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5 cosas importantes que pasaron durante 2016 en Centroamérica “cuando el mundo no estaba viendo”

“Yo abriría con la reelección de Daniel Ortega y la más descarada nominación de su esposa a la vicepresidencia de Nicaragua”, empieza Carlos Dada, fundador y exdirector de El Faro

Centroamérica

Las protestas se repitieron a lo largo de 2016 en varios países centroamericanos, incluida Nicaragua. BBC Mundo/AFP

Es la región más violenta del planeta, si se exceptúan las zonas de guerra. Pero, aun así, lo que ocurre en Centroamérica rara vez logra capturar la atención internacional más allá de cambios de gobierno, desastres naturales y algunas circunstancias excepcionales.

En 2016, por ejemplo, estas incluyeron el asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres y el repunte de homicidios que le devolvieron a El Salvador el título de país más violento del mundo.

Pero, a lo largo del año, en la región también se produjeron otros acontecimientos importantes que no recibieron mayor cobertura o que, en opinión de los mismos centroamericanos, no fueron reflejados o dimensionados adecuadamente.

Protesta por la muerte de Berta Cáceres
La muerte de Berta Cáceres le recordó al mundo que Honduras es el país más peligroso para los activistas medioambientales. BBC Mundo/AFP

Para identificar los más significativos, BBC Mundo conversó con Carlos Dada, fundador y exdirector de El Faro, el periódico digital salvadoreño que este año obtuvo el Reconocimiento a la Excelencia Gabriel García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.

Ese premio -el reconocimiento a su extraordinaria cobertura de los temas que más afectan a los centroamericanos, como la violencia y la migración forzada- es nada más el último de una larga lista que también incluye el Ortega y Gassett, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa y el Maria Moors Cabot, que el propio Dada ganó hace cinco años.

Estas son, en su opinión, las cinco cosas más importantes que ocurrieron en Centroamérica “cuando el mundo no estaba viendo”.

1. Los problemas de la democracia en Nicaragua

Rosario Murillo y Daniel Ortega
Para sus opositores, fue una farsa. Pero para los partidarios de Ortega, su clara victoria en las elecciones es el resultado de una buena gestión de gobierno. BBC Mundo/AFP

“Yo abriría con la reelección de Daniel Ortega y la más descarada nominación de su esposa a la vicepresidencia de Nicaragua”, empieza Dada.

“A nivel internacional lo que se cubrió fue el resultado (de las elecciones del 6 de noviembre) y se jugó un poco con el símil de (la serie televisiva) House of Cards, porque son marido y mujer”, explica el periodista salvadoreño.

“Pero muy pocos medios llamaron la atención sobre el atentado a la democracia que hubo ahí”.

Según el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Ortega fue reelecto con el 72,44%/ de los votos, los que para sus simpatizantes es el resultado natural de lo que consideran ha sido su buena gestión de gobierno.

La oposición, sin embargo, denunció una abstención histórica maquillada por las cifras oficiales, así como la exclusión de la contienda de sus principales adversarios.

Y ya antes de los comicios, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intelectuales nicaragüenses y expresidentes latinoamericanos habían expresado su preocupación por la enrarecida situación política que atraviesa el país centroamericano.

Protesta en Nicaragua
Daniel Ortega se impuso en la contienda electoral con el 72,44% de los votos válidos. BBC Mundo/AFP

“El sistema político nicaragüense está absolutamente corrupto: desde el congreso eliminaron a la oposición política y desde el Consejo Supremo Electoral eliminaron a los candidatos opositores”, asegura Dada.

“Es decir, fue una elección sin candidatos y sin participación ciudadana, aunque se inventaron que era de un 70%”.

«Y darle a la esposa la vicepresidencia ya es convertir eso en una dinastía familiar», sostiene el exdirector de El Faro.

2. El aislamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

Protesta contra Otto Pérez Molina en 2015.
La CICIG fue clave en la investigación por corrupción que forzó la salida de Pérez Molina. BBC Mundo/AFP

La destitución del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, quien fue llevado a los tribunales acusado de corrupción, fue una de las principales noticias surgidas de Centroamérica en 2015.

