En diez años en Nicaragua más de 16 mil niñas menores de 14 años sufrieron violencia sexual y resultaron embarazadas producto de la violación y no han tenido un seguimiento por parte de instituciones del Estado. Y la reparación del daño es nulo en el país.
Dichos organismos tomaron como referencia informaciones del Ministerio de Salud, que reporta un registro anual de alrededor de 1,600 nacimientos en menores de 14 años.
El Código Penal de Nicaragua, en su artículo 168, establece que cuando la víctima tiene menos de 14 años debe presumirse la falta de consentimiento, y por tanto, la violación.
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Sin embargo, la misma investigación promovida por Ipas y el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (Gedat) indica que esas cifras podrían ser mayores y hasta podrían alcanzar un número total de hasta 10 mil víctimas cada año.
No obstante, pese a la complejidad del problema, no existen cifras oficiales uniformes alrededor del mismo. Por ejemplo, el anuario estadístico 2015 de la Policía Nacional señala que el año pasado fueron denunciadas 1,338 violaciones en general, aunque no especifica la edad de las víctimas.
En tanto el anuario estadístico del mismo año, publicado por el Instituto de Medicina Legal (IML), refleja una cantidad mayor de peritajes por delitos contra la libertad e integridad sexual que, solo a víctimas en edades comprendidas de 0 a 13 años fue de 2,955 peritajes y otros 1,694 a víctimas en edades comprendidas entre 14 y 17 años. No obstante, el IML no especifica cuántos de esos peritajes revelaron que hubo violación.
En la investigación el Ipas y Gedat recogen información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Endesa) de 2011-2012, que reveló que “entre las mujeres que reportaron el antecedente de violación, antes de los 15 años, la gran mayoría, 7 de cada 10, no buscaron ayuda”.
“Esto a simple vista significa que las estadísticas oficiales son en realidad una mínima fracción de lo que realmente ocurre, porque se basan en la pequeña proporción de mujeres que buscan ayuda y logra poner la denuncia (que solo es un 5 por ciento)”, dice el estudio.
De acuerdo con el estudio, la mayoría de las violaciones son cometidas dentro de las viviendas o espacios públicos, por familiares o conocidos en el barrio o en la escuela. En la mayoría de los casos los abusadores son adultos que obligan a las víctimas a guardar silencio bajo amenazas, incluso de muerte, como revela el abordaje realizado con 15 niñas menores de 14 años, embarazadas producto de la violación, expuso Yamileth Molina, una de las investigadoras.
Víctimas callan
De esos 15 casos abordados, las víctimas explicaron que no hablaron porque pensaron que nadie les iba a creer, incluso, porque se sienten culpables; muchas de ellas hablaron hasta que estaban embarazadas, explicó Molina.
La investigación también demostró la falta de seguimiento de parte de alguna institución del Estado, expuso la directora de Ipas, Marta María Blandón.
“No hay una institución del Estado que se esté haciendo responsable de atender las secuelas tan graves de estas niñas, de los niños que tuvieron y de los entornos familiares”, manifestó Blandón, quien refirió que en la mayoría de los casos estudiados, las familias de las víctimas viven en condiciones de pobreza o hay miembros que han migrado. “No existe en ninguno de los casos resarcimiento del daño ni económico ni atención médica ni atención psicológica; como decimos en buen nica: las niñas violadas y sus familias quedan al sol y al viento”, indicó Blandón, quien recordó que de acuerdo con el modelo de atención, le correspondería al Ministerio de la Familia asumir esta responsabilidad.
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Lo que revela el estudio
Marta María Blandón, directora de Ipas, explicó que a las 15 víctimas abordadas les fue aplicada una herramienta psicológica para conocer su comportamiento emocional y la mayoría de las niñas participantes en el estudio mostraron niveles de depresión grave, ideas suicidas y desvalorización personal.
Muy pocas buscan ayuda por todo “lo que están experimentando y (porque están) siendo amenazadas”, muy pocas buscan ayuda y cuando lo hacen es tardía, dijo Yamileth Molina.
En el caso de las 15 niñas, todas presentaron denuncias acompañadas por la familia, pero solo cinco de los imputados fueron condenados.
“No fue posible capturar al resto debido a las serias limitaciones de recursos logísticos y de personal de la Policía Nacional”, sostiene el documento.
El estudio también menciona que en todos los casos dieron aviso a Mifamilia; “sin embargo, las víctimas y sus familiares expresaron no haber recibido información sobre la ruta legal a seguir”. Pero es más, el estudio señala que hubo casos en los que los funcionarios “rechazaron la idea de que las niñas pudieran haber sido engañadas por el agresor”.