Dirigente campesina denuncia amenazas y hostigamiento

La dirigente campesina Francisca Ramírez advirtió que durante dos ocasiones en diferentes fechas, asegura que secretarios políticos del Frente Sandinista la han acusado de ser jefa de los grupos armados y de encabezar grupos narcos.

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Francisca Ramírez, dirigente del movimiento campesino anticanal, denuncia persecución. LA PRENSA/E. ROMERO

La dirigente campesina Francisca Ramírez advirtió ayer sobre las amenazas que se ciernen sobre los opositores al proyecto del Canal.

En particular a ella, que durante dos ocasiones en diferentes fechas, asegura que secretarios políticos del Frente Sandinista la han acusado de ser jefa de los grupos armados y de encabezar grupos narcos.

También denunció un incidente reciente en el que a un hijo suyo un grupo armado le dijo que eran de “las FARC”, lo golpearon y ataron.

Ramírez, coordinadora del Consejo de Defensa de la Tierra, también hizo una denuncia pública de la militarización de las comunidades de Nueva Guinea que están sobre la ruta del Canal.

La líder campesina recordó que el domingo pasado llegó a la zona un camión de Enacal con 30 antimotines y el miércoles vieron ingresar un camión IFA con militares.

Destacó que a los policías y militares que ven ingresar a zonas más montañosas, no los ven retornar. “Hemos visto la persecución”, dijo Ramírez, quien sostuvo: “Tenemos temor que pueda pasar algo más”.

LA PRENSA consultó al vocero del Ejército, coronel Manuel Guevara, sobre la denuncia de Ramírez.

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“El Ejército de Nicaragua está cumpliendo sus misiones rutinarias de seguridad en el campo, el despliegue de nuestras unidades no reporta nada extraordinario”, dijo Guevara.

Al preguntar sobre el tiempo que mantendrán el despliegue de tropas por el sector, Guevara se limitó a decir que “esta sería la respuesta”. Durante la presentación de un estudio, impulsado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sobre ese proyecto oficial, Ramírez indicó: “Nos están cerrando los espacios (…), nos están diciendo que hasta el 6 de noviembre nosotros tenemos derecho a protestar, a ser libres, que de allí nosotros ya vamos a tener otro fin, eso también lo queremos denunciar, que lo están haciendo los secretarios políticos del Gobierno”.

“Se ha dado una persecución, están militarizando la zona”, afirmó Ramírez quien insistió: “Hoy ya perdimos el derecho a ser ciudadanos, no tenemos derecho a expresarnos, no tenemos derecho a la salud, porque vamos a un centro de salud y hay como 30 antimotines (…), nos han minimizado”.

Hechos acontecidos

Ramírez hizo un recuento de los últimos hechos que han acontecido, como la retención de una hora de la que hace unos días fue víctima su marido, Migdonio López.

Igualmente denunció que ha recibido visitas de secretarios políticos del Frente Sandinista de dos comunidades diferentes en ese sector, que asegura la han pretendido acusar de ser la jefa de grupos armados y de grupos narcos.

“El 15 de septiembre pasó un secretario político FSLN de la zona, me dijo que yo era la jefa de una gente armada que andaba en la montaña”, denunció Ramírez, quien a su vez se extraña por esto, porque esa zona, dice, es segura.

Ella señala que el miércoles de esta semana pasó otro secretario político (del FSLN) que dijo “que yo era la jefa de otro grupo narcotraficante que andaba en la montaña”.

Ramírez relató que empezó a ponerle atención a los diferentes hechos que ha enfrentado cuando el jueves un hijo suyo, junto con un amigo, fue interceptado por un grupo cuyos integrantes portaban fusiles y vestían de uniforme militar, quienes les pidieron cédula de identidad y a su vástago lo golpearon y dejaron esposado, luego “les dicen que se equivocaron, que no eran ellos”. Esto ocurrió a unos tres kilómetros de La Fonseca, donde habitan. Criticó que aunque denunciaron el hecho ante la Policía, no hubo ninguna investigación.

“Nos han cerrado los espacios”

Francisca Ramírez también denunció que los miembros del Consejo “de una u otra manera han sido vinculados a procesos… no podemos salir de la colonia donde vivimos cuando nos está siguiendo la Policía”.

“Nos han cerrado los espacios para que no sigamos luchando” , aseveró Ramírez, quien menciona como ejemplo que les niegan el acceso al crédito. Y “cuando cosechamos los frijoles nos cierran las fronteras”, tampoco les dan mantenimiento a los caminos para que ellos puedan sacar la producción.

 

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