Diez años cumplirá Daniel Ortega en la Presidencia de Nicaragua el próximo 10 de enero, y ese mismo día empezará su tercer mandato consecutivo. Analistas, políticos y representantes de grupos sociales observan que los próximos cinco años el Gobierno será “más de lo mismo”.
Algunos señalaron que Ortega reforzará su relación con la cúpula empresarial porque así se garantiza la continuidad de las políticas de empleo. Algunos advierten de un recrudecimiento en contra de los grupos sociales que se opongan a sus intereses, como el movimiento campesino anticanal.
A los ciudadanos en las calles el tema que les preocupa es conseguir un empleo, los que están desempleados, y los que tienen un trabajo o ejercen algún oficio, la preocupación es que sus ingresos les ajusten para pagar las cuentas en sus hogares.
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El conductor David Blandón dejó de trabajar en un negocio que tenía en el mercado Oriental porque le subieron a la renta del local que alquilaba, y ya no obtenía ganancias con la venta de diferentes artículos. “No daba abasto”, lamentó.
Blandón no ha sido beneficiado por ningún programa gubernamental, como el de microcréditos a comerciantes que el Gobierno orteguista ha ejecutado los últimos diez años. Por ello, Blandón insistirá en su propio negocio, porque en un trabajo “medio formal solo pagan lo mínimo y la canasta básica está más cara”.
A noviembre pasado la canasta básica de 53 productos costaba 12,458.3 córdobas, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN). La canasta básica se encareció 4,919.3 córdobas desde el 2007, año en que Ortega regresó al Gobierno. Ese año cerró costando 7,539 córdobas.
A María del Carmen Vargas, comerciante de celulares en el sector de Metrocentro, en Managua, el 2016 fue un buen año económicamente.
En el 2017 espera hacer realidad tener casa propia, pero no a través del programa de vivienda social gubernamental sino “sacando adelante” su negocio.
Vargas criticó que en los programas oficiales dirigidos a comerciantes informales “es demasiado papeleo lo que pide el Gobierno”.
Yeslin Gaitán, quien trabaja en administración en una empresa, espera que Ortega “sea más consciente, porque de todos modos ya se robó las elecciones, así que al menos busque cómo armonizar con los países internacionales”.
Norma García, quien trabaja para el Ministerio de Educación, espera “que la administración que va a seguir mantenga las cosas o se mejoren”.
Números de la pobreza
Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), la pobreza general entre 2009 y 2014 cayó cerca de 10 puntos al pasar de 42.5 por ciento a 29.6 por ciento, en tanto la pobreza extrema pasó de 14.6 por ciento a 8.3 por ciento.
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Esa mejoría en las estadísticas no la reflejan los ciudadanos cuando se les consulta sobre los problemas que más les aquejan. Más bien el empleo, la pobreza y la carestía de los bienes y servicios fueron las principales preocupaciones en promedio del 75 por ciento de los encuestados por la firma M&R Consultores, en las diferentes encuestas realizadas en 2016.
Raúl Obregón, director de M&R, explicó que la población califica bien la macroeconomía pero el problema es en la economía familiar.
“La lectura (de las cifras) no necesariamente es que las políticas del Gobierno no están funcionando, sino que los problemas económicos subsisten a pesar de lo que se pueda estar haciendo, pero la situación económica sigue siendo el principal problema de la gente”, refirió Obregón.
Opinó que a fin de impulsar la creación de empleos y de calidad se necesitan una combinación de “condiciones como la logística para facilitar las inversiones y para ello se requiere estabilidad social y política”.
Empleo e inversión
El director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, no ve variantes en las políticas de atracción de la inversión privada los siguientes cinco años.
“Creo que es de esperar una cierta continuidad de las políticas emprendidas en los últimos años. En este nuevo período quizás se vean más asociaciones público privadas, ahora que ya se cuenta con una Ley (de Asociación Público Privada o APP). Esto le permitirá al Gobierno emprender proyectos de infraestructura de importancia como puertos, con el apoyo del sector privado”, dijo Chamorro.
Chamorro valoró de positivo que “hay una concepción de parte del Gobierno que es la generación de empleos la mejor forma de reducir pobreza”. Aunque opinó que “se ha descuidado” la productividad laboral en general” lo que debe abordarse a futuro.
