En el país hay “un crecimiento acelerado” de la población penal, según el Ministerio de Gobernación (Migob) que asegura en las cárceles del Sistema Penitencia Nacional (SPN) albergan a 14,675 presos, que “superan la capacidad de alojamiento que poseen los establecimientos penitenciarios”.
Según las cifras oficiales el 78.6 por ciento de esta población penal están en calidad de condenados y un 21.4 por ciento como acusados.
Esta es una de las explicaciones que ofrece el Ministerio de Gobernación para justificar su demanda de presupuesto para el 2017 que para el SPN es de 676,856.009 entre gastos corrientes y de capital.
En febrero pasado el Gobierno reconoció que bajo el régimen de convivencia familiar ha liberado desde 2014 a más de ocho mil presos condenados por delitos leves .
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El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, se preguntó si este es un sistema donde se ha multiplicado la población penal. “¿Cómo es eso? no fueron descongestionadas (las cárceles)? …¿Quién fiscaliza eso?”, insistió Carrión quien recordó el alegato para liberar a los ocho mil presos.
“Este régimen está echando preso a diestra y siniestra o están jugando con las cifras y quiere justificar presupuesto ¿cómo es eso?”, insistió Carrión .
La directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Elvira Cuadra, lamentó que “el problema con las estadísticas oficiales ahora, es que las mismas instituciones te dan datos diferentes en diferentes ocasiones, por eso es bien difícil, como no hay acceso a una información oficial más clara, siempre quedan allí interrogantes sobre cuál es el dato real”.
Recordó que en relación con el SPN hasta hace poco era uno de los que presentaba menos sobrepoblación en toda Centroamérica, pero aún así estaba sobrecargado en relación a su capacidad real.
“Se supone que liberar prisioneros, por ejemplo los que tiene delitos con penas menores de cinco años iba a descompresionar esa sobrepoblación de privados de libertad. Pero la verdad que al menos en otros países de la región, medidas similares no han significado ni reducción de la sobrepoblación y los efectos sobre el tema de la delincuencia y la criminalidad no han sido los mejores” , indicó Cuadra.
Lo propuesto para 2017
Destaca entre las propuestas del Ministerio de Gobernación la construcción del edificio de la Dirección de Operaciones Tácticas en la cárcel de Tipitapa, con un costo de treinta y un millones de córdobas, así como la construcción y equipamiento del centro penitenciario de Bluefields, con un costo de 116,100,00 córdobas.
Sin embargo al destacar lo logrado en 2016 esa institución señala que pese a las dificultades encontradas en 2016 aparece la construcción del penal de Bluefields.
De lo realizado en 2016: “Se amplía la infraestructura penitenciaria a través de las construcción y rehabilitación del centro integral de mujeres, módulos de Máxima Seguridad, construcción del complejoproductivo semiabierto, la rehabilitación de ocho pabellones en el establecimiento penitenciario de Tipitapa y la construcción del establecimiento penitenciario de Bluefields”.
Igual se propone, dice, mejorar lo que llaman de “norma alimenticia” de 14 córdobas a 19 córdobas.
10,378
presos habían en agosto de 2014, que representaba 125 por ciento de sobrepoblación, según publicación de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), a la que está integrada la Procuraduría de Derechos Humanos.
Galerías “a reventar”
El dato mismo de más de 14 mil presos en el SPN que presenta el Ministerio de Gobernación, es a criterio del director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, una prueba “de que las galerías, los centros penitenciarios están a reventar”, situación que a su criterio se ve agravada porque las autoridades no dan explicaciones, sobre lo que ocurre.
Carrión reiteró en su reflexión de cuando fue anunciada la libertad de los ocho mil presos de cuántos en realidad habían entrado y luego salido de las cárceles.
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