La entrada en vigencia de los Precios de Transferencia, el último aumento al aporte patronal en Seguridad Social, el ajuste en la renta bruta anual mínima para los Grandes Contribuyentes y el incremento del gasto máximo deducible del Impuesto Sobre la Renta (IR) de los trabajadores, son las principales modificaciones fiscales que entran en vigencia este año. Con ello se concluirá el proceso de implementación de la Ley de Concertación Tributaria y la reforma paramétrica al Seguro Social.
Este mes entró en vigencia el último incremento al aporte de las empresas a la Seguridad Social. A partir de este año la tasa de la patronal será del 19 por ciento del salario de los trabajadores asegurados, tres puntos porcentuales más que en 2013. El ajuste de este año es de 0.5 puntos.
Con este incremento se finiquita el paquete de ajustes que la empresa privada y el Gobierno pactaron a finales de 2013 en una reforma paramétrica al reglamento de la ley creadora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en un intento por salvar las cada vez más deterioradas finanzas de este instituto.
Manuel Israel Ruiz, especialista en temas de Seguridad Social, sostiene que este aumento en la tasa de la patronal será el último remanente de “oxígeno” que recibirá el INSS, cuyos ingresos adicionales seguirán siendo insuficientes para garantizar su existencia.
Esta situación de la Seguridad Social, según Ruiz, supone para el país un gran desafío este año, por lo que instó a asentar las bases para abordar de manera integral e incluyente esta problemática, que afecta a trabajadores, empresas y pensionados.
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Las proyecciones del Gobierno apuntan a que dos años después de finalizado el proceso del aumento gradual de la tasa de la patronal (un punto en 2014 y 2015, y medio punto en 2016 y 2017) se estaría generando un ingreso adicional por 4,229 millones de córdobas.
Ruiz cree que si no se comienza a abrir un debate sobre la grave situación financiera de la Seguridad Social, en 2018 se verá una mayor presión financiera que acelerarían la quiebra de esta institución. Recuerda que son cinco grandes problemas los que requieren una respuesta, entre los que destacan el control de los gastos administrativos, la rentabilidad de las inversiones, el gasto de las pensiones reducidas, la informalidad laboral y desvincular la pensión mínima del salario mínimo industrial.
Se prevé que el INSS cierre por cuarto año consecutivo en déficit, el que superaría los mil millones de córdobas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha insistido en que se piense sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social más a largo plazo.
Más ajustes fiscales
Otro de los ajustes que entrará en vigencia es el aumento en la renta bruta anual mínima que se requiere para ser considerado Gran Contribuyente ante la Dirección General de Ingresos (DGI).
A partir del 17 de enero, según una disposición administrativa publicada en La Gaceta el pasado 19 de diciembre, se clasificará como Gran Contribuyente a personas naturales o jurídicas con renta bruta anual, igual o mayor a 160 millones de córdobas. Antes de esto el monto requerido era de 60 millones de córdobas anuales.
El abogado Silvio Iván Bendaña afirma que posiblemente esta disposición sea derogada. “Se van a hacer negociaciones con el Gobierno para que se revoque esa disposición administrativa, esa suma que ha fijado la DGI sin hacer estudios, no se sabe que hayan hecho estudios, lo más probable es que no se hayan hecho estudios”, afirmó.
Todo apunta a que —según Bendaña—, la suma de 160 millones de córdobas se reduzca, tomando en cuenta que son pocas las empresas que sobrepasan esa renta bruta anual.
En la conferencia de cierre de año el pasado 21 de diciembre, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, admitió que el cambio del monto requerido para los Grandes Contribuyentes era “comprensible”, pero que analizarían el impacto del mismo. En esa ocasión, varios presidentes de cámaras se mostraron sorprendidos por la disposición repentina de la DGI que afecta al año fiscal 2016, que deberá ser declarado y pagado antes del 31 de marzo.
¿Más prórroga?
