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La Asamblea Nacional de Venezuel aprobó con el mayoritario voto opositor y en ausencia del chavismo, un acuerdo para responsabilizar al presidente, Nicolás Maduro, de la ruptura del orden constitucional LA PRENSA/EFE

Congreso venezolano falla en contra de Nicolás Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo que declara la responsabilidad política del presidente por el incumplimiento de sus deberes constitucionales.

La Asamblea Nacional de Venezuela, que está bajo el control de la oposición, aprobó este martes un acuerdo que declara la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro por el incumplimiento de sus deberes constitucionales.

Sin embargo, si bien esta decisión podría considerarse un antecedente para declarar que el presidente debe abandonar el cargo, esto no necesariamente ocurrirá, ya que el poder legislativo no está facultado para ello.

De acuerdo a la constitución, Maduro sólo puede ser destituido por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

El acuerdo se logró tras un debate que se extendió por casi cuatro horas y no contó con la participación de la bancada oficialista, que se retiró de la sesión alegando que la Asamblea Nacional incurrió en un desacato de una sentencia que el mes pasado dictó el Tribunal Supremo de Justicia, que prohibió a los congresistas enjuiciar a Maduro por la inconstitucionalidad del proceso.

Ruptura inconstitucional

En el acuerdo se responsabilizó a Maduro de provocar una “ruptura del orden constitucional”, incurrir en “violaciones de los derechos humanos”, y sumir al país en una grave crisis económica que se refleja en una desbordada inflación y un severo desabastecimiento de alimentos y otros bienes básicos.

Asimismo, como parte del acuerdo se pidió a una comisión avanzar el proceso para que la Asamblea declare el abandono del cargo de Maduro.

De acuerdo a la constitución, el presidente sólo puede perder el poder ante las siguientes circunstancias: muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente y certificada por una junta médica, abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional y la revocatoria popular de su mandato.

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