Si bien las denuncias de violaciones a los derechos humanos están asociadas a la represión policial en toda la región, el abogado Uriel Pineda aseguró que el verdadero problema en el país es la impunidad en el gobierno de Daniel Ortega.
“La Policía hace y deshace y no pasa nada. El régimen de Daniel Ortega les garantiza impunidad al controlar toda expresión de organización estatal, promociones, prebendas, ‘permiso’ de ser corruptos y hasta estabilidad laboral en el caso de policías de bajo rango, todo ello a cambio de su lealtad y servicio al régimen”, manifestó Pineda.
“Impunidad es peligrosa”
Para Pineda, un reconocido especialista en el tema, radicado actualmente en México, la impunidad puede generar una espiral de violencia.
“Cuando la Policía deja de prevenir e investigar el delito, así como garantizar la seguridad ciudadana, la población pierde el respeto a la autoridad. Esta situación se hace sentir principalmente en zonas remotas con débil presencia estatal”, explicó el académico.
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Organizaciones civiles y políticas denunciaron ante organismos internacionales las acciones del presidente inconstitucional Daniel Ortega. Lo señalaron de violar los derechos humanos y de instrumentalizar a la Policía y al Ejército para reprimir la protesta social.
La última denuncia fue la represión policial a los campesinos de Nueva Guinea (Caribe Sur del país), quienes intentaron marchar a Managua, para protestar contra la Ley que concesiona el proyecto del Canal Interoceánico al empresario chino Wang Jing, lo que los críticos del Gobierno consideran una entrega de la soberanía nacional a un extranjero.
Recibieron denuncias
El organismo que ha recibido las denuncias ha sido la Organización de Estados Americanos (OEA) y en especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Según Pineda, entre el 80 y 90 por ciento de denuncias que reciben los organismos públicos autónomos de protección de derechos humanos en Latinoamérica están asociados a abusos policiales y personas privadas de libertad. En el ámbito internacional, esto no varía, porque el 70 por ciento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están asociadas a violaciones al debido proceso y derecho penal, agregó Pineda.
Organismos ineficaces
Sin embargo, Pineda manifestó que “las instancias internacionales de protección de derechos humanos son ineficaces con regímenes criminales o sin vergüenza”.
“El Derecho Internacional concentra su principal actividad en la promoción y protección de los derechos humanos, pero su avance depende de la voluntad de los diferentes Estados. El régimen de Daniel Ortega no tiene interés en cumplir las actuales obligaciones en materia de derechos humanos, mucho menos asumir nuevos compromisos”, denunció.
Las denuncias
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) fue uno de los organismos del país que entregó un informe al secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante su visita al país el pasado 1 de diciembre.
El informe explica cómo el gobierno de Ortega ha modificado las leyes de la Policía y el Ejército para someterlos a su control directo, de acuerdo con sus intereses político-partidarios. “Ambas instituciones han retomado su origen partidario y lo recuerdan con frecuencia para expresar su lealtad al presidente Ortega”, indica el informe del Cenidh.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPHD) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos denunciaron ante la CIDH violaciones en el ámbito político, en ese sentido enumeraron: la exclusión de la principal fuerza opositora de las votaciones del pasado 6 de noviembre, la destitución de 28 diputados opositores, la falta de elecciones libres y transparentes.
Se les cayó la máscara
El proselitismo partidario en las instituciones, la exigencia a los empleados públicos de que participen en la actividades partidarias y coticen de manera obligatoria por el partido, la partidización de la Policía, la Ley del Canal Interoceánico, el control gubernamental de los medios de comunicación, también fue expuesto ante la CIDH. Pineda consideró que en el ámbito internacional el gobierno de Ortega “ha perdido terreno, ya no puede guardar la apariencia de un gobierno democrático”.
Lo más inquietante
El abogado Uriel Pineda señaló que uno los aspectos que más le preocupan de la Policía Nacional es su política de reclutamiento.Recordó que hace 10 o 15 años las convocatorias para la captación de nuevos miembros era pública y abierta, pero hoy se desconocen. También le preocupa el secretismo con la información estadística “que se oculta y maquilla para evitar la crítica desde sociedad civil”, considera Pineda. “Si no existen datos o no son reales, no se puede realizar un ejercicio de auditoría social”, agregó.