Una comisión formada por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), viajó a La Cruz, Costa Rica, donde conocieron la situación de los inmigrantes haitianos y africanos, varados en ese territorio, ante el cierre de fronteras con Nicaragua.
El secretario de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez, expresó que pese a las dificultades del idioma, pudieron conocer de parte de los inmigrantes el riesgo al que se ven enfrentados cuando intentan cruzar territorio nicaragüense a lo largo de 91 kilómetros de puntos ciegos existentes en la frontera sur.
Esto les expone no solo a ser extorsionados por traficantes, sino que en algunos casos agentes policiales y militares les quitan sus pertenencias, incluido víveres y los dejan indefensos, dijo Leiva.
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Por su parte, Denis Darce, responsable de proyectos de la CPDH, señaló que esto lo escucharon como referencia por otras personas, porque la mayoría de los inmigrantes muy poco hablan el español, pero sí confirmaron que hay casos en que cuando son sorprendidos por agentes de la Policía y del Ejército estos “les confiscan todo lo que llevan y los regresan con las manos vacías”.
“Lo más grave es que el gobierno cierra las puertas a estas personas que tienen que entrar por puntos ciegos y tienen que hacer contactos con gente que no tienen interés de ayudarlos y lo único que hacen es sacarles el dinero”, sostuvo Darce.
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El tema será abordado por ambas organizaciones en la audiencia durante el 159 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a celebrarse en Panamá, el 7 de diciembre.
Leiva Sánchez y el secretario de la CPDH, Marcos Carmona, expresaron que la comisión pudo entrevistarse con representantes de la comisión nacional de riesgo de la Cruz, así como funcionarios locales, entre ellos el alcalde municipal de la Cruz , Junier Salazar Toval. Estos le explicaron a los defensores de derechos humanos que el flujo de inmigrantes se ha mantenido en los últimos tres meses, al entrar cada día entre 100 y 150 indocumentados.
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