La propuesta de reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842) no logró avanzar este año. Ni siquiera ha salido de la oficina de la primera secretaria de la Asamblea Nacional, la diputada sandinista, Alba Palacios.
Aun así, sus principales promotores, del Centro Jurídico Social, presentaron los alcances de la propuesta de reforma de la Ley de Defensa de los Consumidores, este lunes, a la nueva bancada del Partido Liberal Independiente (PLI), con la esperanza de que se haga un último intento para que avance antes de que finalice el 2016.
Juan Carlos López, especialista en Derecho de Consumo del Centro, explicó que entre los cambios que plantean está que haya mayor movimiento de parte de los entes reguladores sobre las denuncias “de abusos de parte de las empresas de servicios básicos, como la alta facturación”.
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“También se incorporan mecanismos de reclamos en otras áreas, como son las urbanizadoras, el tema relacionado con las clínicas médicas previsionales y otros que son de interés de la población”, indicó López.
La propuesta de reforma a la Ley 842 fue introducida a la Asamblea en julio pasado por la diputada independiente Licet Montenegro.
A pesar del bloqueo de la propuesta por parte de la bancada sandinista, que es mayoría en la Asamblea, el Centro Jurídico Social busca tener el respaldo de la bancada del PLI para “darle impulso”.
PLI: HASTA 2017
López explicó que con la reforma se busca, además, “volver a manos de la Diprodec (Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, adscrita al Ministerio de Comercio) la regulación de los servicios públicos”, ya que se critica que actualmente los entes reguladores no cumplen su función de aplicar la ley en beneficio de los usuarios.
“Evidencia de esto —dijo— es que las estadísticas con el INE el 76 por ciento resuelve los reclamos a favor de las empresas y solo 24 por ciento a favor de los consumidores”.
Adolfo Martínez Cole, jefe de la bancada PLI, descartó que la reforma pase este año, pero prometió gestionar para que quede en agenda de temas que apruebe la próxima legislatura.
Modificar Ley de Microfinanzas
En el Centro Jurídico Social se trabaja en una propuesta de modificación a la Ley de Microfinanzas a fin de “regular el tema de usura” que han detectado en algunas microfinancieras en el cobro de las tasas de interés de los créditos.
“Cobrar 65 por ciento de interés anual por cuatro años califica como usura y se ha detectado que lo cobran varias microfinancieras”, dijo Juan Carlos López. La propuesta apunta a que las microfinancieras publiquen sus tablas de intereses.