Políticos y presentadores de programas de televisión y radio se han dado a la tarea de promover el disimulo político, ante lo sucedido el 6 de noviembre/2016 en Nicaragua. Ahora, dicen, que es necesario olvidar lo que sucedió en el proceso político, para las asignaciones de puestos públicos. Y, lo que debemos hacer es borrón y cuenta nueva, en las relaciones de la sociedad nicaragüense y la administración pública.
Me parece que estas personas se equivocan al enviar este tipo de mensajes a la sociedad en general. El ausentismo en las urnas electorales es un llamado urgente a la clase política de Nicaragua, incluido el Gobierno, para que sepan que el sistema electoral ha colapsado, no se le cree. Su estilo se ha envejecido y ya no sirve para el papel de decisores electorales. Por lo tanto, en Nicaragua, no se han realizado elecciones para elegir nuevas autoridades en el periodo 2017/2022. Estamos en un limbo político y con pocas salidas.
Con el domingo 6 de noviembre, la ciudadanía asistió a un proceso político atormentado en su desarrollo social y jurídico. Entre las limitaciones y violaciones identificamos, desorden en la organización de los partidos políticos, internamente; la ausencia de programas para los cinco años próximos; reducción o eliminación de otros pensamientos políticos en forma forzosa; la falta de observación electoral nacional e internacional, y las constantes alteraciones a la ya debilitada Ley Electoral. Son razones suficientes para señalar que las condiciones sociales y políticas no permiten realizar elecciones en 2016.
La ciudadanía nicaragüense debe mostrar y ejercitar la dignidad ciudadana. Si las condiciones básicas no fueron óptimas para realizar elecciones nacionales, pues, lo mejor, es hacer elecciones verdaderas y cumplir con la ley del caso. Ahora, hacerse de la vista gorda es convertirse en un oficioso colaborador para una acción política viciada. Misma que dejará una herencia nefasta a la cultura política de los nicaragüenses.
Ahora, algunas personas están soñando en participar en un diálogo político muy anunciado por la administración. Y, se menciona, la Organización de Estados Americanos (OEA) y los empresarios afiliados al Cosep. Pareciera que no hemos comprendido que el gobernante tiene como único interlocutor a los empresarios. Y, nadie más, no hay otras personas u organizaciones incluidas para conversar y/o consultar desde 2007 hasta hoy. La administración Ortega/Morales, y la Ortega/Halleslevens, demostraron desprecio por la inclusión y la participación ciudadana, desde su perspectiva jurídica y práctica social.
La sociedad nicaragüense debe abrir un diálogo popular, con la finalidad de ponerse de acuerdo entre los movimientos sociales, organizaciones sectoriales, religiosas, desempleados, trabajadores, mercaderes, comerciantes, pulperos, artesanos, juventud y personas de la tercera edad. Para definir cuál es el gobierno que deseamos, para que cuando tengamos elecciones verdaderas y transparentes sepamos por quién votar.
Esto lo debemos hacer desde una acción autoconvocada.
El autor es Sociólogo e Investigador Social.
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