La situación que enfrentan las comunidades del territorio Prinzu Auhya Un, en el Caribe Norte, es el reflejo de la violencia a la que está sometida la población indígena y afrodescendiente en el Caribe del país, por la invasión de colonos, aseguró María Luisa Acosta, directora del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (Calpi). “Todo el Caribe está sometido a la invasión de colonos armados con armas de guerra ante la indolencia estatal”, criticó Acosta.
Mientras tanto, el Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte reaccionó al conflicto de tierras que ya cobró la vida de dos colonos, un herido y cinco retenidos, en comunidades de Prinzu Auhya Un.
El Gobierno Regional señala en una página que tiene en internet, que personas ajenas al territorio indígena han vendido tierras, lo que ha provocado el conflicto. Según la publicación de esa instancia regional del Caribe Norte, “se trata del señor Debor Gómez y compañía, quienes son originarios de Wasakin, sede del Gobierno Territorial Tuahka”, vecino al territorio Prinzu Auhya Un.
María Antonia Mendoza Ordóñez —esposa de Daniel Ochoa Rostrán (35), desaparecido desde hace ocho días en la comarca El Danto—, dijo a LA PRENSA que su esposo había comprado en esa zona del conflicto unas 600 hectáreas de tierras a Debor Gómez y una junta directiva.
“Yo sí le puedo asegurar que mi esposo le mandó a Managua en una ocasión dos mil córdobas porque estaba sin dinero, y luego le dio 10 mil córdobas en efectivo; no sé cuánto más le haya pagado a ese señor que él es el que le vendió esas tierras a mi esposo”, comentó Mendoza.
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La directora de Calpi expuso que la problemática que enfrentan los indígenas se observa más en el Caribe Norte, porque la población miskita es mayor y ha resistido defendiendo sus territorios. Mientras en el sur, por ser menos numerosas, las poblaciones indígenas o afrodescendientes se apartan y se repliegan cuando les invaden los colonos.
“Cómo te imaginas que los ramas que tienen medio millón de hectáreas, la mayoría vivan en Ramakí, una islita de dos kilómetros, porque ellos se repliegan ante la violencia de los colonos”, explicó Acosta.
La defensora de los indígenas señaló que el Estado está obligado a investigar estos hechos de violencia, sobre todo porque el conflicto de los territorios indígenas es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
“El Estado de Nicaragua actualmente ha fallado a su obligación de proteger la vida y la integridad de los indígenas, especialmente de los miskitos. Ha faltado a su obligación de investigar de dónde vienen las armas, de dónde viene esa gente… y de los vínculos que según los líderes indígenas en la Costa Caribe han dicho que hay entre estos y el Ejército y alcaldes sandinistas en las áreas donde se han introducido”, sostuvo Acosta.
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Cenidh hará gestiones
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, anunció que buscarán gestionar con el cardenal Leopoldo Brenes, para que dentro del contexto del diálogo que él está llamando incluya la situación de impunidad en que han quedado las muertes de los indígenas.
Núñez también llamó a los comunitarios a entregar a los colonos retenidos y a los diferentes sectores del Pacífico a que se pronuncien con acciones concretas, en contra de la violencia que sufren las comunidades indígenas.
El Cenidh también informará a la CIDH, a la Corte-IDH y en particular al secretario general de la OEA, Luis Almagro.