Los acuerdos y reuniones entre el Gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA) son “una derrota” para el presidente inconstitucional Daniel Ortega, que es acusado de faltar a la transparencia en los procesos electorales y violar los derechos humanos, según el análisis de los opositores.
El exdiputado y ex vicecanciller de Nicaragua, José Pallais, manifestó que Ortega se ha visto obligado a cumplir con la Carta Democrática Interamericana, lo que para él significa que “está perdiendo o retrocediendo en su deriva totalitaria”.
El 14 de octubre la OEA mandó un informe al gobierno de Ortega sobre el proceso electoral del país, del cual hasta ahora no se conoce su contenido. Al día siguiente fue la firma del acuerdo que contempla la visita del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a Nicaragua el próximo primero de diciembre, y el compromiso de “apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas, de acuerdo con los compromisos del Estado de Nicaragua”.
Dos procesos paralelos
El teniente coronel en retiro Irving Dávila explicó que seguramente el informe de la OEA recoge los planteamientos que denunciaron los opositores nicaragüenses en Washington, cuando tuvieron un encuentro con Almagro en junio pasado, relacionados con las violaciones a los derechos humanos y la falta de transparencia electoral.
“Este informe que mandó Almagro a Ortega es la entrada al túnel de la Carta Democrática, y es por eso la preocupación de Ortega, porque cómo se explica que hace pocas semanas, su representante ante la OEA estaba pidiendo la renuncia de Almagro, acusándolo de injerencia y ahora lo va a recibir en diciembre”, valoró Dávila.
Dávila reconoció que lo ideal era que estas conversaciones con la OEA hubiesen sido hace tres meses, pero consideró que hay que aceptar que se están dando de forma paralela con el proceso electoral, aunque para él, “eso no significa que las elecciones serán legítimas”.
También explicó que hay que entender que los tiempos internacionales son diferentes, porque los organismos multilaterales toman en cuenta las posiciones de los otros Estados partes para llegar a una decisión.
“Aquí hay mucha desesperación de querer que todo nos lo entreguen a nosotros (el informe) y eso no funciona así. La OEA es un organismo internacional, multilateral y hay Estados partes.
Entonces, el establecimiento de las relaciones diplomáticas es entre el Estado parte y el organismo multilateral. La OEA le entrega ese documento al Estado parte, pero mientras las cosas no se resuelvan no se da publicidad a los informes”, explicó Dávila.
Aquí puede leer: Acuerdo-Nicaragua-OEA
Presión internacional
Por su parte, Pallais opinó que la visita de Almagro demuestra que la presión internacional está obligando a Ortega a cumplir la Carta Democrática Interamericana, porque el artículo 18 de este documento establece que “cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático, el secretario general podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”.
“El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente, y este realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, agrega el postulado.
Lea además: Tres conflictos de Daniel Ortega con la OEA
Pallais: Ortega va a “caer en su propia trampa”
Aunque Pallais reconoce que Ortega está tratando de ganar tiempo con este diálogo, para lograr que pasen las elecciones nacionales del seis de noviembre y “vender este hecho como consumado”, considera que no evitará “caer en su propia trampa” cuando se demuestre su falta de voluntad para garantizar elecciones justas.
“Si después del seis de noviembre Ortega no demuestra voluntad de que la democracia se pueda restaurar, lo que logrará es que se apliquen las siguientes etapas que contempla la Carta Democrática”, expresó Pallais.
Pallais se refiere a que la Carta Democrática también establece que “la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente a un Estado miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General de la OEA y demás órganos de la organización”.
Pallais explicó que el objetivo de ganar tiempo es para retrasar la publicación del informe de la OEA sobre el proceso electoral en curso en Nicaragua, el cual Pallais opina que debe ser “demoledor” si Ortega buscó por su propia cuenta dialogar con la OEA.
A la vez, según Pallais, Ortega está retrasando la aprobación de la iniciativa de ley que condicionaría los préstamos de organismos financieros internacionales a Nicaragua (Nica Act), una propuesta de sanción al gobierno de Ortega, por las violaciones a los derechos humanos y la falta de transparencia electoral.
Lea también: EE.UU pide diálogo amplio e inclusivo entre Nicaragua y OEA
Incidencia opositora
La excandidata a vicepresidenta, Violeta Granera, manifestó que la aplicación de la Carta Democrática es el resultado de la incidencia de la oposición en Washington y de la misma radicalización de las actuaciones de Ortega, considerado un dictador para los opositores.
Hasta este viernes, la única posición pública del gobierno ha sido lo que ha dicho la primera dama Rosario Murillo, a través de los medios oficialistas.
“El trabajo que está haciendo nuestro gobierno con la Secretaría General de la OEA, asegura en primer lugar la estabilidad, la paz, la tranquilidad que merecemos, que queremos las familias nicaragüenses”, dijo Murillo, quien es la fórmula electoral de su esposo Ortega, quien se reelige por segunda vez consecutiva desde 2007.
Conflictos de Ortega con la OEA
Las conversaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la OEA son un cambio de 180 grados que está dando este mandatario desde que regresó al poder en 2007, porque anteriormente se había caracterizado por tener una relación conflictiva con este organismo internacional.
En septiembre de 2010, el Gobierno de Nicaragua demandó a la OEA “el retiro inmediato” de su representante, Pedro Vuskovic, por recibir al opositor Alberto Boschi.
En noviembre de 2010, Ortega rechazó el pedido de la OEA de retirar a sus soldados del río fronterizo con Costa Rica y dijo que su gobierno estudiaría una posible salida de ese organismo.
Cuando el Congreso Sandinista lo “designó” en junio candidato presidencial por séptima vez, llamó “sinvergüenzas” a los observadores electorales internacionales, en clara referencia a la OEA y a otros organismos. Lo más reciente fue hace cuatro meses, cuando el representante de Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada Colindres, pidió la renuncia de Almagro acusándolo de injerencista.
