Julio Icaza: “Medidas cosméticas llevarían a un fracaso”

Exembajador Julio Icaza plantea los posibles escenarios tras el fin del diálogo de Ortega con la OEA.

Julio Icaza

Julio Icaza Gallard, ex embajador y ex representante de Nicaragua ante las Naciones Unidas, ONU. Foto/Roberto Fonseca/LA PRENSA.

¿Qué se puede esperar después de las conversaciones entre el Gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA)? El exdiplomático Julio Icaza Gallard consideró que después de hoy, que se cumple el plazo de 90 días del proceso de conversaciones entre la OEA y el Gobierno de Nicaragua, según el acuerdo firmado el pasado 15 de octubre, habrá que esperar qué concesiones hará el régimen de Daniel Ortega ante las presiones de este organismo multilateral que exige el respeto del Estado de derecho y la democracia.

Icaza Gallard nació en León, donde vivió hasta los 18 años. Hizo sus estudios en Valencia, España, y regresó a vivir en Managua. Es abogado y consultor jurídico internacional. Fue embajador, representante alterno de Nicaragua ante las Naciones Unidas de 1983 a 1989.

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¿Cuál es la importancia de la OEA?

A raíz de la suspensión de Cuba en 1962 y la crisis dominicana en 1965, que desembocó en la intervención militar norteamericana a ese país, en aplicación del TIAR, la OEA sufrió un enorme desprestigio. Fidel Castro la llamó “ministerio de colonias” de los EE.UU.

Lo que predominaba en el continente eran las dictaduras militares apoyadas por Washington, en el marco de la Guerra Fría, la doctrina de Seguridad Nacional y el combate al comunismo. El final de la Guerra Fría, cuyo último capítulo tuvo lugar en el sangriento conflicto centroamericano de los años 80, y el avance de la democracia permitieron que la OEA saliera del letargo y empezara a jugar un papel activo en la solución de las crisis y problemas de la región.

Desafortunadamente, esta acción en favor de la paz, la democracia y el desarrollo que desplegó la organización en la última década del siglo XX y la primera del XXI se suspendió por la emergencia del populismo en varios países de América, apoyado por los petrodólares de (Hugo) Chávez.

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Hubo intentos de instrumentalizarla o neutralizarla. Se creó la Celac como un componente de esa estrategia y se buscó dinamitar el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, una estrategia que afortunadamente fracasó. La crisis terminal que vive el llamado Socialismo del siglo XXI ha generado nuevamente un espacio para que la OEA retome su papel en favor de la democracia y la paz en el continente. Como sucede en todas las organizaciones internacionales, mucho depende de la voluntad política de sus miembros.

¿Qué escenarios se pueden esperar de parte del Gobierno de Daniel Ortega con la presión que está ejerciendo la OEA con la firma del acuerdo del 15 de octubre?

Los escenarios están previstos en el mismo acuerdo, cuando afirma en su última cláusula que transcurridos tres meses de conversaciones e intercambio constructivo se presentará un informe, que podrá ser conjunto o por separado, según exista o no acuerdo.

Para Ortega, este acuerdo ha servido para ganar tiempo y tratar de legitimar la farsa electoral del pasado 6 de noviembre. Para el secretario Almagro, es una oportunidad para recuperar la credibilidad de la OEA y demostrar su eficacia en la solución de los problemas del continente.

Detrás del telón está la iniciativa de Ley “Nica Act” y la incertidumbre generada por los resultados electorales en el principal contribuyente de la organización. El proceso de conversaciones podría alargarse, más allá del plazo de tres meses claramente establecido en el acuerdo, pero a condición de que Ortega anuncie algunos compromisos o medidas concretas.

Habrá que ver cuál es el alcance de esos compromisos y evaluarlos, si los hay. Hasta ahora el proceso se ha mantenido en las manos del secretario, pero esos informes deben pasar al Consejo Permanente, que es el órgano político que toma las decisiones.

