El balance del año que está finalizando, aparentemente es favorable para Daniel Ortega y su proyecto político personal y familiar.
En la economía se logró otro año de crecimiento para Nicaragua, arriba del 4 por ciento; y según las previsiones de los economistas, en el próximo año volverá a crecer más o menos lo mismo. Crédito y comercio prosperan, hay un gran afán consumista en el país y muy pocos hacen caso a las advertencias de analistas independientes, de que se está viviendo en una burbuja que pronto, más temprano que tarde, se tendrá que disipar.
En el ámbito político, Ortega consolidó su alianza corporativa y eliminó a la principal o única fuerza real de oposición. Mediante la farsa electoral del 6 de noviembre se aseguró cinco años más en el poder. Con cinco años en su primer período presidencial (de enero de 1985 a abril de 1990), más diez años en los dos mandatos de 2007 al 2017, y los cinco más que se ha recetado hasta el 2022, Ortega habrá ejercido el poder presidencial por 20 años, más que el dictador Somoza García (16 años) y que ningún otro presidente en la historia de Nicaragua. A lo cual hay que agregar los cinco años y medio (de julio de 1979 a enero de 1985), que fue coordinador de la Junta de Gobierno sandinista.
Para extender su poder presidencial por otro quinquenio Ortega cometió este año barbaridades políticas aparentemente inexplicables. Entre otras, descartó la observación electoral internacional profiriendo ofensas a los observadores extranjeros, manipuló al poder judicial para decapitar a la oposición y convertir al PLI en un inofensivo guiñapo partidista, expulsó de la Asamblea Nacional a los diputados opositores e hizo de las elecciones del 6 de noviembre una grotesca farsa electoral.
Sin embargo, Ortega tendrá que pagar un precio por todas esas tropelías que podría ser muy elevado para él. De previo, ya la ciudadanía lo repudió con una abstención en la farsa del 6 de noviembre tan grande como no se había visto nunca en la historia electoral de Nicaragua. Y en el Congreso de Estados Unidos se ha impulsado la ley “Nica Act”, para sancionar económicamente a su régimen por las graves violaciones a la Carta Democrática Interamericana que ha cometido, en particular el compromiso de todos los Estados Miembros de la OEA de celebrar regularmente elecciones justas y transparentes y practicar la alternabilidad en el poder.
Se dice que Ortega no tenía necesidad de cometer tales barbaridades, pues sin necesidad de fraude ni exclusión de la oposición, y con observación electoral internacional independiente, podía ganar las elecciones de noviembre.
Pero es que Ortega actúa de esa manera porque es un dictador: piensa y actúa como dictador. Ortega desprecia la democracia representativa y sobre todo el mecanismo de las elecciones competitivas y transparentes. De manera que él es y ha sido coherente con su ideología totalitaria y con su estrategia para tratar de perennizarse en el poder. Ortega no es un demócrata y no se puede esperar que se comporte de manera democrática.