Denuncian abuso policial



Denuncian abuso policial

En su política de "Muro de Contención" autoridad policial comete atropellos, incluyendo palizas 

01/11/2016

“Tremenda paliza le dio la Policía a mi esposo Jerling Alberto González López (de 25 años) a las 7:30 de la noche del miércoles (26 de octubre), cuando venía de San Juan del Sur y una patrulla le interceptó el paso y cuando lo bajaron del vehículo comenzaron a pegarle con todo, golpes con amansabolos, puñetazos, patadas y cuando ya lo tenían enchachado (esposado), lo hincaron y un policía de apellido Mendieta le pegó una patada en la cara que casi lo deja tuerto y ellos mismos, donde lo vieron tan mal, se lo llevaron a Emergencias del hospital de Rivas”, narró consternada Tania Tamara López Martínez, esposa del afectado.

De acuerdo con López Martínez, junto con su esposo viajaban Isidro José Peralta, Maryuri Pérez Flores y Francela Ramírez Baltodano, quienes no fueron golpeados, ya que solo se ensañaron con González López, explicó.

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Tania Tamara relató que su esposo fue visitado por una patrulla la mañana siguiente de la golpiza en el hospital de Rivas y le dijeron que en cuanto le dieran de alta llegara a la sede policial para denunciar en Asuntos Internos a los policías que lo golpearon.

“Pero todo era mentira. En cuanto llegó a la Policía lo metieron en una celda y lo volvieron a golpear para que admitiera que anda traficando migrantes indocumentados y no permitieron que hablara con nadie, ni con su abogado, y el sábado lo llevaron a audiencia preliminar sin avisarle a nadie”, detalló la denunciante.

González López fue acusado, junto con sus compañeros de viaje Isidro José Peralta Medina, Maryuri de los Ángeles Pérez Flores y Francela Roxana Ramírez Baltodano. También están incluidos en la acusación Isidro Simeón Castrillo García, Rubén Neftalí Leiva Mena, Larry José Alberto Mairena, Víctor y José Manuel Rivas Martínez.

Tania Tamara alegó que su esposo no traía migrantes indocumentados en su vehículo y no tiene nada que ver con los ocupantes de otras tres camionetas, que la Policía argumenta que se dedican al tráfico de migrantes.

“Mi esposo es comerciante y a él la Policía le atravesó de pronto una patrulla en la carretera y lo que hicieron fue golpearlo salvajemente sin darle ni una explicación”, puntualizó.

Los ocho detenidos están acusados por crimen organizado y tráfico de migrantes ilegales y el sábado 29 de octubre fueron llevados a audiencia preliminar, donde el juez de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, Alcides Muñoz Alemán, admitió la acusación, decretó prisión preventiva para todos los acusados y programó la audiencia inicial para el próximo 16 de noviembre a las 10:00 a.m.

Jerling Alberto González López (de 25 años)  quedó desmayado y con el rostro ensangrentado producto de que un policía le propinara una patada en la cara al momento en que estaba hincado y esposado. LA PRENSA/CORTESÍA

Policía abusa de su poder

Darling Lorena Durán Montano denunció las inconsistencias en todo el proceso en contra de su esposo Oscar Danilo Martínez Chavarría, quien según Durán Montano, su delito fue haber pasado por un retén policial en el sector de La Chocolata, Rivas, la tarde del 28 de agosto, cuando la Policía realizaba un operativo para detener un vehículo que transportaba a nueve cubanos indocumentados.

“Él venía de hacer un viaje de turistas, porque él (Oscar Danilo) trabaja haciendo viajes con esas empresas de turismo de Tola y ya venía de regreso y la Policía lo retuvo como dos horas, hasta que otras patrullas llegaron con otros vehículos donde sí venían los inmigrantes cubanos y se lo llevaron para la Policía y ya no lo dejaron salir”, relató Durán Montano.

Otra de las inconsistencias de la acusación en la que fue involucrado Martínez Chavarría es que este, a pesar de no conocer a los otros detenidos, fue señalado de dirigir los vehículos en los que traían a indocumentados.

