La reciente Misión del FMI que visitó Nicaragua para efectuar una revisión de la economía nicaragüense, de conformidad con el Artículo IV de los Estatutos de esta institución, declaró que consideraba “imperativo” abordar el problema de la sostenibilidad financiera del Instituto Nicaraguense de Seguridad social. La recomendación no está de más. En su visita anterior, la Misión proyectó que el INSS sería solvente hasta el año 2024. Aunque, dadas las tendencias recientes, debemos agregar, el periodo de solvencia del INSS podría ser menor.
Nicaragua ha iniciado, de manera irreversible, el tránsito desde la fase de envejecimiento moderado hacia la fase avanzada de envejecimiento de su población. Este tránsito estará completado, en lo fundamental, en dos décadas más. Debido a que la población de adultos mayores está creciendo con mayor rapidez que la población de personas económicamente activas, la implicación es que en este proceso se irá reduciendo de manera pronunciada la denominada relación de apoyo, es decir, el número de personas económicamente activas en capacidad de sostener a cada adulto mayor.
El Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del INSS reflejará este tránsito, en términos de que el número de pensionados estará creciendo con mucha mayor rapidez que el número de cotizantes activos. El ajuste para lograr el equilibrio financiero del INSS en el tiempo puede lograrse por varias vías. En primer lugar, puede incrementarse sistemáticamente la tasa de cotización, de manera de ir compensando el creciente desequilibrio causado por el incremento más rápido del número de pensionados.
En segundo lugar, puede reducirse, también de manera sistemática, la pensión promedio como porcentaje del salario promedio de los cotizantes, haciendo que las pensiones aumenten, a lo largo del tiempo, por debajo del incremento del salario medio de los cotizantes. Esto significa que la pensión que recibirán los trabajadores, al jubilarse, representará un porcentaje cada vez menor en relación con el salario promedio de los afiliados activos.
Las pensiones que reciben los trabajadores al jubilarse también pueden verse disminuidas si para su cálculo se emplea como base el salario promedio de toda la vida laboral, en lugar del salario promedio de los últimos cinco años laborados. Otra forma de ajuste seria duplicar de 15 a 30 el número de años que un trabajador debe cotizar para poder llegar a jubilarse, e incrementar la edad de jubilación de 60 a 65 años: de esta manera los afiliados activos se mantendrán mucho más tiempo cotizando, y mucho menos tiempo recibiendo una pensión.
Sin embargo, existe una vía mucho más eficiente para que el país y el INSS hagan frente a los desafíos que representará el proceso de envejecimiento. Esta correspondería a una trayectoria mediante la cual se produce una creciente reasignación de la fuerza de trabajo hacia nuevas actividades dinámicas, de creciente productividad y remuneración, que vayan generando porcentajes cada vez más elevados del empleo.
A nivel de la sociedad como un todo, por esta vía debería lograrse un ritmo de crecimiento de la productividad mucho más rápido que el deterioro de la relación entre personas económicamente activas y adultos mayores. A escala del Programa IVM del INSS debería lograrse el incremento fuerte y sistemático de su cobertura hacia trabajadores con empleos de cada vez mayor calidad y remuneración, cuyos ingresos reales crezcan con la suficiente rapidez como para contribuir a compensar en buena medida el deterioro de la relación cotizantes/pensionados.
Pero además, si se desea extender la sostenibilidad financiera del Programa IVM del INSS por muchas décadas más también debería desprenderse de la responsabilidad de financiar funciones que corresponden a la Política de Protección Social del Estado y que pesan desmesuradamente sobre sus finanzas. Por supuesto, también deberían ajustarse los gastos administrativos a niveles mucho más adecuados.
* Economista