Es de todos conocida la característica dominante de la política en Nicaragua. Dos tendencias se confirman día a día alejando en su andar por direcciones opuestas la posibilidad de un acuerdo sobre puntos básicos, acerca de los cuales sería posible la reconstrucción del país.
Esas dos tendencias son: la concentración cada vez mayor del poder, por una parte y la fragmentación y contraposición, por no decir confrontación, de los grupos políticos que forman la oposición, por la otra.
No entraremos a definir y menos a tratar de explicar las causas de esta situación, ya lo hemos hecho en numerosas ocasiones, pero sí a reiterar que su presencia impide introducir los cambios imprescindibles para crear nuevas condiciones políticas, económicas y sociales.
Tal como está actualmente configurado, pareciera imposible salir del círculo vicioso en el que la práctica política actual tiene sumergido al país. Lo anterior hace imperativa la necesidad de encontrar un mecanismo cívico que permita formular nuevas opciones y evitar la violencia, que es la posibilidad que se abre cuando los demás caminos están cerrados.
Si no parece posible una concertación integral entre el Gobierno y todos los sectores políticos del país; si las intenciones fueran aparentar un diálogo con los partidos llamados de oposición que hacen el juego al Gobierno; si la finalidad fuese abrir una concertación aparente, que pudiera incluso realizarse con la participación de sectores que han mantenido una oposición real, pero que su participación en este diálogo tendría como objetivo, para quienes lo promueven desde el poder, futuros eventos electorales, dando como hechos consumados los resultados del 6 de noviembre; si esto fuese así, o de cualquier otra forma que promoviera la actitud de “borrón y cuenta nueva”, se estaría desnaturalizando el diálogo y disfrazando como democracia el ardid político.
Esto puede que ocurra, que se le dé una apariencia democrática y participativa a algo que en el fondo no es otra cosa que una manipulación política. Sin perder de vista que además se podría intentar aprovechar la visita del señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, independientemente de su rectitud y buenas intenciones, para tratar de obtener los objetivos previstos.
Ante una eventualidad semejante, se vuelve imprescindible la búsqueda de un acuerdo de ciudadanía que formule fines de carácter nacional y que además contribuya a agilizar y fortalecer las relaciones con los partidos políticos y con diferentes sectores de la sociedad, de esta manera se haría factible realizar un diálogo a partir de una propuesta estratégica que contenga los aspectos fundamentales de un verdadero plan de nación.
Esta propuesta debería contener estrategias de fortalecimiento del Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia; de políticas económicas y sociales; un plan educativo integral; y la construcción de un sistema electoral que garantice elecciones libres, justas y transparentes. Todo lo anterior sin perjuicio de los problemas concretos que deben ser resueltos. Debe haber una consideración tanto de lo inmediato como de lo estratégico, lo que obliga a ver el árbol y el bosque a la vez.
Quedaría referida a la decisión de estos sectores políticos y sociales, el desconocimiento de las pasadas elecciones y la iniciativa política de demandar la reforma constitucional necesaria para exigir la convocatoria a nuevas elecciones en un período razonable.
Estos planteamientos, además de la valoración de su viabilidad política, deben asumir como principios básicos, algunos conceptos fundamentales sobre la democracia y la política.
En realidad ninguna sociedad puede prescindir de la política pues equivaldría a negarle su propia naturaleza de sociedad.
La crisis de la política nace, precisamente, de su separación de lo social, por una parte, y de su absorción por el poder, por la otra.
La crisis de lo social se produce por el alejamiento de lo político de las grandes decisiones que afectan a la comunidad. Separar lo político de lo social equivale a producir una mutilación, una doble orfandad. Reintegrarlos a su naturaleza necesariamente complementaria, es restituirles su integridad e identidad. Este es uno de los grandes desafíos de la política y también uno de los grandes retos de la ciudadanía y la sociedad civil.
La práctica de la política está indicando que existe una separación entre la minoría que detenta el poder y la mayoría de la sociedad, entre los representantes y los supuestamente representados y que el destino del país se encuentra en manos de un reducido número de personas. El vértice absolutamente minoritario decide por el resto de la pirámide. La cúpula retiene y ejerce cada vez mayor poder, y el funcionamiento de la vida política oscila entre la confrontación y la indiferencia. Está ausente una auténtica participación ciudadana que es lo que verdaderamente caracteriza la democracia.
Hay que evitar que a la democracia se le considere un pretexto, un antifaz que cubre el rostro de una realidad diferente a sus enunciados y promesas. Si es un drama que el antifaz encubra el verdadero rostro de la realidad, más dramático es aun que detrás del antifaz no haya rostro alguno. No se puede permitir que llegue a ser la máscara sin sujeto, para usar el término del filósofo italiano Gianni Vattimo.
En Nicaragua es necesario construir la democracia. Ese es el gran desafío político que tenemos frente a nosotros. Por ello se requiere tener presente que la democracia, además de un sistema de gobierno es, sobre todo, un “sistema de valores”, como lo señala el filósofo español José Luis Aranguren. Asimismo, es oportuno recordar que la democracia empieza en el derecho de los ciudadanos a elegir libremente, pero que además debe ampliarse y completarse en el ejercicio de la democracia participativa, que exige la presencia de la sociedad en el debate y formación de opinión de los grandes problemas que conciernen a la vida nacional, como sería la elaboración de estrategias políticas, institucionales, económicas y sociales, entre otras.
El ejercicio político a partir de un sistema democrático, exige la participación de la ciudadanía en la construcción de esas estrategias fundamentales, junto con los partidos y demás grupos y movimientos políticos, a efecto de constituirse en fuente y origen de la opinión pública y en mecanismos de control a quienes ejercen el poder.
La legitimidad de la democracia no depende únicamente del respeto a la legalidad, este aunque necesario no es suficiente, sino además de determinadas condiciones históricas que hacen posible la equidad, la justicia, el ejercicio pleno de la libertad y la identidad de un sistema de valores en el que todos podamos reconocernos.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.