Una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió este jueves en Managua con el Gobierno de Nicaragua, como parte del cumplimiento de un acuerdo firmado el pasado 15 de octubre entre el representante permanente de Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada Colindres, y Luis Almagro Lemes, Secretaria de la OEA. Esta información fue confirmada por el Gobierno de Nicaragua a través de un comunicado de prensa.
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El acuerdo contempla una visita del Secretario de la OEA, Luis Almagro, el próximo primero de diciembre “para entrevistarse con la autoridades nacionales y los partidos políticos” después de las elecciones nacionales del seis de noviembre, señaladas por la oposición de ser una “farsa”. También acordaron reuniones dos veces al mes en fechas que no especifica el documento, pero detalla que puede ser en Managua o en Washington, donde está la sede de la OEA.
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Además establece que Ortega se compromete a fortalecer la institucionalidad en el país. “Las partes se comprometen a apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país de acuerdo a los compromisos del Estado de Nicaragua, con los instrumentos normativos del Sistema Interamericano y su ordenamiento jurídico interno”, según el documento enviado por la vocera del Gobierno y candidata a vicepresidenta de la República, Rosario Murillo.
Informes separados
Detalla, además, que las partes presentarán un informe conjunto. “El Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General presentarán un informe conjunto en tres meses. De no existir acuerdo para la presentación del informe, cada parte presentará su propio informe”, expresa el acuerdo.
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El primer punto de esta acuerdo explica que se estableció “una mesa de conversación e intercambio constructivo integrada por tres representantes del secretario de la OEA y tres representante del Gobierno de Nicaragua, los que serán designados mediante notas verbales”.
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El segundo punto expresa que “la referida mesa de conversación e intercambio constructivo iniciará sus reuniones el día 20. 10. 2016” en Managua, en referencia a la reunión ya realizada este jueves, “y posteriormente dos veces al mes en Managua o en Washington, según se acuerde”.
El domingo 16 de octubre, se conoció que el Gobierno de Ortega accedió a abrir un diálogo con la OEA a 22 días de celebrarse los comicios nacionales, en los que el líder sandinista, en el poder desde el 2007, busca su segunda reelección.
La noticia generó diferentes reacciones, entre estas que Ortega quiere ganar tiempo para celebrar las elecciones en las que él es el único con probabilidades de ganarlas y luego dialogar, como lo propuso su hermano, el general en retiro y ex jefe fundador del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega.
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“Ortega lo que busca es ganar tiempo y mejorar un poco su imagen desacreditada por el colapso institucional en que tiene al país y en esa línea va a querer prometer a la OEA una especie de concertación o diálogo en enero y en la línea que lo propone su hermano, Humberto Ortega”, señala José Dávila, quien fue embajador de Nicaragua en Alemania y durante 20 años fue profesor de Ciencias Políticas en Guatemala, donde se acreditó como observador en distintos procesos electorales.
Todo comenzó con Nica Act
El espíritu dialogador de los hermanos Ortega surgió a partir de la amenaza económica que implica la iniciativa de Ley que condicionaría los préstamos de organismos internacionales a Nicaragua, mejor conocida como Nica Act, que es una forma de sanción al Gobierno de Ortega por las violaciones a los derechos humanos y la falta de transparencia electoral en los últimos comicios.
El actual proceso electoral, para elegir presidente, vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano (Parlacen), está marcado por la exclusión de la principal fuerza opositora, organizada en la Coalición Nacional por la Democracia. El ocho de junio pasado, los magistrados y militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), emitieron una sentencia que le quitó al exdiputado Eduardo Montealegre la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI), lo que implicó dejar a la Coalición Nacional por la Democracia sin casilla para participar en las elecciones.
Bajo la dirigencia de Montealegre, el PLI obtuvo 799,000 votos en las últimas elecciones nacionales de 2011, lo que la posesionó como la segunda fuerza política y la principal fuerza opositora.
El despojo del PLI a Montealegre produjo el rechazó de la comunidad internacional, al igual que la destitución de 28 diputados opositores que habían sido electos bajo la bandera del PLI en 2011.