¿Qué le han parecido las señales que ha dado la OEA?

El acuerdo se firma el 15 de octubre de 2016, como consecuencia de un informe del secretario sobre —y cito del acuerdo— “los temas relacionados con el proceso político electoral nicaragüense y la ponderación de los mismos”, que fue presentado al Gobierno el 14 del mismo mes. Un informe que solamente han visto las partes firmantes del acuerdo y que hasta hoy se ha mantenido en secreto.

El principio de publicidad que rige la actuación de los órganos de la OEA debe respetarse y ese informe debe hacerse público. El secretario general no puede ser cómplice de procesos electorales profundamente viciados, como el que tuvo lugar en noviembre pasado. Después de su compromiso público con la defensa de la democracia, ratificado en un reciente artículo publicado en el diario (español) El País, lo que está en juego es su credibilidad y de la organización que representa. Lo que se le exige es simplemente ser fiel a la verdad y a los principios que dice defender.

¿Cree que fue un reconocimiento el hecho de que el secretario general llamó el 2 de diciembre pasado a Ortega y a su esposa “presidente y vicepresidenta electos”?

Entre las funciones que la Carta de la OEA asigna al secretario general no está la de reconocer o desconocer gobiernos. Por otra parte, a consecuencia de los abusos que históricamente se cometieron con la figura del reconocimiento diplomático, se ha ido extendiendo en América Latina la conocida como “Doctrina Estrada”, que reconoce a los gobiernos de hecho, sin entrar a consideraciones jurídicas de carácter interno.

¿Ha cambiado algo la realidad del país? Desde que se anunció el diálogo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó Managua, pasaron las votaciones y Ortega asumió otro período.

La fase que ha exigido sigilo termina este 15 de enero y algo habrá que decir después de esta fecha. Me da la impresión de que este proceso de conversaciones e intercambio constructivo ha generado muchas expectativas, a veces exageradas. Hasta hoy, como usted dice, nada ha cambiado para el pueblo nicaragüense. Pero tampoco podemos pedirle al señor Almagro lo que no está en sus manos decidir. Quien tiene la máxima responsabilidad y la obligación de responder es Ortega, con medidas inmediatas, en el marco de un programa integral de recuperación de la democracia, y la apertura de un verdadero diálogo nacional para buscar una salida a la grave crisis de legitimidad

¿Qué podría pasar si el informe es conjunto o si se presenta por separado?

Un informe por separado significaría el fracaso de las conversaciones y ninguna de las partes en el acuerdo del 15 de octubre está interesada en eso. De manera que habrá un informe conjunto, pero depende de los compromisos y medidas que en él se anuncien el que este proceso se mantenga y conlleve a soluciones verdaderas y justas, respetuosas de las obligaciones establecidas en la Carta de la OEA —la Carta Democrática— y el Pacto de San José sobre derechos humanos. Anunciar medidas cosméticas, de gatopardo, sin compromisos serios, llevaría en última instancia también al fracaso.

Ortega es un experto en este tipo de truculencias. Ya vimos cómo durante la visita de Almagro arrojó el caramelo de un acompañamiento de la OEA en las elecciones municipales, que en las circunstancias imperantes no significaría más que un aval a un nuevo fraude.

No hay que olvidar que la solución, en última instancia, no se encuentra en lo que Almagro y Ortega puedan o no acordar. El problema es nuestro, de todos y cada uno de los nicaragüenses. Tenemos que elevar nuestra conciencia histórica y responsabilizarnos de nuestro destino, optando por las soluciones de fondo, correctas.

Y aquí hay que tener cuidado con las tentaciones pragmáticas, que ignoran el respeto a los principios: los parches y componendas de cúpulas han demostrado históricamente no ser la verdadera solución a nuestros problemas.

¿Qué cree que es lo peor que Ortega ha hecho durante sus 10 años de mandato?

