Las elecciones del 6 de noviembre pasado han dejado en claro la profundidad de la crisis nicaragüense, al evidenciar un sistema devaluado en el ejercicio político, y particularmente en todo el proceso que culminó con las mencionadas votaciones.
La serie de irregularidades que se vienen cometiendo del 2006 a la fecha, entre las que se cuenta la no información por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE) del 8 por ciento de los votos en las elecciones de ese año; la declaración de inaplicabilidad del artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección en períodos sucesivos, y la reelección más de una vez, aunque se diera en períodos alternos, irregularidades estas agravadas por recientes transgresiones y decisiones políticas autoritarias, caso del PLI; destitución de 28 diputados de la oposición; rechazo de parte del presidente y candidato, sin tener las facultades para ello, a la observación nacional e internacional, entre otras, confirman la tendencia totalitaria y dinástica, reforzada por la elección a la Presidencia y Vicepresidencia de la República del matrimonio Ortega Murillo.
Todas las irregularidades electorales tuvieron como punto de arribo las votaciones del 6 de noviembre, en las que el CSE le asignó a Daniel Ortega el 72.5 por ciento de los votos y en el que estableció el 31.8 por ciento de abstención, siendo que en diferentes apreciaciones, se consideró entre un 60 y un 70 por ciento.
La no concurrencia a votar tiene un significado muy importante pues en realidad representa la oposición real a Daniel Ortega, después que este había eliminado a la coalición que podía tener una presencia aceptable en el proceso electoral. No obstante, no debe interpretarse el no voto solo como un respaldo a los grupos políticos que lo pidieron, después de ser eliminada su participación en la contienda electoral, sino, en general, como un repudio a todo el proceso de demolición del Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad, que se viene produciendo de manera sistemática.
Igualmente, la abstención significa una crítica y un rechazo a la actuación de los partidos que participaron en las elecciones a los que parte de la opinión pública considera hacen el juego a la política de Ortega, al pretender llenar un espacio que contribuya a dar la apariencia de pluralismo político.
En síntesis con respecto a la no participación en las elecciones podríamos decir que es un rechazo principalmente al gobierno de Ortega y al proceso de demolición de la democracia y el Estado de Derecho. En este sentido, la abstención podría considerarse como una especie de plebiscito al Gobierno y su actuación política.
En general, es un repudio al ejercicio del poder político basado en la violación de la Constitución y las leyes; en la manipulación de las mismas para adaptarlas a sus intereses, y en la confabulación con sectores políticos absolutamente minoritarios para adecuarlos a sus propios objetivos e intenciones.
Ante este cuadro general surge la pregunta de lo que se debe hacer para establecer la democracia y el Estado de Derecho y para sustituir la práctica de la política como arte del poder, por la política como arte del bien común.
Podría pensarse que con estas llamadas elecciones se cierra un ciclo que concluye en la concentración del poder y su perpetuación en él, con el paso de una actitud autoritaria a un ejercicio totalitario. Pero ante esta situación de cierre de un ciclo, podría pensarse que es el momento de abrir uno nuevo, basado en la democracia, la libertad, la justicia, la institucionalidad, y el Estado de Derecho.
Siendo así, es necesario estar conscientes que la democracia que debiera instalarse en Nicaragua y por la cual debe lucharse convocando la voluntad ciudadana, política y social, es fundamentalmente un sistema basado en la justicia y sobre todo en la libertad, cuya defensa es su función esencial, pues como dice Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en América, el sentido de la democracia está íntimamente ligado al de la libertad política, pues esta es condición ineludible de su existencia. Sin libertad, y sobre todo sin libertad política, la democracia no existe.
La práctica política para ser democrática requiere del consenso de la ciudadanía y no de la imposición autoritaria de quien ejerce el poder. Lo esencial debe ser el establecimiento del Estado de Derecho en el que el poder esté subordinado a la ley y respete los derechos fundamentales de las personas, los grupos sociales y las organizaciones políticas. Instaurar un sistema político con esas características debe ser el resultado del esfuerzo de la ciudadanía en su expresión social y política, para lo que es necesaria la concertación y el consenso sobre un plan de nación con el cual hacer frente al poder autoritario y desarrollar las tácticas y estrategias necesarias para su implementación.
El resultado del consenso sería el proyecto de país, o el acuerdo social, en el que quedarían consagradas las ideas rectoras sobre el tipo de Estado y de sociedad que deseamos los nicaragüenses. Dentro del marco general cuyos contenidos fundamentales deben estar en la Constitución, el poder se ejercería con legitimidad en el espacio y los límites que establece el Estado de Derecho.
Estas consideraciones sobre la legalidad y legitimidad del poder, y sobre la necesidad de una concertación que conduzca a un consenso fundamental, deben tener en cuenta al doble fenómeno dominante en la sociedad nicaragüense: la fragmentación y la polarización. Este hecho demuestra la situación de nuestra realidad política que debe ser superada mediante el necesario proceso de concertación y la búsqueda de una plataforma común, de un plano de coincidencias mínimas sobre el cual fundar la nueva estructura política, social e institucional.
La democracia exige reconstruir el tejido social y crear los mecanismos de su consolidación y reproducción. La legitimidad de la democracia depende tanto de la legalidad e institucionalidad, como de determinadas condiciones históricas que hacen posible la equidad, la eficacia de la ley y la identidad de un sistema de valores y de una cultura en la que todos podamos reconocernos.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
