Defensa de los derechos democráticos

Con frecuencia se acusa a los políticos opositores de Nicaragua, de que no son capaces —o no tienen voluntad—de movilizar a los ciudadanos en marchas y protestas callejeras para defender la libertad y la democracia.

Masacre 22 enero

Con frecuencia se acusa a los políticos opositores de Nicaragua, de que no son capaces —o no tienen voluntad—de movilizar a los ciudadanos en marchas y protestas callejeras para defender la libertad y la democracia.

Pero también —y de acuerdo con el principio de la responsabilidad personal— se critica a los ciudadanos por mostrarse indiferentes ante la violación de las libertades civiles por parte del poder político y falta de valor cívico para defenderlas.

En principio, los ciudadanos no deberían tener por qué salir a las calles a defender y reclamar las libertades y los derechos que les pertenecen por el solo hecho de ser personas humanas y formar parte de la ciudadanía.

En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se dijo con sabiduría que son “verdades evidentes que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados”.

Esta es una verdad incuestionable. Por eso este documento, junto con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituyen la base de principios y normativa de la convivencia pacífica, de la civilización y la cultura a la cual también pertenecen los nicaragüenses.

La Constitución de Nicaragua reconoce esas libertades y derechos en su parte declarativa y de principios fundamentales, y establece la obligación de los gobernantes de respetarlos, de velar por su integridad y garantizar su ejercicio, de gobernar de conformidad con ellos sin necesidad de que nadie se los exija o pida, porque tal es su obligación primordial.

Sin embargo, en la realidad y en muchas partes del mundo no siempre ha ocurrido ni ocurre así. En Nicaragua actualmente  una familia y una organización  política de gente sin escrúpulos  usurpan el poder y lo ejercen en contra de las normas democráticas, atropellando el principal patrimonio espiritual y moral de los nicaragüenses que son sus libertades civiles, sus derechos democráticos y su dignidad humana.

Por eso es que en el mismo documento fundacional de los Estados Unidos que hemos citado, se advierte  “que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”.

O sea que si las libertades civiles no son respetadas por el solo hecho de que constituyen derecho natural de las personas, cuando los gobernantes imponen la tiranía la gente tiene también el derecho —más aún, la obligación— de movilizarse y luchar para hacerlos respetar.

Los nicaragüenses ya se han movilizado antes por ese motivo y han sacado del poder a sus opresores. Y sin duda de que tarde o temprano de nuevo se volverán a movilizar.

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