El listado de pendientes en materia de derechos humanos en el país, para el presente año, es amplio y diverso. Los abogados Ramón Eugenio Rodríguez y Uriel Pineda, especialistas en derechos humanos, resaltan entre otros la impunidad de la represión, la falta de aplicación de la Ley de Servicio Civil, el secuestro de la libertad de expresión, acatar las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de comunidades indígenas en el Caribe Norte.
Igualmente el cumplimiento de las órdenes de libertad emitidas por las autoridades judiciales por parte de las penitenciarías.
No obstante, ambos consideran punto clave pendiente el ejercicio verdadero del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Rodríguez señala que el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos no deben ser una preocupación únicamente del gobierno o del Estado.
Pineda por su parte apunta, que “en Nicaragua se ha eliminado paulatinamente la libertad de expresión, este derecho implica la posibilidad material de buscar, recibir y difundir información sin temor a represalias. Las dependencias públicas no brindan información, excluyen a los medios de comunicación que no son aliados del régimen”.
El combate a la pobreza y pobreza extrema con enfoque de derechos humanos, también es otro tema que menciona Rodríguez, que plantea con la creación de fuentes de empleos dignos. Pineda recordó la indefensión de los trabajadores del Estado a que son obligados a participar en actividades político partidarias a cambio de un puesto de trabajo.
Otros pendientes
Ramón Eugenio Rodríguez menciona que el gobierno debe cumplir con la sentencia en el caso Yatama, dictada desde junio de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deja pendiente la reforma de la Constitución Política y la Ley Electoral. Igualmente el gobierno debe responder ante la crisis humanitaria de migrantes extranjeros que usan como tránsito el territorio nacional. También señala la prevención y sanción de la violencia contra las niñas y mujeres, incluyendo la violencia institucional “que campea en el país”.
A su vez, la derogación de la Ley 840, (Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas), “por todas las consecuencias funestas que tiene su vigencia y aplicación, para los pueblos indígenas, campesinos y de