Y a inicios de 2016 el mundo volvió a dirigir la mirada a ese país para la toma de posesión de un nuevo mandatario, Jimmy Morales.

Mucha de esa atención, sin embargo, se centró en el pasado de Morales como comediante.

Y, para Dada, desde entonces a la fecha muy poco se ha informado sobre lo que describe como “el lento y discreto aislamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por parte de las instituciones del Estado guatemalteco”.

Protesta en Guatemala
Para dada, la CICIG se ha convertido en “un estorbo mayúsculo para el poder en Guatemala”. BBC Mundo/AFP

Según Dada, la CICIG -que lideró la investigación que terminó forzando la renuncia de Pérez Molina-, acostumbraba ser vista “como la tabla de salvación de un Estado que parecía hundirse” por causa de la corrupción e ineficiencia de sus instituciones.

“Pero ahora evidentemente es un estorbo mayúsculo para el poder en Guatemala, y lenta y discretamente la están dejando aislada”, le dice a BBC Mundo.

Jimmy Morales junto a Iván Velásquez
El presidente Morales pidió formalmente la extensión del mandato de la CICIG hasta 2019, pero advirtió que «no puede ser eterna». BBC Mundo/AFP

El exdirector de El Faro destaca sin embargo que «la CICIG ya ha empezado a reaccionar, protestando públicamente contra esto».

Y, en su opinión, una de las cosas a las que habrá que ponerle más atención en el año que viene es a la respuesta de la ciudadanía, cuya movilización también resultó clave para forzar la renuncia de Pérez Molina.

3. El destape de la corrupción en El Salvador

Antonio Saca
El expresidente salvadoreño Antonio «Tony» Saca está acusado del desvío de US$246 millones de las arcas oficiales. BBC Mundo/AFP

Para Dada, “la gran noticia del año en El Salvador, que tampoco se está contando fuera del país, es el destape de la tremenda corrupción que ha habido en los gobiernos de derecha y de izquierda”.

“Esta, por fin está siendo perseguida. Y esto sí que es insólito, inédito”, le dice a BBC Mundo.

Como ejemplo, destaca las investigaciones por corrupción de los tres últimos expresidentes salvadoreños: Francisco Flores (1999-2004), Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014).

Francisco Flores
El expresidente Flores fue el primero en sentarse en el banquillo de los acusados. BBC Mundo/AFP

Los tres, sin embargo, han tenido destinos muy distintos.

Flores murió por causa de una hemorragia cerebral a inicios de año cuando estaba siendo juzgado.

Mauricio Funes “sabiendo que estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito, pidió asilo político, que le fue concedido, en Nicaragua”, cuenta Dada.

Mientras que el expresidente Saca está detenido en El Salvador mientras se le investiga por enriquecimiento ilícito.

“Y a finales del año también se dio la primera condena por enriquecimiento ilícito, contra el exdirector del Seguro Social, la primera vez que alguien es condenado por enriquecimiento ilícito en El Salvador”, destaca Dada.

Mauricio Funes
Mauricio Funes, del gobernante FMLN, obtuvo asilo político en Nicaragua. BBC Mundo/AFP

El fundador de El Faro aclara que, sin embargo, todavía hay que esperar para “ver cómo termina todo esto, porque no lo sabemos”.

“Pero es muy sano para un proceso democrático que se empiecen a ventilar todos estos nidos de corrupción que ha habido en el país, de derecha y de izquierda”, le dice a BBC Mundo.

4. El regreso del péndulo en Honduras

Protesta contra la reelección en Honduras
La posible reelección de Hernández ha sido objeto de protestas. BBC Mundo/AFP

“En Honduras habría que empezar por las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que abren la vía para la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en 2018”, dice Dada.

Y es que, como recuerda el periodista salvadoreño, “sólo hablar de eso en Honduras era considerado un atentado a la Constitución, al punto que (en 2009) le costó la presidencia a Manuel Zelaya”.

Aunque, para el fundador de El Faro, la mejor forma de explicar lo que ocurrió en Honduras durante 2016 es verlo como “el regreso del péndulo del año pasado”.

