El informe preliminar de una investigación realizada por un representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en el sitio de la masacre en Ciudad Antigua, les lleva a deducir que las tres víctimas —José Nahúm Mendoza, Margarito Mendoza Sevilla, y Armando López— fueron primero torturadas y después ejecutados.
Alberto Rosales, a cargo de la investigación por el organismo de derechos humanos, indicó que en sus pesquisas han establecido que hubo una investigación deficiente de parte de la Policía sobre ese caso. A su vez, apuntó que la familia de las víctimas menciona la presencia de fuerzas del Ejército de Nicaragua y de la Policía.
Rosales comentó que le llaman la atención testimonios sobre el tiempo que transcurre entre que se dan los hechos y se hace presente la Policía. “Entre las horas que se escuchó la balacera y el tiempo que llega la Policía y el Ejército, la familia no cree que la Policía se haya movilizado desde el casco urbano de Ciudad Antigua (hasta el lugar). Es decir, ellos presumen que ya estaban en la zona y eso les hace concluir como familia que fue un operativo combinado entre el Ejército y la Policía”, añadió.
LA PRENSA consultó el miércoles al vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Manuel Guevara, sobre las sospechas de la familia y lugareños de la responsabilidad del Ejército sobre estas muertes, pero señaló que ya hubo una versión de la Policía Nacional, que atribuyó las muertes a supuestas disputas entre narcotraficantes.
¿Y las armas?
Además, la Policía indicó que ocuparon en el sitio dos fusiles AK, una escopeta, siete cargadores para fusil y una mochila con 40 libras de marihuana en la modalidad de óvulos, según una nota de prensa publicada en el sitio web de esa institución.
Rosales aseguró que en la investigación del Cenidh, basada en levantamiento de testimonios entre familiares y sondeo entre la población, ninguno de los entrevistados confirma que la Policía haya presentado las armas, que supuestamente les ocuparon a los asesinados, así como la “supuesta marihuana”.
El funcionario del Cenidh señaló que este caso evidenció que no hubo investigación adecuada, pues no le practicaron autopsia a los cadáveres, tampoco hubo presencia de peritos, mucho menos de la Fiscalía, “cuando en este tipo de casos es obvio que tienen que estar estas autoridades documentando los hechos al momento de ocurridos”.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, expresó que le llama la atención que haya sido escogido ese día para ejecutar esos crímenes que “nosotros consideramos que fue un mensaje de intimidación para el resto de la población porque circulaban rumores de que iban hacer actos de protesta en las juntas”.
Para la defensora de derechos humanos, este caso ha demostrado “la mentira y el engaño” con que la Policía pretende encubrir este tipo de hechos, diciendo que es delincuencia común. “Ha quedado en evidencia que la represión y la situación de exclusión que vive el país está impulsando a exmiembros de la Resistencia Nicaragüense a rearmarse”.
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“No se puede desvincular este hecho del contexto electoral porque la Policía, incluso, se había comprometido a garantizar la tranquilidad y la seguridad de toda la población en ese día. Pero fueron precisamente las autoridades las que se encargaron de violentar eso que habían asegurado que se iba a dar la seguridad”, sostuvo Núñez.