El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llega este jueves a Managua para entrevistarse con Daniel Ortega, la oposición y diversos sectores nacionales. Supuestamente, Almagro viene con el interés de ayudar a que Nicaragua vuelva a la senda de la democracia representativa y, ante todo, a que haya de nuevo alternabilidad democrática en el poder mediante elecciones justas, competitivas y transparentes.
La oposición democrática quiso recibir a Almagro con manifestaciones cívicas y pacíficas, pero Daniel Ortega prefirió “darle la bienvenida” reprimiéndolas brutalmente. Esto es lo que hace toda dictadura, de derecha o de izquierda, de manera que si alguna duda le quedaba al secretario general de la OEA, sobre la realidad política de Nicaragua, el mismo Ortega se ha encargado de aclarársela con la represión policial desatada contra los campesinos que demandan la derogación de la Ley del Canal y la celebración de elecciones libres y limpias.
Pero la OEA tiene un marco jurídico y político que todos los Estados Miembros —incluyendo a Nicaragua— tienen que respetar y una Carta Democrática Interamericana que deben cumplir. Y el secretario general de la organización hemisférica es precisamente el principal funcionario encargado de velar por su cumplimiento.
No se trata de que el señor Almagro venga a resolver el problema político y electoral de Nicaragua. El secretario general no puede hacer nada más que lo que le autorizan los instrumentos jurídicos de la OEA. Pero tampoco debe hacer menos.
La Carta Democrática Interamericana establece en su Artículo 3 que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Por otra parte, en su artículo 18 la Carta consigna que “cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”.
Esto es lo que está haciendo Almagro con su visita a Nicaragua y después de reunirse con Ortega y sus opositores tendrá que decidir si es pertinente rendir un informe al Consejo Permanente de la OEA, para que este discuta y decida si es necesario “adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.
Rendir ese informe y decir la verdad de lo que ocurre en Nicaragua es lo menos que podría hacer Almagro. “En una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario”, dijo George Orwell, y decir la verdad sobre la situación de Nicaragua es un contundente acto democrático. Almagro, con solo decir la verdad sobre Nicaragua estaría pronunciándose claramente por el restablecimiento del sistema de elecciones justas y transparentes, que en todo caso es al pueblo nicaragüense al que le corresponde luchar cívicamente para recuperarlo.