Después de más de un año que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió la sentencia número 47, a favor del expatrullero, Guim Mackensy Charly, y en contra del entonces jefe de Managua, comisionado general Róger Ramírez, la Policía se niega a cumplirla.
Mackensy denunció que desde julio de 2012 fue dado de baja deshonrosa incluido en un grupo de policías que golpeó para robarle a un ciudadano.
Y aunque hubo testigos que hablaron a su favor pues ese día él no había patrullado esa zona por desperfectos en su motocicleta, su jefe inmediato no lo escuchó.
“Me acusaron de actos indecorosos”, afirmó Mckensy, a quien cuatro años después la Policía se negó a revisar su caso, reintegrarlo o pagar su liquidación.
Es más la Inspectoría General de la Policía ordenó su baja deshonrosa la que fue confirmada por Ramírez, en su calidad de jefe de Managua, pese a que según el denunciante la víctima solo reconoció a dos de cuatro policías aparentemente involucrados según sus jefes inmediatos.
La CSJ determinó “ha lugar la demanda” del expolicía y ordena dejar sin efecto alguno las resoluciones disciplinaria número 082-12 y la 201-12 suscritas por el Inspector de la Policía y el jefe de Managua.
Y ordena a los funcionarios demandados “volver la situación del demandante al estado en que se encontraban hasta antes de emitirse la resolución 082-12”.
Al tiempo que ordena a los funcionarios demandados “el resarcimiento de todos los componentes del salario dejados de percibir por el demandado desde la emisión de la resolución disciplinaria”, señala la CSJ en la cédula judicial remitida a Mackensy.
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Ahora Mackensy aclara que “no quiero que me reintegren (…) lo que quiero es que me paguen” el salario que dejó de percibir durante este tiempo. El salario que percibía Mckensy en ese momento era de 3,800 córdobas, pero no solo quedó sin trabajo, sino que le fue frustrado su ascenso en grado a suboficial que le correspondía.
Mckensy recurrió por separado ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y aunque ambas organizaciones remitieron escritos al jefe de asesoría legal de la Policía Nacional, recordándole que los fallos y resoluciones de los tribunales son de ineludible cumplimiento, el denunciante sostuvo que la autoridad de esa dependencia de apellido Vanegas, ni siquiera acepta recibirle.