“Ha habido un montón de barbaridades en ese juicio, la Policía presentó firmas falsas de los cubanos, inventaron las entrevistas de los indocumentados y se nota en el expediente, porque hay un acta donde la Policía entrega a Migración a los nueve cubanos a la 1:00 de la tarde del 29 de agosto y presentan declaraciones anticipadas de tres de los nueve cubanos y una fue firmada a las 12:59 del mediodía y el otro a la 1:20 de la tarde, cuando los cubanos ya estaban en Peñas Blancas”, explicó.

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Copia de estas actas en poder de LA PRENSA indican que las entrevistas fueron hechas en la Policía de Rivas. El cubano Arlet Leal Hernández presuntamente firmó su declaración anticipada a las 12:32 del mediodía del 29 de agosto, mientras que Xiomara Prada Barbeito firmó a las 12:59 y Reiner Borges Fernández firmó a la 1:22 p.m., 22 minutos después que fueron entregados a Migración en Peñas Blancas, y aunque las defensas alegaron nulidad de todas esas pruebas, el proceso continúa y se encuentra en la etapa final del juicio.

Denuncia masiva ante el Cenidh

Un grupo numeroso de familiares con detenidos por el delito de tráfico de migrantes, en Rivas, denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que son víctimas de procesos anómalos.

Los denunciantes en su mayoría alegan inocencia de los procesados. De acuerdo con la información preliminar suministrada al Cenidh, al menos unas 80 personas podrían haber sido arrestadas, procesadas y en algunos de los casos sentenciadas por ese delito.

“Esta es una cuestión verdaderamente alarmante”, expresó la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, mientras seis equipos de ese organismo recibían las denuncias, de las cuales inicialmente ya había identificado unos 25 expedientes con más de una persona arrestada por ese delito.

La defensora de derechos humanos dijo que realizarán una clasificación de las denuncias, por expediente, para determinar quiénes están procesados o quiénes ya están sentenciados, para determinar las diligencias a seguir.

Entre los casos que había recibido Núñez empezó a observar algunas anomalías en los procesos, como que hay personas declaradas culpables desde hace meses sin que les hayan leído sentencia, aunque ya están en el penal de Granada o en su lugar ya condenados, pero aún los mantienen en la delegación de Rivas.

Entre los denunciantes varios de sus parientes ya recibieron sentencias de seis años y en otros casos señalaron que la Policía les ha empezado a atribuir también el delito de crimen organizado.

Otros dos casos

Valeska Soza, una de las denunciantes, explicó que el 8 de octubre pasado su marido Edwin David Dávila Urbina, transportista, fue contratado para realizar el traslado de unos estadounidenses por 3,500 córdobas; supuestamente a él le solicitaron un traslado “seguro” desde San Juan del Sur a Managua, sin arriesgar a las personas. Alega Soza que su esposo no sospechó porque las personas que él trasladaba eran blancas y de ojos verdes. Y fue hasta que los retuvieron en la entrada a Rivas cuando los ciudadanos hablaron y supo que eran cubanos y no estadounidenses.

Roberto Lanzas García fue arrestado el 9 de mayo pasado cuando se trasladaba de Rivas a Corinto, según su hermana María Isabel Lanzas, a realizar labores de la empresa para la cual trabaja como gerente de sitio, pero en el sector de La Curva, cerca de Ochomogo, él se detuvo para revisar una llanta del carro, que coincidió con la retención de un microbús en el que viajaban ciudadanos extranjeros y a él lo asociaron con estos. Lanzas sostiene que en los interrogatorios la Policía supuestamente lo presionó para que este aceptara que era traficante de migrantes.

Estado violento

Fátima del Socorro Flores Romero tiene dos hijos detenidos, uno fue arrestado en noviembre del año pasado y el otro en mayo del presente año. Alega que su hijo Darwin Uriel Vargas, de 22 años, salió a buscar un refresco cuando se le cruzó una patrulla y lo detuvo. De acuerdo con el relato de la mujer, un grupo de migrantes extranjeros estaban albergados donde una vecina suya.

“Hoy mi hijo está condenado a seis años y seis meses injustamente; (por) el otro está pidiendo la Fiscalía ocho años”, explicó Flores.

 

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