Con esta frase, el jefe de misión de observación de la OEA, Dante Caputo, dejaba constancia de las dificultades que tuvo la misión de observación electoral en las elecciones del 2011. En las elecciones del 2016, no solo taparon el radar, sino que lo desconectaron.
Muy pocas elecciones en Nicaragua y el mundo han estado tan plagadas de ilegitimidades e irregularidades como las elecciones nacionales del 2016. Desde mucho tiempo antes que se eliminara al Partido Liberal Independiente (PLI), como segunda fuerza, de la contienda electoral, había decidido no votar. Pero tres hechos cambiaron radicalmente mi percepción sobre la realidad política nicaragüense.
Primero, la prohibición a la observación electoral nacional e internacional independiente; segundo, el despojo de la representación legal al PLI; finalmente, la defenestración de 28 diputados de la Asamblea Nacional sin justificación alguna más que el capricho de Daniel Ortega. Desde que acaeció el primer hecho político, fui contundente. La verdadera oposición no debía participar en esa farsa electoral porque solo serviría para legitimar un sistema político y electoral, ya totalmente colapsado. Tres tesis políticas se enfrentaron durante la campaña electoral y una salió vencedora a las 6:00 de la tarde del 6 de noviembre.
La primera tesis era promovida por el gobierno y los partidos satélites. Su argumento era que solo participando se podía desalojar a Daniel Ortega del poder. Que había que utilizar los resquicios que aún le quedaban al sistema electoral. Que ya se había participado en otras elecciones en iguales condiciones. El cambio solo era posible votando y masivamente.
Estos partidos recibieron todas las facilidades para participar en la contienda electoral. Con excepción, del Partido Liberal Constitucionalista, todos estos partidos marcaban en las encuestas menos del 1 por ciento. Son partidos que carecen de legalidad (obtienen menos del 4 por ciento de los votos) y de legitimidad (justifican los desmanes del Consejo Supremo Electoral (CSE)) para participar en la contienda electoral.
La segunda tesis era que se debía ir a votar pero de forma nula. No importaba que los candidatos no fueran de nuestro agrado. Ninguno de los más destacados promotores de esta tesis pudo nunca explicar cuál era la finalidad política de promover este comportamiento electoral. Fue la tesis principal de algunos sectores empresariales y políticos para dar legitimidad al sistema electoral y a la farsa electoral. Cuando una institución carece de legitimidad, la única forma de otorgarle esa legitimidad, es cambiando sus normas, reglas, procedimientos y las personas que las conducen. Como nada de eso ocurrió en el CSE, su única utilidad era legitimar un sistema desprestigiado.
Esta tesis quedó barrida al anunciar el presidente del CSE que se habían depositado 90,246 votos nulos para un 3.5 por ciento de los votos totales. Esta cantidad de votos nulos estaba dentro del promedio de votos nulos de las elecciones presidenciales desde 1990. Incluso no hay forma de probar que los datos proporcionados por el magistrado son correctos o incorrectos.
Finalmente, estaba la tesis de la abstención. Era una tesis ambigua y dudosa pero fue la triunfante. Para entender por qué afirmo esto veamos los siguientes datos:
Se calculó la abstención para la elección del 2006, utilizando la misma metodología por el CSE. Esta consiste en restar a los electores inscriptos en el padrón total (universo de votantes) los votos válidos de cada elección. Al realizar esta operación, la abstención fue del 50.02 por ciento y la participación del 49.08 por ciento. Es la primera vez desde 1990, que en una elección para presidente y vicepresidente, la participación bajó a menos del 50 por ciento. Votaron 18,642 personas menos en el 2016 que en el 2011, pero con un padrón electoral con 661,926 electores más en 2016 que en el 2011.
El CSE argumenta que la participación fue del 68.2 por ciento con una votación de 2,493.942 de votantes. A través de un cálculo aritmético simple se puede deducir que para que hubiese esa votación se requería que votaran en promedio 171 personas en cada una de las 14,581 JRV que habilitó el CSE para esta elección. Eso significa, que en 11 horas de votación, debieron haber votado en promedio 17 personas por junta, a un promedio de un votante cada 4 minutos. Todos los grupos que observamos la votación podemos afirmar que esos niveles de votación no fueron nunca vistos ni en Managua muchos menos aún en los departamentos y zonas rurales.
Los partidos satélites del FSLN obtuvieron más votos para diputados departamentales que para presidente. Este es un comportamiento atípico en cualquier parte del mundo, pero en especial en Nicaragua. Este comportamiento empezó a manifestarse a partir del fraude electoral del 2011.
Para Panorama Electoral, un consorcio de observación electoral que utiliza metodologías mundialmente acreditadas, e integrado por Ética y Transparencia, “a diferencia de las elecciones anteriores, ningún grupo apartidario, independiente fue acreditado y ninguno tuvo acceso para observar los procesos de conteo de votos. Como resultado, no hay manera de saber si el conteo se realizó de manera acertada” por parte del CSE. No obstante, según el grupo Ciudadanos por la Libertad, que observaron las elecciones a nivel urbano y rural, el promedio de votos para juntas urbanas fue de noventa personas y para las rurales de cincuenta. Estos datos fueron recopilados revisando Actas de Escrutinio y de los Carteles de Resultados. Prorrateando la participación por junta, la votación debe haber sido en promedio unas 71 personas por cada junta a nivel nacional.
Este número está muy por debajo de los 171 votantes que reporta el magistrado Rivas con los datos oficiales del CSE. Multiplicando este nivel de participación por cada una de las 14,581 juntas habilitadas por el CSE nos da un aproximado de participación de 1,034.010 para todos los partidos. Muy por debajo de los 2,493.942 que reporta el CSE y que arroja una abstención del 79.28 por ciento. Muy cerca de la abstención del 70 u 80 por ciento que reportan casi todos los grupos de observación independiente.
No cabe la menor duda que este último proceso electoral representa una ruptura total con el orden democrático. Este CSE no admite parches y su transformación es “conditio sine qua non” para iniciar la recuperación de democracia.
El autor es politólogo.