​Denuncian represión generalizada para evitar marchas

Las organizaciones que participan en la jornada Azul y Blanco emitieron un primer reporte en la que denuncian la represión a la que la población que intenta protestar ha sido sometida en varios lugares.

Campesino se preparan para abordar el transporte que los trasladará a Managua para marchar contra el proyecto del Gran Canal. LA PRENSA/M.Urbina

Las organizaciones que participan en la jornada Azul y Blanco este 30 de noviembre y primero de diciembre emitieron un primer reporte de la misma, en la que denuncian la represión a la que la población que intenta protestar contra el Canal y contra el fraude electoral, ha sido sometida en varios lugares.

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Señala que la represión ha sido experimentada desde el domingo 27 de noviembre. «A partir de entonces las fuerzas de seguridad del régimen se han trasladado a todos los territorios donde la ciudadanía se está concentrando para marchar hacia Managua».

Mencionan como los dueños de transporte están siendo perseguidos bajo amenazas de quitarles el permiso de circulación si participan en la caravana.

Intimidación y cateo

«Las personas que viajan en transporte colectivo son objeto de intimidación, cateos y revisiones ilegales por parte de la Policía Nacional», señala el reporte número 1.

Indica el mismo que en los municipios de Nueva Guinea, Región Autónoma del Caribe Sur, y en El Tule, departamento de Río San Juan, la Policía con sus fuerzas antimotines ha realizado ataques con bombas lacrimógenas y balas de plomo y goma contra la población civil indefensa, con un saldo de varias personas desmayadas, cinco personas heridas Wilder, Rigoberto Alvarado y Omar Robleto de Nueva Guinea, y del Tule, Río San Juan, José Santos Sequeira Rivas), entre ellos Pedro Guzmán en condiciones de gravedad.

Detienen a periodistas

También menciona la detención del periodista Julio López, del Programa Nacional Onda Local, destruido el camión de Francisca Ramírez, Coordinadora del Consejo por la Tierra, lago y soberanía y amenazan con quemarlo. En el territorio de Nueva Segovia la Directora Ejecutiva y defensora de Derechos Humanos Ana Patricia Martínez, junto al vehículo propiedad de la Fundación para el
Desarrollo de las mujeres y la niñez (Fundemuni), fue retenido por la Policía Nacional durante 3 horas al retornar de una comunidad rural donde desarrollaban un grupo de auto ayuda con mujeres sobrevivientes de violencia, acusándoles de estar trasladando personas para la caravana.

Agrega la destrucción por fuerzas de seguridad del puente El Puente El Zapote, en Nueva Guinea y el puente las Pavas a 13 Kilómetros de Santo Domingo, Chontales, con el objetivo de obstaculizar la movilización campesina hacia Managua.

«El país se ha militarizado, con el propósito de evitar el avance decidido del pueblo nicaragüense participante de la caravana en mención», señalan las organizaciones en su reporte a través del cual anuncian que está situación es del conocimiento de organismos internacionales y de derechos humanos.