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Impuestos

El presidente inconstitucional de Nicaragua y su homólogo venezolano Nicolás Maduro. La cooperación venezolana también ha sufrido una drástica reducción. LAPRENSA/Archivo

Aumento de los impuestos de los nicaragüenses salvan al Gobierno del declive

En su informe anual crediticio, Moody’s señala que el Gobierno ha podido enfrentar el declive de la cooperación de Venezuela por mejores ingresos fiscales.

Este año concluyó el proceso de implementación de la Ley de Concertación Tributaria que se negoció en 2012 y se puso en marcha en 2013. El remanente recaudatorio que se ha obtenido de ese ajuste fiscal ha servido en parte para salvar algunos de los proyectos que antes eran financiados con la cooperación de Venezuela, cuyos fondos, desde su origen en 2007, han sido manejados sin fiscalización.

La mayoría de estos proyectos que se habían financiado con la cooperación venezolana, como el Usura Cero, el bono salarial a los trabajadores del Estado, el Programa Hambre Cero, subsidio eléctrico y transporte, entre otros, eran utilizados por el Gobierno como instrumentos para comprar lealtades políticas, según ha denunciado la oposición en reiteradas ocasiones. Además distintos estudios de pobreza han demostrado que debido a la baja cobertura de estos, su impacto en la reducción de la pobreza ha sido escaso.

El Análisis Anual de Crédito de Nicaragua, publicado por Moody’s Investors Service en noviembre pasado, recoge que como resultado de estos ajustes en el sistema tributario el Gobierno logró crear “el espacio fiscal necesario para absorber una parte de los programas de Petrocaribe, sin aumentar significativamente el déficit fiscal”.

“Las medidas administrativas para mejorar la recaudación de impuestos, en particular sobre el impuesto sobre la renta, junto con un fuerte crecimiento económico, han permitido al Gobierno acomodar los aumentos de los gastos (de estos proyectos que antes financiaba Petrocaribe) sin que esto se traduzca en un fuerte aumento del déficit fiscal y de la deuda de la administración central”, precisa.

Y muestra de esa mejora fiscal es que “como resultado de una reforma del Impuesto sobre la Renta implementada en años anteriores, el Gobierno espera aumentar la recaudación de impuestos de 16.8 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) en 2015 a 17.4 por ciento en 2016”.

En 2012 el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) negoció con el Gobierno la Ley de Concertación Tributaria, que permitirían al erario público casi duplicar, en términos nominales, su recaudación en cuatro años (entre 2013-2016).

Comparado con 2012, es decir, antes de la puesta en vigencia de la LCT, los ingresos tributarios pasaron de 37,221.7 millones de córdobas a 54,206.1 millones de córdobas en 2015, según datos del Banco Central de Nicaragua.

Hasta octubre del año pasado la recaudación tributaria asciende a 51,875.5 millones de córdobas y la proyección para este año es que se eleve a 67,902 millones de córdobas, según el Presupuesto General de la República 2017, disponible en el portal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Y aunque inicialmente el Gobierno había prometido reducir gradualmente la carga del Impuesto sobre la Renta a los trabajadores y reducir las exoneraciones y exenciones, luego se hicieron reformas y se le quitó discretamente el beneficio a los trabajadores y los empresarios lograron eliminar los candados que se habían impuesto en la obtención de los incentivos fiscales.

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El dinamismo en los ingresos tributarios ha estado impulsado por el Impuesto sobre la Renta (IR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que recae principalmente en los trabajadores y consumidores.

Proyectos al presupuesto 

¿Cómo ha logrado el Gobierno usar parte de los impuestos de los nicaragüenses para salvar algunos de sus proyectos antes financiados con la cooperación de Venezuela?

Esta mejora en el espacio fiscal, según el análisis de Moody’s, ha favorecido para que el Gobierno incorpore varios proyectos que eran financiados por la cooperación de Venezuela al Presupuesto General de la República, cuyo financiamiento depende en gran medida de los impuestos.

“Los gastos sociales y de infraestructura que se financiaron previamente con préstamos de Petrocaribe se han reducido o incorporado al balance del Gobierno (presupuesto) con un impacto moderado en el déficit fiscal”, enfatiza la calificadora de riesgo en su informe.

Y esto es precisamente lo que ha ayudado al Gobierno a reducir su vulnerabilidad ante el impacto que tendría en las finanzas públicas la caída drástica de la cooperación venezolana.

Moody’s recuerda que desde la caída del precio del petróleo los préstamos disponibles a Nicaragua provenientes de la cooperación de Venezuela “han disminuido sustancialmente (37 por ciento menos en 2015 versus 2014 y un 46 por ciento menos respecto a 2013)”.

“A pesar de la disminución de los recursos disponibles para el gasto público y la inversión, el impacto en la economía de los préstamos menos concesionarios de Venezuela ha sido manejable tanto en términos de impacto económico y fiscal”, resalta.

No es deuda pública

Pese a las dudas que ha generado si la cooperación, que se ha manejado al margen del Presupuesto General de la República, puede convertirse en deuda pública, en el informe la calificadora considera que “los préstamos venezolanos no se clasifican como deuda pública, porque una cooperativa del sector privado administra los fondos. Debido a esto, los números de la deuda del Gobierno central no incorporan los 3,070 millones de dólares (27 por ciento del PIB) de la deuda pendiente con Venezuela”.

“Si se redujera el apoyo relacionado con Petrocaribe, el Gobierno de Nicaragua tendría que encontrar una forma alternativa de financiar el balance fuera de balance gastos públicos y/o reducir el tamaño de los gastos financiados por los préstamos de Petrocaribe”, reitera.

Hay retos

En su balance, la calificadora Moody’s Investors Service señala que si bien el Gobierno ha logrado aminorar el impacto de la reducción de la cooperación venezolana en sus finanzas públicas, “seguirá siendo un reto encaminar mejor los gastos ahora que los recursos serán permanentemente más bajos”.

“El Gobierno podría hacer eso mediante la racionalización de los subsidios, la reducción de las exenciones fiscales y/o la reducción de las inversiones de capital vinculadas a los recursos de Petrocaribe”, destaca.

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Otra alternativa que tiene el Gobierno para hacer frente a la reducción de la cooperación petrolera es intentar conseguir financiamiento con las multilaterales. “Su capacidad para hacerlo ha mejorado desde su ‘transición’ en 2015 dentro del programa IDA del Banco Mundial en una nueva categoría de país receptor (de IDA-Only a IDA-Gap)”, menciona.

Moody’s destaca que la reducción del vínculo de Nicaragua con Venezuela en materia petrolera es positiva, al recordar que dicho país “está sufriendo grandes turbulencias económicas y políticas”.

Deuda es un riesgo

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en un análisis reciente advirtió del riesgo para las finanzas públicas de que la deuda contraída con Venezuela pueda convertirse en un compromiso del Estado, tomando en cuenta que en el negocio participa la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic), como accionaria en la Empresa Alba de Nicaragua (Albanisa), donde también está Petróleos de Venezuela (PDVSA). Señala que en caso de que el Estado asuma esa deuda, “pondría a Nicaragua nuevamente ante una situación de dificultades fiscales como las observadas antes de pertenecer a la iniciativa HIPC”, por lo que urge saber cuál es la situación real de la deuda contraída por Petronic.

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del Producto Interno Bruto era el impacto recaudatorio esperado por el Gobierno con la Ley de Concertación Tributaria en los siguientes cuatros años tras su puesta en vigencia en 2013.

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