Juan Orlando Hernández
El Tribunal Supremo Electoral autorizó la candidatura a la reelección de Hernández. BBC Mundo/AFP

“En 2015, con presión estadounidense, el combate a la corrupción en Honduras alcanzó a un expresidente y a la familia más rica del país”, dice en referencia a los casos de Rafael Callejas y la familia Rosenthal, arrestados en EE.UU.

“Parecía que se iba a avanzar en ese sentido, hubo un escándalo por la corrupción en el Seguro Social, etcétera”, destaca.

Pero, según Dada, «este año las cosas regresaron a su cauce normal, que es el reasentamiento del poder económico en complicidad con el poder político«.

Y, en su opinión, eso ha abierto la vía no sólo a la reelección, sino también a la concesión de buena parte del territorio hondureño y de sus recursos naturales a entidades privadas.

Protesta en Honduras
Los hondureños demandan la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad como la que existe en Guatemala. BBC Mundo/AFP

Como ejemplo, Dada destaca que casi el 30% del territorio del país ya ha sido dado en concesión a empresas mineras.

«Son 33.000 kilómetros cuadrados, solo a mineras, según datos del centro de estudios jesuitas en Honduras, ERIC».

Una superficie más grande que todo El Salvador.

5. La victoria de El Salvador contra las grandes mineras

Protesta contra Ocena Gold en Washington
OceanaGold demandaba a El Salvador por el equivalente a tres años de su presupuesto de salud, educación y seguridad pública combinados.BBC Mundo/AFP

Como última noticia «a la que casi nadie le puso atención en 2016», Dada destaca la demanda que El Salvador le ganó a una de las grandes transnacionales de la minería.

La demanda, por US$250 millones, había sido radicada por la minera canadiense Pacific Rim -actualmente propiedad de la australiana OceanaGold- ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington.

La cantidad es prácticamente equivalente al presupuesto de tres años de salud, educación y seguridad pública, combinados, de El Salvador.

Como le explicó en su momento a BBC Mundo Luis Parada, coordinador del equipo de abogados que representó al país centroamericano ante el Ciadi, el caso también tenía implicaciones para el futuro de otras naciones en América Latina y el resto del mundo.

Sede del Banco Mundial en Washington.
El Ciadi está adscrito al Banco Mundial. BBC Mundo/AFP

Según Parada, lo que estaba en juego «es si una empresa internacional puede utilizar el sistema de arbitraje internacional para obligar a un Estado soberano a cambiar sus leyes o si es el inversionista extranjero quien tiene que cumplir las leyes del país en que ha decidido invertir».

Pacific Rim argumentaba que los permisos de exploración emitidos durante en el gobierno del presidente Antonio Saca (2004-2009) les daban el derecho automático a recibir permisos de explotación, a pesar de que el mismo Saca luego anunció la prohibición de todas las concesiones de minería metálica

Y, como recuerda Dada, cuando el gobierno de Salvador Sánchez Cerén se amparó en la legislación local para negárselosdefinitivamente, argumentando además que la medida era necesaria para proteger los escasos recursos acuíferos de la más pequeña de las naciones centroamericanas, la minera demandó.

Protesta contra la minería en El Salvador.
La entrega de concesiones mineras fue objeto de numerosas protestas en El Salvador. BBC Mundo/AFP

«El Estado salvadoreño se negó a llegar a un acuerdo fuera de la mesa y decidió llevar las cosas a juicio, aun cuando las probabilidades de ganarle a una trasnacional eran muy pequeñas», subraya el exdirector de El Faro.

Eventualmente, el tribunal de arbitraje falló a favor del gobierno salvadoreño, ordenándole a OceanaGold el pago de US$8 millones en costos legales.

«Hay mucha hambre por parte de compañías mineras internacionales por instalarse en el istmo centroamericano», asegura Dada.

«Y, con su victoria, El Salvador de alguna manera les cerró la posibilidad de explotación minera en el país, en contraste con lo que está ocurriendo en Honduras», destacó.

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