Cuando la realidad nacional evoluciona opresivamente, a ritmos determinados por Ortega, porque conserva la iniciativa en el cambio de la correlación de fuerzas a su favor, una negociación secreta con la OEA cumple la función de alterar, no la realidad nacional, sino, los ritmos de evolución de la iniciativa geopolítica norteamericana expresada en “Nica Act”.
En palabras simples, con el acuerdo firmado el 20 de octubre entre la OEA y Ortega, este ha conseguido que “Nica Act” no sea aprobada por el senado norteamericano este año. Ya que sería absurdo que esta cámara descalifique o ignore el proceso de negociación emprendido por su propio foro de diálogo interregional. Con lo cual, el proceso iniciado con la aprobación de dicha ley por el congreso norteamericano, deberá reiniciar enteramente, si acaso, hasta el próximo año.
Tácticamente es un éxito completo de Ortega, que ahora puede culminar la farsa electoral con el aval implícito de la OEA, y sin la amenaza inmediata de “Nica Act”. Con esta victoria orteguista, la ley “Nica Act” ha perdido racionalización ideológica, al permanecer enmudecida frente a la ejecución de la farsa electoral.
Sin embargo, no hay que olvidar que los intereses geopolíticos de Washington apuntan contra la relación de Ortega con Rusia, de modo, que solo han perdido la cobertura ideológica, de un pretendido interés por la democracia en Nicaragua.
El acuerdo intrascendente, de corte colonialista, que la OEA ha firmado con Ortega, para realizar durante tres meses un conversatorio cerrado (con tres funcionarios de cada parte), restringido al informe secreto de Luis Almagro (secretario general de la OEA) respecto al proceso electoral (que pronto será un hecho consumado), constituye un contrasentido al decir que sin la participación ciudadana y sin considerar sus reivindicaciones se busca fortalecer las instituciones democráticas.
No solo el secretismo de la OEA (respecto a su propio informe) es un procedimiento no democrático, sino, que el conversatorio cerrado, de espaldas a la nación, de parte de un organismo que no responde tampoco a los ciudadanos nicaragüenses, y que asume discrecionalmente una falsa representatividad de nuestros intereses, constituye un procedimiento colonialista abusivo de parte de la OEA, que reduce ulteriormente los derechos políticos de los nicaragüenses.
La OEA acuerda que Almagro durante su visita, en diciembre próximo, se reúna con los partidos políticos, sin distinguir, siquiera, que Ortega concede personería jurídica únicamente a los partidos zancudos, cómplices de su farsa electoral.
La OEA resultó ser el instrumento venturoso para que Ortega pudiera trabar la amenaza inmediata de “Nica Act”.
Nuevamente, queda demostrado que las ilusiones de la oposición tradicional electorera, que esperaba que desde afuera se diera un cambio que les pudiera favorecer como cúpulas que aspiran a compartir con Ortega una parte insignificante del poder, constituye un fracaso incuestionable de su estrategia entreguista, que desprecia el protagonismo de las masas nicaragüenses como artífices insustituibles de conquistas políticas nacionales.
En menos de 48 horas se revelan ridículas las expresiones de tales opositores, como que Ortega hace un cálculo errado si cree que puede jugar con la OEA. O que la OEA es la única escalera que tiene Ortega para bajarse de este lío en que se ha metido. O que la única salida de Ortega es que haga nuevas elecciones. O que los acuerdos con la OEA constituyen una gran oportunidad para que Ortega rectifique. O que el tema central de la intervención de la OEA sería la suspensión de la farsa electoral, para que en un plazo determinado se programen unas nuevas elecciones libres. O bien, lo más grotesco, que les complace que la OEA no aceptara involucrarse en la farsa que a esta altura es inobservable. O que la OEA tiene la oportunidad histórica de aportar a que
Nicaragua se enrumbe nuevamente en un proceso democrático.
El rumbo de Nicaragua, hacia un Estado de derecho, solo puede ser obra de la lucha de los nicaragüenses. A la OEA no le corresponde ninguna oportunidad histórica del país. La supeditación de los opositores tradicionales a la OEA revela una falta de estrategia coherente, una carencia de principios políticos que induzcan a transformar la realidad del país en interés de la nación y de los sectores trabajadores.
El autor es ingeniero eléctrico