El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, afirmó este martes que la investigación en su país sobre el accidente del avión de Lamia está abierta en principio por un delito de incumplimiento de deberes, pero que “seguramente puede llegarse hasta un delito de homicidio culposo” contra los responsables.
Guerrero hizo esas declaraciones en la ciudad boliviana de Sucre, tras ser consultado sobre el análisis que hace un grupo de fiscales bolivianos sobre el caso. Según Guerrero, se están estudiando dos escenarios: “la constitución, operación y los permisos de la línea aérea” Lamia y por otra parte “el accidente propiamente; el plan de vuelo, el día que partió el vuelo y quiénes son los responsables”.
Guerrero también confirmó la reunión de este miércoles 7 de diciembre entre representantes de las fiscalías de Colombia, Bolivia y Brasil en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, de cuyo aeropuerto partió el avión de Lamia el pasado 28 de noviembre.
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No serán los fiscales generales quienes acudan “por temas de agenda”, sino los que llevan la investigación en los países americanos: el fiscal regional de la ciudad brasileña de Chapecó, el director seccional de la Fiscalía de Antioquia y el propio fiscal de Antioquia, de Colombia.
Lamia con patrimonio económico bajo
El periódico boliviano El Deber publicó este mismo martes la información de que Lamia al parecer solo tiene un patrimonio de 16,516 dólares según el último balance financiero del pasado 3 de octubre y su capital inicial declarado sería de 21,551 dólares, ambas cifras “muy bajas para una actividad cara y peligrosa como la aviación comercial”, según el testimonio recogido por este medio del expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Waldo López.
El avión de Lamia que transportaba al Chapecoense brasileño a Medellín se estrelló en la noche del lunes 28 de noviembre en las proximidades del aeropuerto que sirve a esa ciudad colombiana y provocó la muerte de 71 de sus 77 ocupantes.
Sólo seis personas sobrevivieron a la tragedia, tres futbolistas, un periodista y dos miembros de la tripulación. El Gobierno boliviano decidió el pasado jueves 2 de diciembre retirar el permiso de operaciones de Lamia y suspender a las principales autoridades del sector aeronáutico mientras se investigan las causas del accidente.