En 1944, en el Dictionary of Sociology, Frederick M. Lumley, incorporó el vocablo Kakistocracia, con el significado de: Gobierno de los peores; estado de degeneración de las relaciones humanas en que la organización gubernativa está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen desde ignorantes y matones electoreros hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin escrúpulos. En 1974, el filósofo argentino Jorge L. García Venturini, denominó a la Kakistocracia, como el gobierno de lo peor, el de los incapaces, donde se agrupan los sórdidos, sucios, viles, incapaces, innobles, perversos, concepto rescatado en 1996 por Michelangelo Bovero, profesor de Filosofía de la Universidad de Turín. Los tres enfocan la alteración de los valores de la sociedad, prevaleciendo el embuste, la cobardía, la frivolidad, la corrupción, el cinismo…
Los gobernantes de una nación deberían tener una conducta cimentada en principios éticos y valores morales, que les induzca a trabajar con integridad y responsabilidad en la administración pública, obtener eficiencia y efectividad en la gestión de recursos y proyectos, y presentar cuentas claras y oportunas. Una buena gestión pública requiere de: políticas coordinadas y planes estratégicos viables, coherentes con las necesidades de la nación y concertadas con los interesados; aislada de injerencias políticas, y una carrera de servicio público, que genere administradores profesionales y oficiales de abnegado espíritu de servicio, a quienes se les remunere con adecuados estímulos morales y económicos, que fortalezcan su honestidad y animen su autoestima.
Para Naciones Unidas el “buen gobierno” contribuye a reducir la corrupción durante el proceso de la toma de decisiones, tiene en cuenta a la minoría y sus peticiones, así como las voces de los más desfavorecidos. Trabaja para las necesidades presentes y futuras de la sociedad fundamentado en ocho principios: participación; legalidad; transparencia; responsabilidad; consenso; equidad; eficacia y eficiencia. Gobernar requiere sensibilidad, expresada en acciones concretas en el mejoramiento de la justicia, lucha contra la corrupción, observancia de los derechos humanos, preservación del medioambiente y protección a la ciudadanía.
Sin embargo, en muchos países, los representantes de partidos políticos que triunfan en elecciones pareciera que concentraron sus estudios en trampas y secuestros, cerebro y columna vertebral que habilita al Gobierno y otorga a los gobernantes vidas prósperas y saludables, poder y riquezas, así como perpetrar arbitrariedades, ilegalidades y excesos al amparo de la impunidad. Quien hace la ley hace la trampa, dicta el adagio, y la torpeza con que pretenden engañar ofende a los ciudadanos. Estrenan sus mentiras en campañas electorales, y presentan proyectos grandilocuentes, de los que muchos resultarán incumplidos. Mienten en forma sistemática sobre el comportamiento de la situación económica y logros de metas y deprecian las condiciones críticas del país en pobreza, educación, vivienda, salud, y violencia.
Ya gobernando, intentan convencer a la ciudadanía que todo está bien, que el futuro es deslumbrante. Para ello trabajan con medios y firmas encuestadoras que orquestan propagandas tóxicas, capaces de trocar mentiras en verdades y viceversa. Con más frecuencia se proyectan como ungidos por Dios —como en las monarquías— e intentan mostrar su omnipotencia, por ejemplo, protegiendo a los más vulnerables ante los desastres naturales. Usan y abusan de símbolos religiosos como lemas o eslogan de sus campañas y proyectos, y se presentan como puritanos, aunque la sociedad sabe que hacen todo lo contrario de lo que predican. Complementan y fortalecen la sensación de bienestar con regalos a los más necesitados, quienes así embaucados son partidarios incondicionales (temporalmente).
En su afán de perennizarse atemorizan a la población: a que los despidan del trabajo; no les den más ayuda; no admitan a los niños en la escuela; los multe la Policía; que sus casas sean cateadas; ser denunciados por delatores; a que los asalten o los lleven presos, y no tener a quién reclamar. Además, a que las autoridades policíacas y judiciales no los escuchen, les invadan la propiedad o que organismos estatales les monten auditorías.
Esta forma de enraizar el miedo se complementa con las diferentes formas de convivir con la violencia, diciendo que no existe, o que está controlada. Asimismo, el engaño se perpetra alterando cifras oficiales de muertos, accidentes, violaciones, robos, torturas, y muertes.
Numerosos gobiernos con las características citadas están autosecuestrados por los poderes fácticos de su país. Es una práctica particular donde el “secuestrador/gobierno” recibe el rescate, condiciona y toma la mejor parte del convenio entre el gobernante y el poder fáctico. La corrupción, el tráfico de influencias y las prebendas, son la esencia de estas operaciones. Los poderes fácticos regularmente tienen credenciales y manos libres, los más conocidos son: partidos políticos, crimen organizado, traficantes de personas, armas y estupefacientes, medios y encuestadores, conglomerados financieros, asociaciones empresariales, militares, multinacionales, gobiernos extranjeros, y grupos religiosos.
Las asociaciones entre gobiernos y poderes de facto conciben una comunidad degradada, dispuesta a la maldad, desnaturalizada y afiliada con la ignorancia, mediocridad, vulgaridad, prejuicios, ausencia de escrúpulos, mala fe, engreimiento, astucia, ira, resentimiento, inflexibilidad… Estas alianzas pueden desarraigarse aplicando principios de “buen gobierno” y un Estado constitucional de derecho, donde prime el respeto a las leyes y la dignidad humana, el desarrollo socioeconómico (macro y micro), e inversión social cualitativa y cuantitativa en salud, educación y vivienda.
El autor es contador.
