Era el 21 de febrero de 1984. Una multitud conmemoraba el 50 aniversario del asesinato del general Augusto C. Sandino, en la Plaza de la Revolución, Managua, donde se encontraba la comandante Mónica Baltodano con nueve meses de embarazo. Los dolores de parto la sacaron de la plaza al Hospital Militar. Ese día nacería su hija Mónica Augusta López Baltodano, quien crecería rodeada de las historias de Sandino, de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), además de las experiencias de sus propios familiares, víctimas de la dictadura somocista.
Treinta y dos años después, López Baltodano se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la lucha de los campesinos contra la Ley que concesiona el proyecto del Canal Interoceánico al empresario chino Wang Jing (Ley 840), aprobada en 2013, bajo iniciativa del gobierno de Daniel Ortega. Ha denunciado la ilegalidad de la misma y ha investigado la red de empresas que se crearon en el exterior para gestionar la edificación de la obra.
López Baltodano ha sido víctima de acoso policial, pero ella prefiere que sus experiencias personales no sean el centro de la conversación, porque considera que lo principal es la denuncia de la que considera la ley “más injusta, onerosa y perjudicial para la soberanía del país”.
En ese camino conoció a Francisca Ramírez, la líder del movimiento campesino que se ha opuesto a las intenciones del Ejecutivo, con quien comparte su intención de defender los intereses nacionales.
¿Qué creés que pasó con el Canal, por qué ya el Gobierno no habla de eso?
La concesión canalera tenía dos propósitos: el primero era vender una ilusión de progreso al país con un objetivo de corto plazo y luego generar dinero rápido, fácil y sencillo.
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En el largo plazo lo que va a suceder es que quienes aprobaron la concesión van a terminar hundidos en un profundo fango de desprestigio, primero porque la concesión canalera es la más onerosa entrega de la soberanía nacional en la historia de Nicaragua. Y segundo, porque hay un poderoso movimiento social que ha levantado la defensa de la soberanía y de la dignidad nacional que, no tengo la menor duda, va a terminar de inspirar al país entero.
¿Tiene algún objetivo la Ley 840 sin el proyecto del Canal?
Yo he insistido desde que empecé a denunciar nacional e internacionalmente, en que la concesión canalera y la Ley 840 son realmente un enorme cheque en blanco en el bolsillo, no solo de Wang Jing, sino de todos los intereses económicos que están en torno al proyecto, incluido el del Gobierno.
Las posibilidades son múltiples, desde que la concesión puede venderse por partes a diferentes inversionistas y con diferentes intereses, no solo el Canal, sino el puerto de aguas profundas, los oleoductos, áreas de libre comercio. Quienes llaman a la concesión del Canal únicamente “un cuento chino” realmente cometen un error político importante
, porque es real que todas las facultades que tiene ese inversionista representan una cesión de soberanía y de allí la importancia de que el objetivo del movimiento social, liderado por los campesinos de la ruta canalera, es derogar la Ley 840.
¿Qué significado tiene para vos la Ley 840?
La concesión canalera significa un mecanismo ágil para hacer dinero en pocas manos a costa de la entrega de la soberanía nacional, a costa de pisotear los derechos humanos de los nicaragüenses, a costa de entregar los bienes comunes y de la naturaleza más importantes y más estratégicos que tiene el país, como es el gran lago Cocibolca.
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Todo el negocio está armado para pisotear los intereses nacionales y favorecer los intereses privados. La única manera de entender esto es saber que proviene de una perversión del sandinismo y de una fusión de intereses entre Ortega y el capitalismo. El programa histórico del FSLN decía que el gobierno sandinista iba a hacer una alianza obrero-campesina, una alianza antioligárquica, una alianza antiimperialista, pero ahora Ortega, de manera pervertida, dice que la alianza es con el Cosep y con Wang Jing. No hay manera de entender esta aberración que llamamos la concesión del Canal, sin entender que ha habido una fusión de intereses entre el gran capital y el orteguismo.
¿Cómo se puede explicar la forma en que se ha comportado el Gobierno con los campesinos?
No hay otra manera de entender esto que como un gesto de nerviosismo por parte del Gobierno, pero también un poco de locura, porque someter al país entero a un Estado de sitio para impedir que llegue la caravana campesina, en su protesta número 82, es únicamente el indicio de toda la irracionalidad con la que han estado gestionando la concesión de principio a fin.
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¿Creés que las violaciones a los derechos humanos han aumentado con el tema del Canal?
