El 33 por ciento de los inmigrantes nicaragüenses que laboran en diversas áreas en Costa Rica, no tiene acceso a la seguridad social, cifra que en términos porcentuales duplica la de los costarricenses, según el informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, publicado esta semana en el país vecino del sur.
Hasta el año 2013, el acceso a la seguridad social no dependía de la condición migratoria de los trabajadores extranjeros y fue a partir de la promulgación de la Ley 8764 de Migración y Extranjería, aprobada en 2010 y en vigencia desde 2012, que obliga a estar asegurado para regularizar la condición migratoria y desde entonces la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) empezó a coordinar con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para restringir la prestación de servicios a quienes estén legalmente en el país.
En aplicación de esta ley, Costa Rica estableció lineamientos para el aseguramiento en las modalidades de asegurado voluntario y trabajador independiente, para aquellas personas que estén en capacidad de presentar una cédula de residencia vigente, una resolución de aprobación de residencia, categoría migratoria especial u otro documento que acredite que se encuentra en proceso de renovación de su estatus en migración. “Esto excluye a los migrantes en condición irregular, que no realizan actividades independientes o trabajan en la informalidad”, describe el informe, que toma datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2015 (Enaho), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Cifras de empleo de Nicas en Costa Rica
La Enaho de 2015 cifra en 217 mil 443 a los nicaragüenses mayores de 15 años viviendo en Costa Rica. De esta cifra, el 70.9 por ciento participa del mercado laboral tico y 9.5 por ciento estaban desempleados.
Por actividad, el 17.1 por ciento de los nicaragüenses se emplea en servicio doméstico; 15.7 por ciento en agricultura y ganadería; 15.6 por ciento en comercio; 14.3 por ciento en construcción; 10.2 por ciento en industria manufacturera; 8.9 por ciento en alojamiento y servicios de comida y el 18.2 por ciento en “resto de actividades”.
El informe indica que además de la vulnerabilidad social de los nicaragüenses, el aseguramiento como requisito para alcanzar la regularización migratoria no ha crecido desde que entró vigencia esta ley.
Hasta febrero de 2015, de aproximadamente 2,500 empleadores agrícolas —que según el Ministerio de Agricultura y Ganadería contratan mano de obra extranjera— solo un tres por ciento había llenado el formulario en la DGME para regularizar la condición migratoria de sus trabajadores, según lo dispuesto en el decreto número 38541-GOB-TMSS-MAG, publicado en agosto de 2014.
“Esto evidencia que en la mayoría de los casos las personas migrantes se hacen cargo de su propia regularización y aseguramiento, y que el nuevo requisito no ha estimulado la responsabilidad patronal. Debe tenerse en cuenta que algunas actividades económicas dependen estructuralmente de la participación de las personas migrantes, como los sectores de construcción, seguridad privada, agricultura y trabajo doméstico remunerado”, refleja el informe.
Altos costos por cambio de categoría migratoria
La Ley General de Migración y Extranjería dispone que las personas extranjeras admitidas como no residentes (que llegan con un pasaporte visado) pueden cambiar de categoría migratoria mientras estén en el país, para lo cual deben realizar un trámite que cuesta doscientos dólares. Asimismo, las personas que ingresaron al país como turistas pueden prorrogar su estadía, previo pago de cien dólares.
Tales costos son considerados como altos por el informe, comparados con la vulnerabilidad de la población extranjera que llega al país a trabajar, en este caso la nicaragüense. “Es esencial fortalecer las labores de inspección que realiza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, especialmente en las temporadas de cosecha de cultivos que demandan un alto número de trabajadores temporales. Esto puede suponer un reto institucional, pues se requiere mayor flexibilidad y la reorientación de recursos de acuerdo con las necesidades de inspección en algunas épocas”, dice el informe.
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