Sin duda alguna lo peor ha sido la demolición sistemática de la democracia y el Estado de Derecho. Se trata de un daño profundo y de consecuencias nefastas, que siempre toma muchísimos años recuperar, una vez superada la dictadura.

El daño que producen las tiranías es, fundamentalmente, de carácter moral. Son ya expresión de una descomposición y desintegración moral y social, que profundizan y buscan perpetuar. La corrupción, como estamos viendo, se extiende por todo el tejido social.

¿Y qué es lo peor de lo actuado por la primera dama Rosario Murillo?

La responsabilidad fundamental siempre ha sido de Ortega y lo seguirá siendo mientras viva.
Rosario Murillo lo que ha hecho es aprovechar el vacío dejado por un partido político —el FSLN— que desapareció de la historia y ha sido sustituido por una camarilla mafiosa y una especie de secta pseudorreligiosa, dedicada a buscar la sumisión de masas de jóvenes a base de diversiones y dietas. El daño que se está haciendo a la juventud es tremendo.

¿Las acciones de Ortega y de su esposa tienen que ser vistas por separado o conjuntas?

La salida al problema de la sucesión por la que se ha optado es claramente la dictadura dinástica. Quien recibió a Maduro oficialmente en el aeropuerto fue uno de los hijos de Ortega, sin tener ningún cargo para desempeñar tales funciones y ante un canciller que pareciera que duerme o no existe.

La vicepresidencia de Rosario Murillo no es más que la formalización de un poder cuasi omnímodo que ella ha venido ejerciendo. Todo responde a consolidar un poder familiar, cuya magnitud y profundidad no tiene precedentes en la historia de Nicaragua.

¿Por qué cree que la historia política de Nicaragua está marcada por la mediación de la OEA? ¿No podemos resolver por sí solos los problemas del país?

Hemos demostrado a lo largo de nuestra historia incapacidad de resolver entre nosotros nuestros problemas.
La pasión por el poder ha enceguecido a muchos de nuestros líderes políticos, lo que ha degenerado las numerosas guerras civiles que marcan nuestra historia. Lamentablemente esos líderes han buscado el apoyo de alguna gran potencia para acabar con el contendiente, lo que ha complicado más las cosas y puesto en grave peligro nuestra soberanía e independencia como nación. De manera que la OEA ha sido parte de nuestra historia y seguirá siéndolo.

¿Le falta garras o qué?

Entre 2007-2011, Julio Icaza Gallard, junto a otros miembros de la sociedad civil, denunciaron ante el entonces secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, las violaciones a la Constitución del gobierno de Daniel Ortega, pero la respuesta que recibieron es que no se podía hacer nada mientras no hubiera una invitación oficial para intervenir, lo que hizo creer que a la normativa de la OEA le faltaban “garras”. “Es claro que el secretario (general) no puede tomar una iniciativa que no cuenta con el respaldo de una mayoría de países miembros”, dice.

Históricas intervenciones

Las intervenciones de la OEA en los problemas de Nicaragua son de vieja data, recuerda Julio Icaza.

En 1948 se aplicó por primera vez el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con ocasión de un conflicto entre Nicaragua y Costa Rica, que se aplacó y volvió a enconarse en 1955.

El TIAR se aplicó nuevamente en 1957, por problemas con Honduras, y en 1959, una vez más por problemas con Costa Rica.

Más conocida es la actuación fracasada de la OEA en 1978, tratando de encontrar una salida pacífica a la dictadura de Somoza. Como consecuencia de los Acuerdos de Esquipulas se creó la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV), que jugó un papel importante en la desmovilización de la Resistencia Nicaragüense.

A partir de 1990 la OEA ha estado presente con misiones de observación en los procesos electorales, con excepción del último en 2016.

En 2005, el entonces secretario general medió en el conflicto entre poderes, a solicitud del presidente Enrique Bolaños.

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