La Declaración Mundial sobre la Educación Superior, aprobada en París en 1998, señala en su preámbulo que “si se carece de instituciones de educación superior e investigación adecuadas que formen una masa crítica de personas cualificadas y cultas, ningún país podrá garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible; los países en desarrollo y los países pobres, en particular, no podrán acortar la distancia que los separa de los países desarrollados industrializados”.
Si bien debemos asumir la globalización críticamente, es preciso reconocer que el proceso de globalización suele ofrecer un gran potencial de crecimiento económico y abrir nuevas oportunidades reservadas para quienes tienen capacidad competitiva pues excluye, en forma creciente, a quienes no la tienen.
Si quisiéramos resumir en una frase el gran reto que imponen la globalización y la sociedad del conocimiento a la educación superior, podríamos decir que es el desafío de forjar una educación superior capaz de innovar, de transformarse, de participar creativamente y competir en el conocimiento internacional. Si el siglo XXI es el siglo del conocimiento, del saber, de la educación y el aprendizaje permanentes, no hemos ingresado en él con el equipamiento intelectual necesario.
Después de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior para el Siglo XXI, que tuvo lugar en París en octubre de 1998, varios organismos internacionales de financiamiento han venido lentamente modificando su visión sobre el papel estratégico de la educación superior en los esfuerzos conducentes al desarrollo. De ahí que sea interesante mencionar el Informe del Task Force, que ha sido publicado por el propio Banco Mundial. El documento se inicia con un epígrafe del presidente de la Rice University, Malcolm Gillis: “Hoy día, más que nunca antes en la historia de la humanidad, la riqueza o pobreza de las naciones dependen de la calidad de su Educación Superior”.
Pero, para que la educación superior juegue ese rol estratégico que se le reconoce, ella también necesita emprender, como lo advirtió la Declaración Mundial de París, “la transformación más radical de su historia”, a fin de que sea más pertinente a las necesidades reales del país y eleve su calidad a niveles internacionales aceptables.
Será preciso organizar el subsistema de educación superior como “el nivel possecundario” de la educación nacional, evitando que la educación superior se identifique únicamente con la educación universitaria. En formas alternativas convendría desarrollar oportunidades de educación superior no universitaria o de “ciclo corto”, especialmente en las áreas que más se ciñan al desarrollo económico, tecnológico, agrícola e industrial del país. Este tipo de carreras podrían impartirlas las propias universidades en sus Centros Universitarios Regionales o, mejor aún, en una red independiente de Institutos Tecnológicos Regionales de nivel superior no universitario, similares a los Colegios Universitarios Comunitarios que funcionan en otros países. Esto permitiría ofrecer alternativas atractivas a los jóvenes egresados de la enseñanza media general y técnica. El diseño curricular de las carreras de ciclo corto deberá propiciar su articulación con las carreras académicas o de ciclo largo, de suerte que no se transformen en callejones sin salida, sin perjuicio de su carácter terminal en cuanto a la incorporación de sus graduados en el mercado laboral.
Estrechamente relacionado con la pertinencia está el compromiso con la calidad, desde luego que de nada serviría un programa pertinente si carece de calidad. Calidad y pertinencia son como las dos caras de una misma moneda. Ambos compromisos no deben ser episódicos, que adquieren importancia únicamente a la hora de las evaluaciones institucionales y las acreditaciones, sino transformarse en verdaderas culturas del quehacer de nuestras universidades. Además, los métodos de enseñanza-aprendizaje deben poner el acento en el aprendizaje de los estudiantes para que siga aprendiendo durante toda su vida profesional.
Las universidades reconocen que la autonomía no excluye lo que hoy día se designa como “accountability”, es decir, la responsabilidad de la institución para con la sociedad que la sustenta y a la cual debe servir. No se trata únicamente de la simple rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, sino de la “rendición social de cuenta”, por decirlo así, esto es, demostrar a la sociedad el resultado provechoso y eficaz de la labor universitaria y de los recursos que a ella se destinan.
El autor es jurista y catedrático.
