Gobierno culpa a indígenas de violencia ante CIDH

Informe oficial desvía atención de conflictos territoriales y violencia en la Costa Caribe, señala Cejudhcan.

03/01/2017
En el diagnóstico que envió el Gobierno a la CIDH no se menciona la ola de violencia y desplazamientos forzados por la invasión de colonos. La Prensa/ J. Torres.

En el diagnóstico que envió el Gobierno a la CIDH no se menciona la ola de violencia y desplazamientos forzados por la invasión de colonos. La Prensa/ J. Torres.

El Gobierno de Nicaragua culpó principalmente a indígenas y organizaciones de derechos humanos de incitar a la violencia que azota la Costa Caribe Norte, en el diagnóstico enviado el 12 de diciembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el documento se señala que los comunitarios (como se refieren a los indígenas) “han tenido una participación activa y violenta, que incluye el uso de armas de fuego en contra de los terceros que se encuentran en las minas de Santa Rosa y Santa Clara trabajando en la extracción artesanal de oro…”.

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El informe no habla de conflictos territoriales ni de invasión violenta, sino de “situación de riesgo en las comunidades”.

Las 35 páginas del documento tienen como conclusión que el origen del problema es “la venta ilegal de tierras comunales por parte de comunitarios, líderes y autoridades comunales a terceros. La invasión de terceros a las propiedades comunales. El llamamiento al denominado autosaneamiento hecho por Yatama y Cejudhcan al margen del proceso de saneamiento legalmente establecido, incidiendo en elevar la situación de riesgo y violencia en las comunidades referentes”. También acusan a Yatama de realizar acciones de desestabilización y desinformación en Waspam y Bilwi.

 

Lea el informe completo enviado a la CIDH pulsando aquí

“No están dando una respuesta, están criminalizando al pueblo, a Cejudhcan y a Yatama de incitar al autosaneamiento”, señala Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).

“Hablan de autosaneamiento como si fuera el problema central y ese no es el conflicto de fondo. Es una iniciativa de las comunidades porque el Estado nunca respondió a la problemática de la invasión de colonos, entonces los comunitarios empezaron a elaborar su propio plan de saneamiento, sus propios censos, estudios y encuestas jurídicas a terceros para saber cuántos están en su territorio y recuperar sus tierras”, expone Cunningham.

Este diagnóstico fue solicitado por la CIDH el primero de septiembre de 2016 tras las denuncias elevadas a la Corte por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, el informe no menciona los asesinatos a indígenas, ni secuestros, ni violaciones, tampoco enumera las docenas de ataques violentos que han sido denunciados por líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos desde 2011.

Versión oficial vs. indígenas

El documento describe aspectos generales de los territorios y las comunidades en cuestión. Además registran casos de ventas ilegales de propiedades, se identifican con nombres y apellidos a vendedores de títulos de propiedad indígena.

“Si tienen toda esa información, ¿por qué no han iniciado procesos judiciales contra todos los responsables, incluyendo funcionarios del Frente Sandinista? ¿Por qué no aplican el saneamiento? ¿Por qué no han esclarecido los casos de asesinatos a indígenas?”, reclama la directora de Cejudhcan.

En cuanto a la violencia que azota la zona, el diagnóstico se refiere a los incidentes y su causa casi siempre de la siguiente manera: “La presencia de terceros en las tierras de El Cocal, Naranjal, Klisnak y Plo Paiwas, sumado a la permeabilidad de algún sector de comunitarios de La Esperanza al llamado autosaneamiento, permite la organización de un grupo armado de comunitarios que se activa beligerantemente según ellos para frenar y revertir la invasión de los terceros y promover su expulsión”.

Respecto al éxodo masivo de indígenas hacia Honduras y otras comunidades vecinas como Waspam y Bilwi tras la ola de violencia, la pérdida de tierras y sus cosechas, el diagnóstico refleja: “Muchos comunitarios (…) han sido obligados por los mismos comunitarios a migrar (…). Se conoce que las viviendas de muchos de estos comunitarios han sido quemadas por aquellos que apoyan las acciones violentas”.

Afirma que los indígenas que migraron al norte fueron acogidos por familiares y que ingresan sin problema y con frecuencia a la comunidad de La Esperanza, que esta es “una práctica tradicional propia de estas comunidades fronterizas”. Esta versión contrasta con las denuncias y declaraciones de los indígenas que permanecen desde hace meses en Honduras y tras dejar de recibir ayuda de ese gobierno empezaron a trabajar por comida y techo.

Del informe, firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Santos, y dirigido a Pablo Saavedra, secretario de la CIDH, el gobierno se restringe a hablar de seis comunidades en conflicto, cinco de las cuales fueron beneficiadas con medidas provisionales en septiembre pasado pero que nunca recibieron protección por parte del gobierno. Estas son parte de las doce comunidades indígenas a las que las CIDH otorgó medidas cautelares hace más de un año sin que hayan recibido atención de las autoridades nacionales, según denuncias de organismos de derechos humanos.

 

Policía evade denuncias

“En sus informes el Gobierno asegura que no interviene porque no hay denuncias formales en casos de violencia, pero cuando nos presentamos en la Policía de Waspam con víctimas, informes y abogados, rechazan las denuncias, que tienen órdenes superiores de no recibir estos casos”, señala Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua.

En diciembre, el Cejudhcan interpuso 49 denuncias que suman 63 casos de violencia, secuestros y asesinatos registrados en comunidades de la Costa Caribe Norte.

“Vimos que la Policía y el Estado no tienen interés ni se hacen responsables de nuestra situación y recurrimos a denuncias públicas ante medios de comunicación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si se habla de una denuncia pública, de una situación de violencia evidente y grave las autoridades deben actuar por oficio y no ser negligentes y dejar impunes estos delitos”, enfatiza Cunningham.

De víctimas a victimarios

“En San Jerónimo una parte de la población ha asumido el autosaneamiento y se organizó un grupo de aproximadamente 30 comunitarios para el enfrentamiento armado ante al invasión de tierras a las comunidades miskutus vecinas del Naranjal, Polo Paiwas, Klinak, La Esperanza y San Alberto ( … ). Este grupo de comunitarios se mantiene activo y es factor de inestabilidad e inseguridad en la comunidad”, reza el diagnóstico que el gobierno envió el 12 de diciembre a la CIDH quien lo solicitó desde el primero de septiembre tras la ola de violencia en la zona.

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Comentarios

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  • Ramon Salgado Valle

    ¡”Sé el primero en comentar”! ¿Y, para qué?

    • Joan Estrada

      La violencia contra nuestras etnias viene del Estado, ya en los ochenta Ortega ataco sin misericordia estos pueblos, ahora impasible ante las agresiones no tutela sus derechos por tanto es culpable de la situación y todas las consecuencias que derive esta problemática. No es justo que ademas de violar la Constitución Política,
      Ortega, viole los derechos humanos de estas comunidades, que como Yo, son indígenas y dueñas de sus territorios.


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