“El Gobierno ha sido exitoso en la atracción de inversiones. Las inversiones vienen atraídas por las condiciones de competitividad del país y la seguridad ciudadana. En esto el Gobierno ha implementado una buena política”, afirmó Chamorro.
Pero el sociólogo Cirilo Otero analiza que en el tema del empleo será “más de lo mismo”, donde Ortega reforzará su relación con el empresariado, sobre todo en la zona franca, no para dejarle esa tarea, sino “porque eso le garantiza estabilidad” política a su Gobierno.
Otero criticó que la administración orteguista no se ha ocupado en diez años del gran problema de la informalidad laboral, y duda que lo haga en un nuevo período.
A septiembre del 2016 —el dato disponible en el BCN— el INSS reportó 860,965 asegurados activos, un número mayor a los 420,316 asegurados inscritos en 2007.
A pesar de ese crecimiento en el empleo formal, la informalidad laboral es galopante. Según datos que en marzo de 2015 dio el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la economía informal pasó de entre 55 y 60 por ciento en 2006 a ochenta por ciento en 2015, empujada principalmente por un deterioro en la productividad en ese período.
“Yo no he visto al partido del presidente Ortega ninguna propuesta nueva, una proposición de transformación en ese tema. No hubo oferta de campaña, no ofreció cambios en nada”, criticó Otero.
Seguridad traducida en represión
Otero teme que Ortega recrudezca su política de represión hacia los movimientos sociales que se le opongan, con la excusa de evitar que los índices de seguridad ciudadana, de la que se asegura es de las mejores de la región, se deterioren.
“La impresión que tengo es que en cuanto a la seguridad ciudadana los últimos tres años hay un desorden, pero es importante que tomemos en cuenta que la Ley de Seguridad Soberana que le permite al presidente con el Ejército, la Policía y sus asesores, determinar que una manifestación pone en peligro los intereses del Estado-nación, y entonces la mande a reprimir…”, advirtió Otero.
El vicecoordinador del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía (o movimiento anticanal), Medardo Mairena, dijo que sus miembros se preparan para “resistir lo que sabemos que hará este Gobierno, nos querrá callar de una vez, pero nosotros vamos a pelear y estamos dispuestos a todo para evitar que el chino (Wang Jing) se quede con nuestras propiedades”.
Ortega entregó a Jing la concesión de la construcción del Gran Canal Interoceánico.
Mairena asegura que él y su familia han sufrido por oponerse a que sus 150 manzanas de tierra donde siembran frijoles, hortalizas y crían ganado les sean expropiadas por estar en la ruta de la construcción del Canal. Ese campesino vive en Punta Gorda, municipio de Bluefields.
“Me llaman de números desconocidos amenazándome, me dicen que si seguimos insistiendo en las protestas apareceremos muertos. Me dicen que por culpa de nosotros no habrá progreso”, afirmó Mairena.
El movimiento campesino continuará las marchas y las denuncias en el país y a nivel internacional “de la represión” que sufren. “No vamos a desistir, Ortega sigue en el Gobierno bueno nosotros seguimos en contra de que nos robe nuestras tierras”, dijo.
El conflicto en el Caribe
En el Caribe de Nicaragua el conflicto territorial entre indígenas y colonos ha dejado varios muertos, según denuncias de organizaciones miskitas. El Gobierno de Ortega no ha atendido ese problema, a pesar que desde el 2010 guarda una investigación documentada de 339 casos de invasión y titulación ilegal de tierras de parte de colonos en los territorios indígenas Mayangna Sauni As y Mayangna Sauni Bas, en la Reserva de Bosawas.
“El Gobierno ha sido negligente, cómplice de los colonos que han venido a destruir las tierras y los recursos naturales, porque no solo no ha hecho nada. Las comunidades observan que el Gobierno más bien apoya a los colonos para que sigan invadiendo y destruyendo nuestras tierras”, aseguró Brooklyn Rivera, dirigente de Yatama.
En 2015 el FSLN destituyó a Rivera como diputado señalándole de estar involucrado en la venta ilegal de tierras indígenas; pero no hubo acusación formal. Rivera volverá como el único diputado de Yatama a la Asamblea Nacional el 9 de enero.
Rivera, exaliado del Ortega, recordó que en la campaña electoral del 2006 el sandinista se comprometió “en un acuerdo suscrito con las comunidades indígenas, pero hoy a la fecha no ha hecho nada”. Dijo que las comunidades indígenas seguirán exigiendo cumplir esos compromisos.
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