Cabildeo contra la “Nica Act”

La contratación oficial de una empresa estadounidense de cabildeo en Washington, es considerada por analistas como una muestra del gran interés que tiene Daniel Ortega por hacer abortar el proyecto de ley “Nica Act”.

Editorial, diálogo en Venezuela

La contratación oficial de una empresa estadounidense de cabildeo en Washington, es considerada por analistas como una muestra del gran interés que tiene Daniel Ortega por hacer abortar el proyecto de ley “Nica Act”, la cual se tramita en el Congreso estadounidense y propone sanciones económicas contra el régimen orteguista.

Casi medio millón de dólares costará a los contribuyentes de Nicaragua el cabildeo de la empresa estadounidense, cuya contratación según analistas demuestra la ineficiencia de los cabilderos nicaragüenses y de la representación diplomática de Ortega en Washington.

Cabildear en Washington para obtener magnanimidad o beneficios políticos y económicos de los centros de poder político de los Estados Unidos (EE.UU.) no es una anomalía, casi todas las empresas importantes y gobiernos extranjeros lo hacen. “El tráfico de influencias en Washington es tan antiguo como la ciudad misma”, se dice en un reportaje de CNN Money de octubre de 2014.

En Nicaragua incluso la dictadura sandinista de los años ochenta, a pesar de su furibundo antiyanquismo —o tal vez por eso mismo— pagaba cabilderos en los Estados Unidos (EE. UU.). El excanciller de Nicaragua, Norman Caldera, dijo a LA PRENSA que el gobierno de don Enrique Bolaños pagó cabilderos en Washington para lograr que se aprobara el tratado de libre comercio Cafta.

Hay quienes consideran que el cabildeo que se práctica en Washington  es un tráfico de influencias, mediante el cual generalmente  se logran beneficios para los peores intereses. Al parecer el presidente electo Trump comparte esa preocupación y prometió en su campaña electoral  poner límites al cabildeo en Washington. Sin embargo, sus defensores alegan que el cabildeo es protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a presentar peticiones al Gobierno.

En el caso de la contratación a cuenta del Gobierno de Nicaragua,  de una firma gringa de cabildeo para tratar de impedir que se apruebe la ley “Nica Act”, lo primero que se debe observar es que se gastará innecesariamente una gran cantidad de dinero salida de los impuestos que pagan los contribuyentes.
La  “Nica Act” ha sido motivada por las violaciones del régimen orteguista  a las normas básicas de la democracia establecidas en la Carta Democrática Interamericana, particularmente las de elecciones justas y transparentes y alternabilidad en el ejercicio del poder político.

Para evitar la aprobación de la “Nica Act” lo que debería hacer Daniel Ortega es respetar el derecho de los nicaragüenses a elegir sus autoridades en comicios libres y  transparentes. Con el diálogo que sostiene actualmente con la secretaría general de la OEA, precisamente porque no  ha respetado ese derecho básico de los nicaragüenses, Ortega tiene una magnífica oportunidad para acordar la celebración de elecciones justas y limpias tan pronto como  política y legalmente sea posible.

De otra manera lo que hará Ortega es regalar medio millón de dólares de los nicaragüenses a los cabilderos del “imperio”, como él mismo suele llamar a EE. UU.

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