La destitución de los 28 diputados opositores, propietarios y suplentes que fueron electos en 2011 en la casilla del Partido Liberal Independiente (PLI) no fue incluida en el informe anual de gestión parlamentaria, leído por la presidenta por ley de la Asamblea Nacional, la diputada sandinista Iris Montenegro.
Este miércoles fue la última sesión ordinaria del plenario en 2017; aunque el cierre oficial de la legislatura es hoy jueves en una sesión a la que están obligados a asistir los 91 diputados en funciones.
El informe de Montenegro obvió la crisis política que sufrió a mediados del año la Asamblea y se centró en las leyes y decretos aprobados, donde la mayoría fueron iniciativas enviadas por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, ya que los legisladores prácticamente no propusieron leyes nuevas.
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La destitución de los 28 opositores la concretó el Consejo Supremo Electoral (CSE) en julio pasado, por solicitud de Pedro Reyes, a quien el poder judicial le entregó la representación legal del PLI.
Ese mismo CSE destituyó en noviembre pasado a Reyes como presidente del PLI, por solicitud de tres directivos de ese partido.
Aprobadas 21 leyes
El informe detalla que fueron 21 leyes las aprobadas en el año por la Asamblea, la mayoría de orden económico y propuestas por el Ejecutivo.
Una de las pocas leyes aprobadas y propuestas por los diputados fue la reforma a la Ley 28, Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua, iniciativas del jefe de la bancada sandinista Edwin Castro.
La reforma a la Ley 28 la impulsó Castro siguiendo los lineamientos del Gobierno central y consistió en modificar el nombre de Costa Atlántica por Costa Caribe y también se amplió el período de los Consejos Regionales de cuatro a cinco años; lo cual fue solo una homologación a las cuestionadas reformas constitucionales emprendidas por el presidente inconstitucional Daniel Ortega.
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Otra de las leyes controversiales aprobadas por la Asamblea fue la reforma a la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados o Ley Antidroga.
Esa reforma se aprobó en abril pasado y los entonces diputados opositores del PLI señalaron que se violaba la autonomía municipal, porque se eliminó de la Ley Antidroga la integración de los Consejos Departamentales, Regionales y Municipales en la lucha contra el crimen organizado.
Agenda económica dominó
La legislación económica destacó. Informó el diputado sandinista y presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, que fueron 21 préstamos los aprobados, que suman 958.9 millones de dólares y en decretos de donaciones fueron 19.5 millones de dólares.
El financiamiento anual total adquirido por el Gobierno fue de 978.5 millones de dólares, ratificados por el parlamento.
“En este quinquenio, en recursos de la cooperación externa, destinados al combate a la pobreza y a mejorar la posición de competitividad de nuestro país, fueron aprobados 3,270 millones de dólares”, dijo Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica.
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Pobre trabajo del “nuevo” PLI
La bancada del PLI, que integraron los diputados que suplieron a los opositores destituidos, presentaron seis iniciativas de ley, aunque solo dos como bancada y el resto fueron propias del diputado Alfredo Gutiérrez. Aunque solo la Ley creadora de la Orden Medalla de Honor doctor Juan Ignacio Gutiérrez fue aprobada.
Una de las iniciativas que no prosperaron fue la Ley de Conciliación Nacional, que proponía la suspensión de las elecciones y que el Gobierno llamara a un diálogo nacional.