Gobierno obstaculiza el acceso a la justicia a las mujeres

Denuncia de organización de mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

13/12/2016
mujeres

La casa sigue siendo el principal escenarios de la agresión, mientras el arma blanca y el arma de fuego siguen siendo los medios principales para privar de la vida a las mujeres. LA PRENSA/ ARCHIVO

Mujeres organizadas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno de Nicaragua obstaculiza el acceso a la justicia a las mujeres reformando y reglamentando la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, donde no reconoce el femicidio en el ámbito público.

De esta manera de 46 femicidios ocurridos entre enero y noviembre del 2016, según informe del movimiento feminista Católicas por el Derecho a decidir; las instituciones del Estado solo reconocen 8. Invisibilizando el problema.

“Oculta la gravedad de la situación dado que los registros oficiales señalan una disminución aparente de los delitos de violencia, lo cual es presentado por el Gobierno como un logro de políticas públicas en la materia”, denunció Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres ante los relatores de la CIDH, durante la última sesión ordinaria realizada en Panamá.

Un ejemplo claro de este “maquillaje” es que durante el 2015 entraron a los juzgados 3,059 casos de violencia mientras que de enero a noviembre del 2016 han ingresado 2,197 casos, según datos de esta institución.

Los delitos más comunes contra la mujer son el incumplimiento de la pensión alimenticia que es violencia patrimonial, violencia psicológica en sus tres niveles (leve, grave y gravísimo).

Managua: Marcha de mujeres

Cierran puerta principal

El Gobierno de Nicaragua, además destruyó el sistema de atención integral a víctimas de violencia de género al cerrar las Comisarías de la Mujer (Dependencia de la Policía Nacional) que era un logro desde 1993, porque se busca evitar que la mujer interponga la denuncia y creó una dependencia nueva en la ruta de la justicia, a como son las consejerías de la familia.

Al cerrar las comisarías, cierran el portón principal de acceso a la justicia y exponen a mayor riesgo de muerte por femicidio, porque lejos de recepcionar la denuncia en la policía, la mandan a Consejería familiar, donde se limitan a darles charlas de pareja para reconciliación, exponiéndola a recibir una agresión mayor”, dijo Jiménez.

Con la reglamentación de la Ley 779, lo que hicieron fue bajarle directrices a los jueces, lo que los deja de manos atadas para aplicar la ley.

“No se aplican las medidas precautelares de protección a la mujer, que manda la Ley 779, en la ausencia de estas, la mujer puede morir en manos de su pareja, ex pareja, novio, ex novio, aunque haya puesto la denuncia”, dijeron las mujeres organizadas ante la CIDH.

Los relatores de la CIDH dijeron que darán seguimiento a la situación de la mujer en Nicaragua y manifestaron estar sorprendidos por la situación de violencia.

Víctimas productivas

La mayoría de las mujeres víctimas de femicidio según informe del movimiento feminista Católicas por el Derecho a Decidir, están entre los 26 y 41 años, es decir en edades plenamente productivas y reproductivas, ya que de las 46 muertes 31 estaban entre estas edades.

La casa sigue siendo el principal escenarios de la agresión, mientras el arma blanca y el arma de fuego siguen siendo los medios principales para privar de la vida a las mujeres.

El agresor sigue siendo la pareja de la mujer seguido de los desconocidos que sintiéndose con derecho sobre la mujer las someten para sostener relaciones sexuales con ellas y luego las matan como el caso de Villa El Carmen y San Judas en Managua.

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