Tanto los derechos políticos, como los de propiedad en Nicaragua son inalienables, es decir, la Constitución expresamente los garantiza y protege para que no puedan ser conculcados y entre los derechos políticos más elementales está el derecho a elegir libremente y a ser electos.
No obstante estos dos derechos fueron conculcados a una buena parte de la ciudadanía durante este año, al quitarnos el vehículo electoral y con la destitución arbitraria de los diputados.
Que Ciudadanos por la Libertad (CxL) haya solicitado, pedido y exigido la restitución de estos derechos no es irle a cantar “tu gloria, tu gloria, gozoso este día” al Consejo Supremo Electoral (CSE), a como cínicamente afirmó el columnista Fabián Medina en su columna En Letra Pequeña del pasado jueves 8.
Tampoco es justo que se nos condene, ya no digamos por exigir la personería a la que tenemos derecho, sino porque no lo hacemos cuando los analistas piensan que es oportuno. Cualquier momento es oportuno para pedir lo que en derecho corresponde.
La lucha de la líder campesina doña Francisca Ramírez por recuperar sus vehículos que le fueron arbitrariamente incautados por la Policía Nacional durante más de diez días, es otro ejemplo, sin embargo es lamentable que haya sido por medio de la intervención del jefe político territorial del partido FSLN, Alcides Altamirano, que se los devolvieron.
¿Dirán ahora los que nos han estado acusando de que “pactamos” porque hemos solicitado nuestra personería jurídica, que doña Francisca “pactó” porque un operador del FLSN gestionó y ordenó a la Policía de Nueva Guinea la devolución de sus vehículos?
Obviamente doña Francisca no tiene que pactar con nadie para exigir lo que en derecho le corresponde, lo mismo que cualquier nicaragüense que se quiera organizar para participar en la política, lo cual no solo es un derecho, sino un deber ciudadano.
Los campesinos, que con valor y decisión férrea defienden sus tierras para que no se las confisquen pagándoselas a valor catastral como estipula la Ley 840, no tienen que pactar cuando demandan la restitución de un derecho elemental que les ha sido avasallado con la promulgación es esta ley vende patria y confiscatoria.
Obviamente que ellos quisieran exigir la derogación de la Ley 840 a otra Asamblea Nacional, no a la que esencialmente aprobó esta ley en forma precipitada y violando el proceso de formación de la ley. Igualmente, Ciudadanos por la Libertad hubiera querido no tener que recurrir al mismo CSE que nos ha quitado ya dos veces el vehículo electoral y que también destituyó sumariamente a los 28 diputados.
Pero ese es el CSE que tenemos, la Asamblea Nacional que tenemos, la Corte Suprema de Justicia que tenemos y la Policía Nacional que tenemos y si queremos cambiar las cosas, debemos participar masivamente en política a como lo hacen los venezolanos, que sí están más cerca de revertir su calvario político, social y económico por medio de la lucha cívica.
Por último me quiero referir a la filtración de un audio de una reunión del Frente Amplio por la Democracia (FAD) que LA PRENSA tituló el sábado 10 de diciembre “Facciones de la oposición siguen ‘matándose’”, de la que se acusa a CxL de haberlos espiado en una conjura con la extinta Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE). La filtración ha venido de alguien que estaba dentro de esa reunión, o sea alguien de la FAD, porque ciertamente que allí no había nadie de CxL. Tampoco es de nuestro interés ni costumbre andar espiando lo que dicen a lo interno otras organizaciones políticas con que las que compartimos un fin común, que es la democratización de Nicaragua. Ya tenemos bastante trabajo para organizarnos y crear una alternativa nueva para el país.
Afirmar, tal como lo hizo el doctor José Pallais, que en ello ha participado alguien con mucho dinero por la “capacidad técnica demostrada”, es decir la “edición del material”, solo porque insertaron las fotos que corresponden a las voces de las personas que aparecen en el audio es ridículo y delirante… cualquier joven de 15 años con su celular o su ordenador lo pueden hacer sin la ayuda de Lenin Cerna y su DGSE.
El autor es periodista y exdiputado PLI arbitrariamente destituido.