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El presidente designado por el CSE, Daniel Ortega, junto al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. LA PRENSA/ARCHIVO

Expectativas por informe de la OEA y el Gobierno

El ex vicecanciller José Pallais Arana explicó que el término del plazo de tres meses para entregar un informe conjunto o por separado del diálogo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno, podría extenderse hasta el 20 de enero.

El ex vicecanciller José Pallais Arana explicó que el término del plazo de tres meses para entregar un informe conjunto o por separado del diálogo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno, podría extenderse hasta el 20 de enero.

Pallais valoró que aunque el acuerdo fue firmado el 15 de octubre, se dio a conocer cinco días después, por lo que cree que a partir de esa fecha se comenzaron a contar los tres meses establecidos en el acuerdo de conversaciones entre la OEA y el gobierno dirigido por Daniel Ortega.

Aun así, Pallais no duda de que deben existir “dificultades en ponerse de acuerdo” para consensuar un informe que debería de contemplar concesiones de parte de Ortega, que garanticen futuros procesos electorales verdaderamente democráticos.

Lea también: ¿Y el informe de la OEA y el Gobierno?

Compromisos del acuerdo

El punto 5 del acuerdo firmado entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el delegado de Nicaragua ante ese organismo, Denis Moncada Colindres, establece que “las partes se comprometen en apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, de acuerdo con los compromisos del Estado de Nicaragua, con los instrumentos normativos del Sistema Interamericano y su ordenamiento jurídico interno”, en alusión a la Carta Democrática Interamericana.

El proceso de diálogo surgió a raíz de un informe electoral que entregó la OEA al Gobierno de Nicaragua el 14 de octubre. Al día siguiente se firmó el acuerdo, sin que hasta ahora se conozca el contenido del documento presentado a Ortega a menos de un mes de las elecciones generales del año pasado.

El acercamiento de Ortega a la OEA también se atribuye a partir de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la iniciativa de ley que condicionaría los préstamos de organismos internacionales a Nicaragua, mejor conocida como “Nica Act”, que es una forma de sanción al gobierno de Ortega por las violaciones a los derechos humanos y la falta de transparencia electoral en los últimos comicios.

Lea: La OEA y su paso en la historia política de Nicaragua

A partir de las elecciones municipales de 2008, organismos electorales nacionales e internacionales, han señalado un retroceso en los procesos democráticos del país, por la evidencia de fraude electoral; mientras que las últimas votaciones del 6 de noviembre pasado fueron calificadas de farsa electoral, debido a que se excluyó a la principal fuerza política opositora, no se invitó a los organismos internacionales que tradicionalmente observaban las elecciones en Nicaragua y la estructura electoral está controlada por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que dirige Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

El punto 6 del informe es el que establece que “el Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General (de la OEA) presentarán un informe conjunto en tres meses. De no existir acuerdo para la presentación del informe cada parte presentará su propio informe”.

Aunque Pallais no se atreve a pronosticar el resultado del proceso de diálogo que ayer cumplió 90 días, cree que si se llega a presentar un informe conjunto –según Pallais es lo “normal” en las negociaciones de la OEA–, el documento “incorporaría señalamientos de la falta de democracia en Nicaragua, pero también incluiría algunos propósitos para que el gobierno de Ortega emprenda un proceso de fortalecimiento institucional”.

El opositor Óscar Sobalvarro, miembro de la organización política Ciudadanos por la Libertad (CxL), consideró que lo ideal sería la presentación de un informe conjunto con el que Ortega esté obligado a cumplir con las condiciones que garanticen elecciones libres y justas.

Opositores exigen reformas profundas

La principal exigencia de los opositores es una reforma electoral profunda, debido a que el Consejo Supremo Electoral (CSE) es controlado por militantes del FSLN y la Ley Electoral (331) establece un sistema bipartidista.

El exdiputado Eliseo Núñez Morales expresó que el cambio total del poder electoral debe sentar las bases para la refundación de la nación, aunque está claro de que el régimen de Ortega “no cederá a sus objetivos de mantenerse en el poder a cualquier costo”.

Como parte del acuerdo, el secretario general de la OEA visitó Nicaragua el 1 y 2 de diciembre pasado, para reunirse con los sectores políticos, sociales, religiosos y económicos del país.

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COMENTARIOS

  1. Tomatu Yukota
    Hace 7 años

    Hombre……pues se empieza a sentir un sentimiento que nos vamos a quedar “poñoñon”, como dicen en mi pueblo. Yo dudo que esos informes sean una varita magica. Ademas, ortega no va a ceder nada hasta no estar mas o menos claro por donde viene trump, quien toma el poder este 20. Si ve que se aleja el nica act, no se compromete, y si lo ve venir va a firmar me haras y cumplir jamas.

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