La concesión del Canal cuando decimos que viola los derechos humanos no es en un sentido abstracto, es concreto. Y este movimiento social, que tiene más de tres años de existir, ha sido víctima de todo este manejo irresponsable por parte del Gobierno. Yo pienso como abogada que, cuando el Gobierno se fusiona y acapara totalmente el Estado, y cuando el Estado comienza a funcionar en función de intereses particulares, se rompe el pacto social, y nosotros hemos insistido en que la concesión del Canal pone en riesgo la paz social en Nicaragua y eso es lo que hemos estado denunciando nacional e internacionalmente.
¿Cómo nació tu interés por la lucha contra la Ley del Canal?
En cuanto se aprobó esa concesión (en junio de 2013), yo reaccioné sobre todo movida por una profunda indignación. Como sandinista te puedo decir que esa concesión es una traición a Sandino y a Carlos Fonseca.
Mi responsabilidad era denunciarla nacional e internacionalmente desde el primer día en que se aprobó y que yo la pude estudiar como abogada en derechos ambientales que soy.
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Luego de eso hice un esfuerzo enorme por tratar de contribuir a construir una conciencia con las comunidades directamente afectadas, de las graves implicaciones que tiene la concesión y de cómo iba a afectar todos los derechos que ellos tienen sobre sus tierras y los bienes comunes que están en toda esa parte del país y en ese proceso logramos confluir esfuerzos entre líderes comunitarios, como por ejemplo doña Francisca (Ramírez), para impulsar un esfuerzo que ahora ha sido ese enorme movimiento campesino.
¿Qué recursos jurídicos faltan por recurrir para tratar de derogar la Ley?
Hemos construido una alianza con organismos internacionales de derechos humanos; hemos ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la OEA (Organización de Estados Americanos); se puso en conocimiento al secretario general de la OEA (Luis Almagro) de todas las anomalías y atropellos que ocurren con la concesión del Canal; hemos ido a la Asamblea Nacional con una iniciativa ciudadana de Ley respaldada por más 28 mil firmas; hemos ido a la Corte Suprema de Justicia… Quien ha escogido que esto no se solucione por mecanismos institucionales es el Gobierno.
Ellos están en capacidad de rectificar. Deben de escuchar el llamado de todas estas comunidades que exigen la derogación de la Ley del Canal.
¿Qué falta?
Vamos a volver a la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) y estamos haciendo un registro pormenorizado de todas las violaciones de derechos humanos. Lo que sí te puedo decir es que en un país donde la institucionalidad tiene este nivel de corrupción, la solución real y concreta va a ser el pueblo real y organizado. Tengo mi confianza depositada en que este movimiento social va a tener la capacidad de inspirar a otras personas.
¿Qué rol está jugando el movimiento campesino?
El movimiento campesino está jugando un rol histórico importante, porque hasta ahora el orteguismo creía tener en su poder el control total de los movimientos sociales y de las calles y este movimiento de campesinos, pequeños productores que están en la ruta del Canal, le ha disputado claramente eso a Ortega. Ya sabe el país que hay formas organizadas que no están subordinadas a los esquemas de repartición de poder con los que funciona el Gobierno, que no están subordinadas a ‘cupulillas’ y a pactos que hace la clase política tradicional y que realmente pueden ser ciudadanos que levanten banderas legítimas de la ciudadanía, desde sus comunidades.
El movimiento campesino de alguna manera recorre los pasos de Sandino en la defensa de la soberanía nacional, pero por otro lado vuelve a revivir en el imaginario nacional que el pueblo organizado puede tener conquistas y de que las conquistas no deben estar subordinadas a partidos corruptos que se pelean por curules, que se pelean por personería jurídica, sino que realmente es gente legítimamente luchando y defendiendo sus derechos.
¿Qué opinás sobre lo que dijo el obispo de Juigalpa, monseñor René Sándigo, de que los campesinos están siendo manipulados por el Movimiento Renovador Sandinista?
Es lamentable que haya sectores de la jerarquía de la Iglesia católica que estén jugando lo que el Gobierno les pide jugar. Es lamentable porque su rol como pastores es servir al pueblo.
Análisis jurídico
La abogada Mónica López Baltodano reveló que en enero publicará un documento que recopila tres años de análisis de la Ley del Canal, denominado: La entrega de un país, expediente jurídico de la concesión del Canal. López estudió Derecho en la Universidad Centroamericana (UCA) y una maestría en Estudios Políticos en Madrid, en el Instituto Ortega y Gasset. Actualmente es directora de la Fundación Popol Na y asesora legal del Movimiento campesino Consejo Nacional en Defensa de nuestra Tierra, Lago y Soberanía.