Para el 30 de junio de este año, por otra parte, está previsto que entre en vigencia la regulación de los Precios de Transferencia, después de haber sido prorrogado mediante una reforma a la Ley de Concertación Tributaria, Ley 822.
Dicha reforma modificó el artículo 303. “Las disposiciones contenidas en el Capítulo V, del Título 1 de la presente Ley, referida a precios de transferencia, serán aplicables a partir del 30 de junio de 2017”, se lee en la reforma publicada en La Gaceta el 17 de diciembre de 2015.
En este sentido, Bendaña también cree que habrá una segunda prórroga porque ni el Gobierno ni las empresas están preparadas para poner en marcha este marco regulatorio que además de costoso, es complejo.
“El Gobierno no está preparado porque debe contar con un banco de estadísticas sobre Precios de Transferencia que no lo tiene. Tampoco están preparadas las empresas porque tienen que preparar un contrato o un acuerdo sobre Precios de Transferencia con el Gobierno”, explica. “Las empresas tienen que hacer estudios y la mayoría no los ha hecho. Entonces hay esos dos grandes inconvenientes para que se pueda aplicar”, enfatizó.
Bendaña explica que en el caso del Gobierno, este requiere el banco de información como respaldo para poder “aplicar los diferentes métodos de revisión de los Precios de Transferencia”.
A su vez Bendaña recuerda que la mayoría de los países de América Latina, como México, han tenido dificultades para implementar esta regulación “porque hay vacíos en cuanto a estadísticas, aunque haya normas fabulosas o normas bien preparadas o redactadas, pero la práctica indica que no es tan fácil implementar los Precios de Transferencia”.
La fiscalización de los precios de transferencia afectará principalmente las operaciones de las multinacionales que están en Nicaragua, porque el Fisco a través de diversos métodos de control comprobará que los precios de las transacciones de estas estén acordes al mercado y no “alterados” en colusión con sus casas matrices para evadir o reducirse el pago de impuestos en Nicaragua.
A través de esta sobrestimación de las transacciones o costos, las empresas de este tipo transfieren sus ganancias generadas en el país hacia sus pares donde la carga tributaria sea menor o nula, y en Nicaragua reportarían pérdidas o ganancias muy inferiores, por tanto el Fisco no recaudaría lo justo.
Sube monto máximo deducible
La Ley de Concertación Tributaria (LCT) puesta en marcha en 2013 concluirá este año su proceso de implementación con el aumento en el techo máximo deducible en el IR por gastos en educación, salud y contratación de servicios profesionales.
En el inciso 1 del artículo 21 de la Ley de Concertación Tributaria se estableció: “A partir del año 2014 inclusive, se permitirá una deducción soportada con facturas o recibos, equivalente al 25 por ciento de gastos en educación, salud y contratación de servicios profesionales, hasta por un monto máximo incremental de cinco mil córdobas por año…” hasta 2017.
En 2014 la DGI debía aplicar deducciones sobre la suma de gastos por 5,000 córdobas y para 2017 este monto por gastos se incrementaría a 20,000 córdobas, según se explica en la LCT disponible en la página electrónica de la DGI.
Pese a que dicha ley tributaria ha sufrido ligeras modificaciones desde su aprobación en 2012, el Gobierno mantiene vigente este artículo relacionado con los gastos deducibles al IR.
Renuncian a derecho
El abogado Silvio Iván Bendaña admitió que pese a que los trabajadores por ley gozan del derecho de deducirse del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) algunos gastos, estos han decidido renunciar a ese beneficio debido a lo “engorroso” que implica hacer uso de este derecho.
“La mayoría de las personas que tienen ese derecho de deducirse esos gastos, tiene que conseguir una documentación interminable: todos los gastos que pagó al médico, todos los gastos a un abogado, y entonces todo mundo ha renunciado a ese beneficio. La gente ha renunciado porque se tiene que ir a conseguir cientos de facturas y después la DGI va a ir a fiscalizar y después no me va a reconocer gastos y además el beneficio es muy poco, muy escaso”, afirmó.