Representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPHD) y de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, rindieron informes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación del país en esa materia, mencionando la exclusión de la oposición política del proceso electoral, la falta de elecciones libres, justas y transparentes, la instrumentalización de los poderes del Estado, la manera ilegal en que se reeligió Daniel Ortega, entre otros temas.
“En Nicaragua hasta la presente fecha se venido promoviendo desde el poder ejecutivo la destrucción de la independencia de todas las instituciones pública del Estado nicaragüense, como el poder electoral, el poder legislativo, los gobiernos municipales, las regiones autónomas de la costa atlántica… todos estos poderes han perdido hasta el día de hoy una total independencia en sus funciones, esto trae como consecuencia la injusticia, la indolencia y la impunidad”, dijo el abogado Alvaro Leiva, representante de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, quien junto a Marcos Carmona, presidente del CPDH, hicieron estas denuncias ante los relatores de la CIDH.
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La CIDH se encuentra celebrando el 159 período de sesiones en Panamá, del 27 de noviembre al 7 de diciembre, en donde ofreció audiencia a los organismos de derechos humanos.
Leiva también dijo que el único propósito de Daniel Ortega, presidente inconstitucional de Nicaragua, es “perpetuarse en el poder en contra de la voluntad de las mayorías”.
La comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, originaria de Panamá, expresó su preocupación sobre lo expuesto por la delegación nicaragüense. Trotiño también pidió a la delegación nicaragüense más precisión del planteamiento de inconstitucionalidad, los cambios en la legislación nicaragüense y una evaluación de la regresión.
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“Hubo un planteamiento de inconstitucionalidad, creo que eso me gustaría tener la precisión y si podemos tener acceso a ese información precisa de parte de ustedes, de cómo ustedes evalúan esa regresión de los derechos que ustedes ven mermados o con posibilidad de no ser atendidos con estas nuevas disposiciones”, solicitó Troitiño.
El proselitismo partidario en las instituciones, la exigencia a los empleados públicos de que participen en la actividades partidarias y coticen de manera obligatoria por el partido, la partidización de la Policía, la Ley de Canal Interoceánico el control gubernamental de los medios de comunicación, también fue expuesto ante la CIDH.
“Más del 95 por ciento de los medios de comunicación están controlados por el partido de gobierno. Existe acoso a los medios de comunicación y periodistas, caracterizados como los independientes y una manera de ahogarlos es la poca publicidad como mecanismo de censura a la función social de los medios de comunicación”, dijo Carmona.
El gobierno de Daniel Ortega nuevamente no mandó representación del Estado de Nicaragua a esta audiencia con la comisión de la CIDH.
Al finalizar la audencia, la comisionada de la CIDH, relatora Margarette May Macaulay, de origen jamaiquino, recordó a Carmona y a Leiva, que si existe “alguna consecuencia adversa” por las denuncias expuestas, tienen que informar lo más pronto posible al organismo internacional.